El caos de la disparidad regulatoria del alquiler vacacional
Las ciudades se han propuesto regular un tipo de alojamiento ya regulado a nivel autonómico y estatal.
¿Qué está pasando?
Hace no mucho, los turistas que visitaban España tenían que ajustarse a modelos de alojamiento clásicos como los hoteles. Sin embargo, como consecuencia del desarrollo de diferentes herramientas digitales que permiten una mayor interlocución entre viajeros y anfitriones, otro modelo de alojamiento, el alquiler vacacional, se ha introducido en la realidad turística española
En el 2013, el estado cedió a las Comunidades Autónomas la competencia para regular el alquiler vacacional. De esta manera hoy, Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Canarias, Galicia, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid han establecido sus propias regulaciones en esta materia. Para reforzar esta regulación, el estado central ha desarrollado normas específicas relativas a los pisos turísticos en materia de seguridad, fiscalidad y convivencia vecinal.
Aunque se pueda pensar que toda esta regulación es suficiente, numerosas ciudades se han marcado como objetivo desarrollar normas propias relativas al alquiler vacacional. A día de hoy, Sevilla, Córdoba, San Sebastian, Bilbao, Oviedo, Santiago, Valencia, Madrid, Barcelona, Mallorca e Ibiza se han propuesto regular este tipo de alojamiento. Un breve análisis de los efectos que están teniendo estás regulaciones muestra que la mayoría de las normativas locales o bien no han llegado a aprobarse o bien se han aprobado, pero están siendo cuestionadas judicialmente como consecuencia de su falta de competencia y de la desproporcionalidad de las medidas establecidas. Además, las normativas locales que están en vigor no están produciendo los efectos esperados.
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