5 mayo 2016 6 MIN de lectura

Cinco claves para el sector agroalimentario en el nuevo escenario político

El sector agroalimentario ocupó un espacio considerable en el seno de los programas políticos de las pasadas elecciones de diciembre de 2015. En el caso de los nuevos partidos políticos, entre un 7 y un 10% de sus programas electorales estaban dedicados a propuestas sobre el sector. Esta importancia sin embargo no se ha trasladado a la mayoría de los acuerdos de investidura en los gobiernos autonómicos, donde apenas se menciona, dando prioridad a otras cuestiones de mayor impacto político. No obstante forma parte del debate diario, y basta para ello observar por ejemplo las más de 130 iniciativas de incidencia en el sector que durante el mes de marzo se registraron o debatieron en los diferentes parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales.

Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, el pasado 22 de abril Vinces acogió en su despacho un encuentro de trabajo con una decena de representantes del sector agroalimentario. En el mismo estuvo presente la totalidad de la cadena, desde la agricultura hasta los centros de distribución. Estamos hablando de un sector que contribuye de manera muy relevante al PIB español y, lo que quizá es más importante, al sostenimiento de un tejido económico y social que es consustancial a la estructura territorial de España por su particular y tradicional impacto en el mundo rural.

La finalidad de este encuentro fue abrir un espacio periódico de reflexión e intercambio de buenas prácticas, sobre en qué medida la fragmentación del poder político que estamos viviendo desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo de 2015, así como la presencia de nuevos actores políticos, están provocando un cambio en la forma de trabajar por parte de los responsables de Public Affairs.

  • 1ª clave: existe una necesidad de adaptación a la nueva realidad. Los nuevos actores políticos y la sociedad exige profesionalidad y transparencia. El valor de la interlocución está en la veracidad y solidez argumental, basada en datos. Ahora más que nunca hay que enterrar el compadreo o el amiguismo como herramienta de interlocución con ministerio y partidos. Ello está inextricablemente unido a un reforzamiento del departamento o de los responsables de Public Affairs  o de relaciones institucionales en el seno de las organizaciones. Y es el momento adecuado para subrayar interna y externamente su importancia a la hora de optimizar el negocio de la organización.
  • 2ª clave: desde el punto de vista institucional, se incrementa la importancia de la institución parlamentaria. Hasta ahora el peso específico del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones dejaba sin capacidad de actuación a los parlamentos. El escenario de fragmentación política, la debilidad numérica de los partidos en el gobierno y la consiguiente necesidad de pactos, aumenta el peso específico del órgano de deliberación. Es necesario conocer lo que se hace, se dice y se decide en los parlamentos a nivel nacional y autonómico.
  • 3ª clave: desde el punto de vista organizativo y estratégico, algunos de los métodos tradicionales de trabajo se han visto superados. En los procesos de toma de decisiones se observa que el sistema clásico de discusión y debate con los actores empresariales y con otros agentes sociales, ha dado paso a un mayor peso del mensaje político y de la decisión rápida. Ámbitos con gran predicamento político y social como el de la nutrición o la sostenibilidad medioambiental esconden decisiones de impacto directo en el negocio y en la viabilidad de determinados eslabones de la cadena.
  • 4ª clave: la legitimidad social y la unión de toda la cadena de valor del sector se hacen necesarios. A mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia política. Sacrificando en determinados momentos los intereses específicos de una organización, los retos que vienen exigen de la mayor legitimidad posible y consiguientemente de aunar esfuerzos conjuntamente.
  • 5ª clave: estrategia proactiva. No cabe esperar a que las medidas vengan dadas, a resignarse a las exigencias de Bruselas. La monitorización, vigilancia, construcción de coaliciones, alineación de intereses, diseño inteligente de estrategias y la adecuada implantación de estas, son la base para evitar –o al menos minimizar– los riesgos políticos y regulatorios.

 

 

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