15 abril 2019 15 MIN de lectura Paula Noriega Pascual

¿Es capaz España de conseguir el desarrollo sostenible?

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han dejado de ser algo exclusivo de un grupo reducido de activistas; a día de hoy incumben a toda la sociedad. Gonzalo Fanjul, investigador, activista y colaborador de ‘El País’ o ‘Ethic’, defiende esta afirmación, al igual que otros periodistas especializados en pobreza y desarrollo. Sin embargo, es dudoso que la sociedad sea consciente del importante compromiso que implican los ODS.

Han pasado más de tres años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015, aprobase los ODS: 17 metas para lograr hacer frente a los retos globales antes de 2030. Desde entonces, poco a poco, el concepto de desarrollo sostenible ha ido evolucionando hacia aceptarse como algo que afecta a todos los países y a todos los ciudadanos. Los medios y las instituciones han ido incorporando referencias a este término en sus narrativas, al igual que los partidos políticos, por lo que se espera que este sea un elemento presente en la mayoría de los programas en la próxima campaña electoral. Sin embargo, la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía sobre las implicaciones del desarrollo sostenible es el principal obstáculo que dificulta el eficaz cumplimiento de los ODS antes de 2030. Las empresas como una de las formas básicas de organización de la ciudadanía, de desarrollo de iniciativas y de generación de riqueza económica e intelectual son uno de los vehículos esenciales a través del cual conseguir esta adherencia.

Diecisiete objetivos

Los ODS se aprobaron por la ONU en 2015, en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los 193 países que forman parte de la mayor organización supranacional del mundo se comprometieron a poner en marcha los mecanismos necesarios para la consecución de estas metas que pretenden solucionar los problemas más graves que afectan a la población mundial en la actualidad. De una simple lectura se deduce que los ODS son la formulación del marco conceptual y estratégico sobre el que los Estados deben trabajar como hoja de ruta para hacer frente a problemas globales derivados de nuestro modelo de vida actual. Hacen referencia a retos tan importantes y cotidianos como lo son, entre otros, las ‘fake-news’, la contaminación, la igualdad de género o la crisis de refugiados. Aún reconociendo que estas metas tienen un componente idealista o abstracto, la materialización, cuantificación y desarrollo por parte de las Naciones Unidas de las guías básicas e indispensables para conducir la estructuración de los mecanismos que nos permitan avanzar en un modelo de desarrollo sostenible es, sin duda, un paso adelante en su consecución.

Los ODS y la Agenda 2030 se han ido integrando progresivamente en el discurso de los medios y de las instituciones, pero el dato más preocupante es la falta de conocimiento y concienciación por la ciudadanía. Una gran parte de la población no es consciente de la existencia de los ODS, mientras que quienes los conocen no tienen claro su alcance o quién es el responsable de su cumplimiento. Lo grave de esta situación es que los ODS fueron concebidos para incluir a todos los países del planeta como actores necesarios, pero también a las organizaciones no lucrativas, a los ciudadanos, empresas, universidades y, en definitiva, a todo integrante de la sociedad civil. Por tanto, los ODS vinculan a todos y todo integrante de la sociedad está llamado a colaborar en su consecución.

Esta concepción de los ODS ha permitido avanzar en la articulación de un nuevo concepto de desarrollo sostenible. Con su formulación, las Naciones Unidas ponen sobre el papel que la globalización y los retos derivados de ella no entienden de fronteras, razas o sistemas políticos y económicos, y por tanto es necesario concebir un nuevo modelo de desarrollo en el que tenga sitio todo el mundo. Un cambio de perspectiva que permita tomar conciencia de que la sostenibilidad del planeta y de su población es una meta común, sino una obligación exclusiva de los poderes públicos. El concepto de desarrollo sostenible evoluciona así buscando mecanismos que permitan alcanzar la prosperidad social al mismo tiempo que se cuida y protege al planeta y a sus habitantes.

La Agenda 2030 en España

Aunque los ODS vinculan a todos los países miembros de las Naciones Unidas, no son jurídicamente obligatorios. Los Estados han de hacerlos propios adoptando marcos nacionales que estructuren su cumplimiento y el seguimiento de sus resultados, de los cuales tendrán que dar cuenta periódicamente ante los organismos de la ONU.

En España, el Alto Comisionado para la Agenda 2030 es el órgano encargado de alinear las políticas del gobierno con los ODS e impulsar alianzas entre los distintos actores públicos y privados. Creado en junio de 2018, su director general, Federico Buyolo, lo equipara con el ‘project manager’ o director de proyecto, muy frecuente en el mundo empresarial, por ser el encargado de impulsar un proyecto de forma transversal: coordinar e interrelacionar los ODS en las políticas del Estado. Pese a que muchos han recibido positivamente la creación del Alto Comisionado, situando el cumplimiento de los ODS al nivel de Presidencia y como punto común a las políticas de Estado, la falta de presupuesto propio y la dificultad en la coordinación de la multitud de agentes implicados, hacen que muchos sean los que cuestionan la relevancia y sobre todo, la eficacia, de este órgano.

Además del Alto Comisionado, numerosas empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones académicas e incluso administraciones públicas han hecho grandes avances en la integración de los ODS en su actividad. Ahora bien, los datos sobre la relación de la sociedad española con los ODS sugieren que aún queda mucho camino por recorrer. En las últimas dos encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se recoge un grado de conocimiento, del 10,8% y del 13,1% en enero y febrero de 2019, situando a los españoles muy lejos de los ODS.

El nuevo concepto del desarrollo sostenible también implica que las iniciativas políticas no pueden desarrollarse al margen de la sociedad civil, por lo que necesitamos dar con mecanismos apropiados que permitan insertar a los ODS como guía transversal e indispensable para el desarrollo y crecimiento de nuestra sociedad. La forma de que el desarrollo sostenible se integre en las conductas diarias de nuestro día a día es sin duda que los ciudadanos de a pie, no los gobiernos ni las instituciones, los adopten como propios. Y el sector privado tiene un papel clave en esta adherencia.

Los ODS y las empresas españolas

Las empresas tienen un papel fundamental en la sociedad, como agente indispensable para el desarrollo de la economía. Los ODS van dirigidos específicamente a la sociedad civil, y a día de hoy, es innegable que el desarrollo social, medioambiental, económico y cultural incluye inevitablemente al sector privado y a las empresas como parte necesaria y responsable de su consecución.

El último análisis ‘Comunicando el Progreso 2018’ de la Red Española del Pacto Mundial, señala que el 74% de las grandes empresas españolas toman medidas para avanzar en los ODS, mientras que el porcentaje se reduce hasta el 54% en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La importancia de esta diferencia es que, en España, las pymes emplean a más de un 65,9% de la población (Retrato de la pyme 2018, Directorio Central de Empresas). El hecho de que el tejido empresarial que emplea a la mayor parte de españoles se sienta totalmente descolgado del cumplimiento de la Agenda 2030 dificulta su consecución y la eficacia de las iniciativas que se adopten desde los poderes públicos.

Sin embargo, no todo son datos negativos. En España, han surgido en los últimos años múltiples casos de emprendedores sociales, pequeños empresarios que deciden implementar nuevos modelos de negocio enfocados, conscientemente o no, a la consecución de muchos de los ODS. Según Ashoka, el referente mundial en innovación social, los emprendimientos sociales son proyectos que tienen “la capacidad de generar cambios sistémicos, cuyas soluciones se anticipen a los retos del futuro a la vez que solucionan problemas del presente”. La viabilidad y el éxito de muchas de estas iniciativas ponen de manifiesto que el beneficio económico no tiene por qué desligarse del beneficio social y que para la conceptualización de un modelo eficaz de desarrollo sostenible se necesita incluir a todos los actores implicados. Cifras de rentabilidad de más del 40% del TIR (datos obtenidos de la Bolsa Social) sirven como ejemplo de que el crecimiento económico y el desarrollo sostenible pueden ir de la mano, a través de empresas con la misión diferenciadora de mejorar la sociedad.

Por tanto, el desarrollo sostenible tiene que concebirse como un desarrollo que implique crecimiento económico al mismo tiempo que avance social y medioambiental. Por ello es necesario avanzar en la creación de nuevos modelos de negocio que conciban el impacto social positivo como objetivo final de su actividad económica como forma de garantizar la consecución eficaz de los ODS y de la Agenda 2030. Y el impulso por parte de las instituciones es clave. Las políticas públicas no pueden desarrollarse al margen de la evolución de la sociedad, por lo que las instituciones deben avanzar hacia el diseño de mecanismos de ayudas o de apoyo financiero y legal que permitan que las empresas sociales puedan integrarse de forma rentable dentro del tejido empresarial español.

Los ODS no son ni pueden ser preocupación de un grupo reducido de activistas, por lo que es necesario que desde los poderes públicos hasta las pequeñas y medianas empresas se tome conciencia de la existencia de este compromiso y de la necesidad de desarrollar mecanismos eficaces que nos permitan lograr un mundo mejor para todos.