21 marzo 2016 7 MIN de lectura

El sector agroalimentarios y los Parlamentos

La prolongación de la interinidad gubernamental y los continuos debates públicos, tanto jurídicos como políticos, a los que estamos atendiendo estas últimas semanas, son muestra de que vivimos un tiempo diferente en lo político. Esta, como resulta lógico, tiene su principal proyección institucional en sede parlamentaria. Las organizaciones empresariales también tienen que prestar una particular atención al desarrollo de los acontecimientos y estar preparadas para esta nueva realidad. De poco sirven algunas metodologías tradicionales a la hora de defender los intereses empresariales. El sector agroalimentario, al igual que muchos otros, no debe ser ajeno a esta realidad y ha de saber afrontar los retos que se le plantean.

Según los datos que facilita Marca España, el sector agroalimentario emplea a más de dos millones de personas y genera el 9% del PIB. Su potencialidad hace que constituya uno de los vectores del debate político y parlamentario. Dicha importancia proyectada en toda una cadena de valor, hace que el sector se vea afectado por todos los niveles competenciales: europeo, nacional, autonómico e incluso local. Su transversalidad se pone de manifiesto además en la amplitud de las materias que afectan a la referida cadena: desde la Política Agrícola Común, uno de los vectores esenciales de la realidad europea; pasando por la denominada “fiscalidad verde”, el reciclaje y la sostenibilidad; hasta los horarios comerciales, el consumo o la seguridad alimentaria.

Todas estas cuestiones han formado parte inevitablemente de los posicionamientos políticos, del debate parlamentario y de la realidad normativa. Sin embargo el escenario actual hace que  no valgan algunas de las estructuras tradicionales de trabajo. ¿Cuáles son las tareas a desarrollar?

Algunas ya se deben haber desarrollado, tales como el trabajo con los partidos políticos a efectos de plasmar las ideas más relevantes en los programas electorales. Posteriormente se debería analizar el éxito o no de dicho trabajo.

En esta fase de interinidad, y ante la ausencia de una mayoría absoluta, la atención se ha de focalizar a los acuerdos que se puedan ir alcanzando. A título de ejemplo, el denominado Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, contempla un Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria, que se concreta en el incremento de la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los actuales.

También durante esta fase se están comenzando a registrar iniciativas a las que es necesario atender. En el Congreso de los Diputados, entre muchas otras iniciativas, ya se ha registrado una Proposición no de Ley por parte de Ciudadanos respecto a la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución para su debate en Comisión. Ya tenemos igualmente la composición en el Congreso y en el Senado de las Camisones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; a las que corresponderá decidir en el plano normativo y político en muchas ocasiones. La elaboración de perfiles de los protagonistas que no sean meras biografías, el análisis de sus trayectorias políticas, posicionamientos en redes sociales, debates públicos…servirán para conocer al político y a la persona, su familiaridad con el sector, sus inquietudes en el plano geográfico y, lo que es más relevante, la identificación de potenciales vías de colaboración.

No podemos olvidar por otro lado que los Parlamentos autonómicos están en plena actividad y, en línea con lo arriba apuntado, se producen numerosos debates sobre el sector en los que los nuevos actores políticos también están participando, haciendo uso de todas las herramientas parlamentarias: desde las preguntas orales sobre el sector lácteo en la Junta General del Principado de Asturias hasta Proposiciones no de Ley sobre las  cuotas del  sector pesquero en el Parlamento de Galicia.

La creación de un sistema estable para seguir estas iniciativas se muestra como un elemento esencial en la estructura de trabajo de cualquier organización del sector. Poder conocer las prioridades, gestionar los riesgos, detectar las oportunidades, identificar a potenciales interlocutores, desarrollar mecanismos estables de colaboración, analizar las transacciones a las que se están llegando, observar la posible modificación de posturas de los actores tradicionales, conocer el posicionamiento de los nuevos, y optimizar el partenariado público-privado son algunas de las ventajas que se pueden obtener.

Un Parlamento fragmentado, aunque resulte paradójico, puede aumentar su poder en los pesos y contrapesos institucionales. Ahora bien, también incrementa el número de actores a tener en cuenta, la necesidad de poner en la balanza muchos intereses y consiguientemente, exige de un esfuerzo mayor de trabajo en esta institución. El sector agroalimentario, de los más importantes en nuestro país, no puede dejar de hacerlo…


 

El próximo día 22 de abril a las 09:00 tendrá lugar el Desayuno sobre el Sector Agroalimentario, en el que daremos respuesta a preguntas como:

  • ¿cómo promover los intereses del sector en un escenario político sin precedentes?
  • ¿cómo «moverse» en un Parlamento sin mayorías?
  • ¿cómo negociar un proyecto de ley con un gobierno de coalición?
  • ¿cómo establecer estructuras estables de participación del sector?
  • ¿cómo anticiparse al cambio, gestionar posibles riesgos y detectar oportunidades?

Si usted es el Responsable de Asuntos Corporativos y de Gobierno de una empresa perteneciente a este sector y desea asistir, apúntese en este link.

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