INFLUENCIA LEGÍTIMA

Brexit y sector agroalimentario: CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Breves conclusiones tras la jornada, celebrada el pasado 26 de septiembre, en la que contamos con expertos del sector y responsables de los principales partidos políticos.

I. Reino Unido: mercado clave para nuestras exportaciones

Hay que felicitarse de la capacidad de adaptación de nuestros productos al mercado británico que ha conllevado un éxito y un aprecio por parte el consumidor. Las cifras demuestran no solo el carácter estratégico del sector agroalimentario en España, sino que el Reino Unidos constituye un mercado clave para nuestras exportaciones. Consiguientemente resulta incuestionable que el brexit es uno de los fenómenos políticos, económicos y sociales con mayor impacto para el sector en los últimos años.

II. Negociaciones: realidad estratégica del sector

Resulta necesario que en el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo se tenga en cuenta esa realidad estratégica del sector y que en ningún caso se convierta en un elemento de intercambio en pro de otros sectores.

III. Cuestiones importantes para el sector

Existen determinadas cuestiones de manifiesta preocupación para el sector en particular, como por ejemplo: los efectos sobre la Política Agrícola Común en las próximas perspectivas financieras, las potenciales modificaciones en la legislación alimentaria, el cambio monetario, la protección de las denominaciones de origen, el impacto en el sector pesquero o el potencial régimen arancelario y la consiguiente pérdida de competitividad en precio.

IV. Poderes públicos y negociación

Siendo positivo que la negociación por parte de la Unión Europea se lleve a cabo con una sola voz, es igualmente necesario que los poderes públicos españoles hagan llegar la relevancia del sector para que resulte uno de los vectores fundamentales en el seno de las negociaciones comerciales.

V. Las fases del proceso

El proceso de negociación se ha articulado por fases. Resulta unánimemente aceptado que hasta tanto no concluya la primera de las fases (obligaciones financieras del Reino Unido, frontera con Irlanda y derechos de los ciudadanos) no se comenzará la segunda. Sin embargo, ello no obsta a que internamente, tanto en el seno de los Estados miembros, como en el equipo negociador de Barnier, se vayan sentado las bases que van a regir las posteriores relaciones comerciales.

VI. Flujo de información durante el proceso

Se valora positivamente los órganos que tanto el Ejecutivo (Comisión Interministerial) como el Legislativo (Ponencia de Estudio) han creado para trabajar respecto al brexit y se valora muy positivamente la alta cualificación de nuestros técnicos. Sin embargo, es necesario que fluya la información de tal modo que las empresas y organizaciones puedan contribuir en pro del interés general, a que se acuda a las negociaciones con la mayor solidez argumental posible.

VII. Periodo transitorio post-brexit

El 29 de marzo de 2019 constituye el límite para la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea. No obstante, resulta importante articular un periodo transitorio que permita una adaptación progresiva a una realidad comercial que no puede ser igual que la de un Estado Miembro pero que lógicamente revestirá particularidad con respecto de las de otros terceros países.

VIII. Apoyo al sector durante el proceso

El brexit se plantea como un proceso irreversible y su impacto en el sector exige que este reciba el mayor apoyo posible por parte de los poderes públicos con la finalidad de mantener nuestra competitividad en el seno del mercado británico.

 

Para más información y contacto:
Jorge Villarino //  Director de Regulación y sector agroalimentario en Vinces // info@vinces.com

El Discurso del Estado de la Unión del Presidente Juncker

Qué esperar de la UE de aquí a mayo de 2018

El discurso anual del Estado de la Unión del Presidente de la Comisión Europea es un momento solemne. A la vuelta del verano, este discurso impartido delante del Parlamento Europeo supone una buena oportunidad para los profesionales de public affairs de dar un paso atrás y coger perspectiva más allá del día a día de los procedimientos legislativos, y confirmar la política de alto nivel que hay detrás de cualquier propuesta regulatoria.

Tras un discurso en 2016 inevitablemente ensombrecido por la decisión de los ciudadanos británicos de abandonar la UE, esta vez Juncker ha dado un discurso deliberadamente optimista: enfatizó la buena situación de la Unión tras 5 años de recuperación económica, con 2 años de crecimiento a mayor ritmo que EE. UU. y la tasa más baja de desempleo desde 2009.Para el Presidente, esto quiere decir que toca ser ambiciosos sobre Europa. En ese sentido, propuso (o respaldó) varias propuestas atrevidas:

La propuesta del Presidente Macron de presentar listas transnacionales para las elecciones al Parlamento Europeo. Ante la emergencia de nuevos movimientos políticos en Europa que han causado una brecha en la tradicional división izquierda-derecha, esta opción dará a esos movimientos la posibilidad de desarrollar una red europea y de consolidar su presencia en el Parlamento Europeo.

Fusionar los roles de Presidente de la Comisión y del Consejo Europeo. Por ahora ambos representan a la UE en foros internacionales, con la consiguiente confusión que eso supone (¿A quién llamo cuando quiero hablar con Europa?)

Crear un nuevo ministerio de Economía y Finanzas. Esto elevaría al comisario europeo de economía y finanzas al rango de vicepresidente de la Comisión y jefe del Eurogrupo.

Aunque el listado detallado de las propuestas concretas está disponible en la carta de intenciones que Juncker envió a los Presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, el discurso del Estado de la Unión de 2017 señaló las siguientes prioridades de la Comisión Europea:

Comercio – Un paquete de comercio se publicó el mismo día 13. El punto más relevante que Juncker señaló es que a partir de ahora, la Comisión publicará todos los mandatos de negociación para los acuerdos de comercio antes de presentarlos al Consejo. Este gesto pone de relieve la convicción de la Comisión de que en el futuro no puede haber acuerdos de comercio sin legitimidad social, como quedó de manifiesto con el rechazo de ACTA tras las protestas de la sociedad civil, las dificultadas que CETA atravesó y la pérdida de legitimidad de TTIP a los ojos de los ciudadanos por unas negociaciones consideradas demasiado opacas. Otra propuesta que supone un cambio importante de enfoque es el marco europeo para el llamado “control previo a la inversión”, o en otras palabras, instaurar un debate previo a la venta de compañías europeas consideradas estratégicas como puertos, infraestructuras energéticas o compañías de defensa tecnológica a compradores de fuera de la UE.

Una nueva estrategia europea de política industrial para que las industrias europeas se conviertan en líderes mundiales en innovación, de-carbonización y digitalización.

Propuestas para que la UE esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, con objetivos de reducción de emisiones de carbón en transporte terrestre (noviembre 2017).

Una estrategia de ciberseguridad – Un paquete de propuestas en respuesta al hecho de que solo el año pasado, el 80% de las empresas europeas sufrieron algún tipo de incidente de ciberseguridad.

Otros anuncios importantes incluyen:

Apoyo total a las vacunas: Juncker afirmó que es inaceptable que en Europa mueran niños de enfermedades que deberían haber sido erradicadas hace tiempo. Añadió que los niños de Italia o Rumanía deberían tener el mismo acceso a la vacuna contra el sarampión que cualquier otro niño en Europa y puso de manifiesto su apoyo total a los planes nacionales de vacunación.

Propuestas para adaptar el presupuesto europeo a nuevas ambiciones (mayo 2018).

Cambio en las votaciones del Consejo de unanimidad a mayoría cualificada en áreas como el IVA, la fiscalidad de la economía digital y la tasa a las transacciones financieras. Según Juncker este cambio podría hacerse sin necesidad de modificar los Tratados.

¿Parece mucho? Por si fuera poco, el Presidente Juncker añadió que todas estas propuestas se presentarán de aquí a mayo de 2018, para que haya tiempo de adoptarlas antes de que los líderes europeos se centren en las elecciones de mayo de 2019. ¡Hay mucho trabajo por delante!

Apertura de la oficina de Vinces en Bruselas

Esta apertura forma parte de la expansión internacional del despacho y permitirá dar continuidad al trabajo que todo el equipo viene desarrollando estos últimos 7 años desde Madrid y Barcelona principalmente

Un paso más en la expansión internacional de Vinces

Vinces pone en marcha su nueva oficina en el corazón de Bruselas, en Avenue des Arts 56. Esta apertura forma parte de la expansión internacional del despacho y permitirá dar continuidad al trabajo que todo el equipo viene desarrollando estos últimos 7 años desde Madrid y Barcelona principalmente. Y todos nuestros esfuerzos se encaminan a ser el despacho de capital independiente español de referencia en la capital belga.

¿Sabías que entre el 80 y el 100% de la regulación que afecta al negocio de nuestras empresas se elabora y aprueba en las instituciones europeas?

Ser pro-activos en Bruselas ya no es una opción sino una obligación. Las decisiones europeas afectan directamente a la estrategia de negocio, y no es suficiente la representación a través de las organizaciones y patronales europeas.
Además, el reto que supone el Brexit y el cambio en los equilibrios de poder de los gobiernos nacionales e instituciones europeas hacen más necesario que nunca anticiparse y actuar en la toma de decisiones públicas a nivel UE.

La nueva oficina está liderada por Laurence Modrego, que cuenta con más de una década de experiencia en Bruselas y ha trabajado en consultoría para clientes internacionales en dos de las consultoras más reconocidas de asuntos europeos de la capital belga, además de tener experiencia en política europea y como periodista. Laurence pilotará la coordinación de los equipos de Madrid y Bruselas para ofrecer a los clientes una estrategia alineada y defender los intereses de negocio en las esferas regulatorias nacionales y de la Unión Europea.

En esta nueva etapa, Vinces quiere contribuir a los asuntos públicos europeos a través de su metodología integrada (la pirámide de representación) y construir su influencia a través de su legitimidad, según el principio “a mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia”; sin atajos, con transparencia y profesionalidad.

Apertura de la Oficina de Vinces en Bruselas

#AGROBREXIT

26/09/2017

Jornada: Brexit y el sector AGROALIMENTARIO

Jornada: Brexit y el sector AGROALIMENTARIO

Debatiremos con expertos del sector venidos del Reino Unido y representantes de los principales partidos políticos sobre las mejores estrategias de participación en el proceso.


Hacienda no entiende la economía digital

Alfonso González de León, consultor senior en Vinces, escribe para Cinco Días

Alfonso González de León: Hacienda no entiende la economía digital

Alfonso González de León: Hacienda no entiende la economía digital

Alfonso González de León, consultor senior en Vinces, escribe para Cinco Días

Hacienda somos todos, y cualquier persona –física o jurídica– que lleve a cabo una actividad económica sujeta a tributación debe pagar lo que exigen las leyes. Esto debe aplicarse tanto en el mundo offline como online, sin que las nuevas tecnologías e internet sirvan como subterfugio para escapar del control de Hacienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria debe primero comprender el funcionamiento de los nuevos modelos de negocio digitales para encontrar luego la forma de regularlos. No se pueden aplicar fórmulas antiguas a realidades nuevas, ya que ello puede resultar en mecanismos de control ineficientes, desproporcionados y contrarios a la normativa del entorno digital.

Las llamadas plataformas colaborativas son prestadores de servicios de la sociedad de la información y, como tales, están sometidos a la directiva de comercio electrónico y a su ley nacional de transposición.

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David Córdova: “El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso”

Cinco Días escribe sobre David Córdova, socio fundador de Vinces

 David Córdova: 'El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso'

David Córdova: 'El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso'

Cinco Días escribe sobre David Córdova, socio fundador de Vinces

Es consciente de que los lobbys son un asunto controvertido. Por ese motivo, David Córdova (Madrid, 43 años) fundó Vinces en 2010. Está convencido de que hay una forma distinta de relacionarse con la administración y desea cambiar el modelo actual. “Del compadreo y el ocultamiento, a un sistema en el que la transparencia sea un valor fundamental”, señala Córdova. Algo que se advierte desde su propio despacho, una habitación de paredes de cristal, a juego con su mesa, fabricada en este material. Ya desde fuera se observan las fotos de sus tres hijos y de su mujer, junto a los títulos que reposan en la estantería, entre ellos, el de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pero confiesa que lo que más echa de menos en la oficina es el tiempo, “para mí, es el recurso más escaso y el más valioso, pues una vez que lo pierdes no se recupera nunca”. Así que procura pasar los pocos ratos libres que tiene con su familia.

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‘Falta precisión en el cálculo de las multas’

Escrita para El Economista por Pedro del Rosal, con la colaboración de Jorge Villarino, entre otros expertos.

Los expertos analizan con moderado optimismo el texto que debe adaptar la legislación española al Reglamento General de Protección de Datos

Los expertos en privacidad valoran con moderado optimismo el texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), si bien señalan algunas carencias que deberán ser abordadas en los próximas etapas de su tramitación. La mayoría de los profesionales consultados por Iuris&Lex coinciden en subrayar la inseguridad que crea el amplio margen que tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como la ley –de mantener su redacción tal y como se encuentra en la actualidad– conceden a las autoridades en la materia en la precisión de las sanciones. Otras materias que aparecen señaladas con un “necesita mejorar” son el aclarar en qué momento el tratamiento podrá verse amparado por el interés legítimo o algunos aspectos relativos a laregulación de los derechos.

Finalmente, los especialistas han acogido con satisfacción que se profundice en la regulación del delegado de protección de datos –DPO, por sus siglas en inglés– y que se apueste por las soluciones amistosas frente a los procedimientos sancionadores.
Moderado Optimismo el texto que debe adaptar la Legislación Española al Reglamento General de Protección de Datos

Régimen sancionador

El RGPD determina que, para las infracciones muy graves, las multas podrán alcanzar los 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen de negocio total anual. Para las que sean calificadas como graves, el máximo es de 10 millones de euros o del 2 por ciento del volumen de negocio total anual.

El anteproyecto, sin bien contiene un extenso catálogo de las conductas que tendrán la consideración de infracciones muy graves, graves o leves –y sus correspondientes plazos de prescripción, de tres, dos y un año, respectivamente–, no ofrece parámetros para fijar la cuantía final. El amplio margen del que disponen la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no obstante, sí se ve complementada con elementos que podrán ser valorados para su fijación –un listado que se suma al del Reglamento–.

La amplitud genera mucha incertidumbre por el gran poder discrecional que otorga a las autoridades de control y cómo defenderse en caso de extralimitación”, señala Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), quien, no obstante, atribuye la horquilla a la necesidad de aplicar el régimen a distintos supuestos y organizaciones.

Javier Guillén, consultant de Derecho Público y Regulatorio en Herbert Smith Freehills y Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos cree que “sería conveniente precisar más” la cuantía de las multas. “De hecho, tal y como se encuentra redactado [el precepto dedicado a las sanciones], puede resultar contrario al principio de legalidad y tipicidad en materia sancionadora al no venir determinadas de forma clara y precisa las sanciones que deben imponerse por la comisión de infracciones previstas en el anteproyecto”.

Del riesgo de “inseguridad jurídica” que provoca la falta de concreción advierte Irene López, Asociada de Rousaud Costas Duran, aunque ello “puede suponer una mejor acomodación de la sanción a las condiciones del infractor”. Sin embargo, añade que esta circunstancia “no guarda coherencia” con la concreción que sí se da a la prescripción.

En una posición menos crítica se sitúa Jorge Villarino, socio y director de Regulación de Vinces. “Siempre es deseable que el principio de tipicidad se cumpla con el máximo rigor, pero la realidad es que el tipo de redacción que se da en el anteproyecto no es infrecuente y es acorde con la jurisprudencia constitucional”, reflexiona, y añade que “dada la dimensión de las sanciones, a lo que habrá que estar muy atentos es a que se respeten de verdad los criterios de graduación establecidos” en el RGPD y en la futura LOPD.

Por su parte, Rodrigo González, senior manager del Departamento Mercantil de EY resalta el listado de infracciones frente al “muy genérico” régimen sancionador del RGPD. Una tipificación y una categorización que “ofrece una mayor seguridad jurídica”.Medidas correctivas antes que multas La compensación del endurecimiento del régimen sancionador con la posibilidad de alcanzar acuerdos a través de los cuales la adopción de medidas correctivas permita esquivar el expediente por parte de la autoridad es una medida aplaudida por los especialistas.

“Lo importante es garantizar un derecho fundamental y la sanción no es sino un instrumento más, que no el único, que nos da el Derecho para satisfacer ese derecho”, observa Villarino.

Guillén también la considera “acertada” dado que el incumplimiento puede producirse por “mero desconocimiento de la empresa que realiza el tratamiento de datos”, por lo que puede resultar “excesivo” iniciar un procedimiento sin dar antes la oportunidad de corregir la conducta.

El anteproyecto de la LOPD, asimismo, configura al DPO como una primera instancia a la que pueden acudir los interesados para presentar sus reclamaciones o, incluso, a la que AEPD derive algunas de ellas antes de analizarlas. “Sin perjuicio de que aumenta el trabajo del DPO, sin duda, es mejor que la organización tenga la oportunidad de arreglar amistosamente con el afectado un problema -que puede ser un mero malentendido o un error involuntario que puede solucionarse rápidamente en beneficio del afectado y de la organización- en vez de hacerlo en el seno de un procedimiento sancionador. Ese debe ser un incentivo para nombrar un delegado de protección de datos voluntario”, valora Álvarez.

González reflexiona que, efectivamente, el DPO puede “servir como engranaje” para mediar y solucionar de modo amistoso muchas reclamaciones.“Esta circunstancia y su posicionamiento como contacto principal de la AEPD le asemeja a un servicio de atención al cliente que de tanta utilidad ha sido en los sectores financieros regulados”.

La regulación del DPO

En relación con la configuración legal del delegado de protección de datos, la presidenta de la APEP valora positivamente la presencia de “la voz de los profesionales” en el Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos –aunque manifiesta que no entiende bien por qué el nombramiento del representante lo haga el Ministerio de Justicia– y el listado de situaciones en donde el DPO será obligatorio.

En el otro extremo, Álvarez duda si el perfil del delegado que regula el anteproyecto “desdibuja en alguna medida su claro papel estratégico en algunas instituciones”. “El DPO no tiene por qué ser en todos los casos el ejecutor de las obligaciones concretas de la organización, como puede ser el inventario o la evaluación de impacto”, sino que debe participar activamente en su diseño y en los procesos, explica.

Rodrigo González, por su parte, echa de menos que el texto establezca cuáles serán los requisitos de cualificación del DPO y los medios a través de los cuales se deberá acreditar.Similar valoración hacen Javier Guillén e Irene López. El primero, asimismo, reclama más precisión en la garantía de independencia de la figura.

López, por su parte, cree que la falta de concreción en la acreditación de los requisitos del artículo 37.5 del RGPD “puede dar lugar a que algunos responsables de tratamientos contraten a DPO que realmente carecen de conocimientos sólidos en la materia”. Jorge Villarino, en la misma línea, observa, no obstante, que quizás el rango de la norma haya sido determinante para no precisar más las cualificaciones requeridas.

Todos los expertos coinciden en el acierto del listado de casos en los que será obligatorio el DPO. “Da más seguridad jurídica que las nociones actividad principal y gran escala”, apunta Álvarez. Villarino añade que, no obstante, es probable que se produzcan muchas consultas a la AEPD respecto a esta cuestión porque, aunque el anteproyecto “parece dar una lista cerrada”, el Reglamento tiene una redacción “muy abierta”. Guillén concluye recordando que muchas otras entidades deberán cumplir con el deber de contratar un DPO a pesar de no estar en listado.

Los derechos contenidos en el anteproyecto.

Los especialistas, asimismo, apuntan algunas ideas en relación a la regulación de los derechos. Javier Guillén considera que la mera remisión al Reglamento en el derecho al olvido –derecho de supresión– “es un tanto escasa y requerirá, posiblemente, de un desarrollo reglamentario, especialmente en lo relativo a las excepciones y límites”.

Villarino, por su parte, cree que introducir en una ley orgánica mayor regulación daría lugar a problemas. El derecho al olvido “se sigue perfilando en la práctica” a través de las aportaciones de las autoridades de privacidad, la jurisprudencia y los operadores privados, razona; “quizás no esté lo suficientemente maduro para haber ido más allá”.

El derecho a la portabilidad es el que plantea mayores dudas para la presidenta de la APEP. Así, si el artículo 20 del RGPD establece que se refiere únicamente a los datos personales que el individuo “haya facilitado a un responsable de tratamiento” –explica–, el anteproyecto amplía el tipo de datos a otra categoría de datos. “Ningún Estado miembro puede imponer más condiciones a lo establecido en el Reglamento”, asevera, “la ampliación de tipo de datos a otras categorías no contempladas en el RGPD tendrá una incidencia por sistema sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las organizaciones y sus secretos empresariales”.

Álvarez rechaza que pueda emplearse la protección de datos como normas de defensa de la competencia.

Dudas en torno al “interés legítimo”

“El anteproyecto no afronta con suficiente detalle ni aclara el concepto de interés legítimo”, explica Rodrigo González, de EY, que considera que debería haberse abordado cómo se configura la posibilidad de acogerse al interés legítimo prevalente para llevar a cabo un tratamiento con fines de mercadotecnia, como dispone el considerando 47 del Reglamento europeo. Jorge Villarino, de Vinces, razona que se trata de un concepto jurídico indeterminado “y consiguientemente no cabe una definición previa”. “Será necesario atender al caso concreto”, en el que deberán ponderarse los intereses y los derechos o libertades.

Finalmente, Cecilia Álvarez subraya que el anteproyecto contiene –aunque sin invocarlo expresamente– un grupo de supuestos en los que aparece el interés legítimo: los datos profesionales, las operaciones M&A o la solvencia patrimonial. “Es muy positivo que se hayan recogido estos ejemplos muy utilizados por todas o muchas organizaciones”, concluye.

(Texto extraído de la tribuna publicada en el periódico El Economista el pasado 14  de julio de 2017.)

 

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, y está compuesto por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes (si los hubiera) así como todos los Ministros. Asimismo, podrán asistir los Secretarios de Estado, y de forma excepcional, otros altos cargos si son convocados al Consejo.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, y está compuesto por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes (si los hubiera) así como todos los Ministros. Asimismo, podrán asistir los Secretarios de Estado, y de forma excepcional, otros altos cargos si son convocados al Consejo. Está previsto que, también excepcionalmente, el Rey pueda presidir el Consejo de Ministros, a petición del Presidente del Gobierno, para informarle de asuntos de Estado (art. 62 CE). Igualmente, A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello (art. 5.2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) Continue reading “Consejo de Ministros” »

¿Existe la privacidad en la nube?

Jorge Villarino habla sobre la privacidad en la nube en Capital Radio.

¿Existe la privacidad en la nube?

¿Existe la privacidad en la nube?

Jorge Villarino, director de regulación en Vinces, habla sobre la privacidad en la nube en Capital Radio


En los últimos años la nube se ha impuesto en cuanto a los servicios que las compañías utilizan (bases de clientes, funcionalidades…)
¿Los datos que nuestras empresas llevan a la nube están razonablemente seguros? ¿Qué debemos conocer sobre la nube? En los últimos años Jorge Villarino ha estado indagando sobre todas estas cuestiones, hasta el punto de que su trabajo ha sido reconocido por la Cátedra de Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación.

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Entrevista a Alfonso González, consultor en Vinces, publicada en Hosteltur

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Entrevista a Alfonso González de León, consultor en Vinces, publicada en Hosteltur

La seguridad es un objetivo primordial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo anunció en su campaña electoral y en ello insiste desde la Casa Blanca. Y en ese empeño ha establecido algunas medidas que podrían cercenar el avance de la industria turística, que aporta el 2,7% del PIB de su país.

Por el momento no han desincentivado la llegada de turistas internacionales, pero podrían tener efecto más adelante, según explica Alfonso González de León, consultor senior de Vinces (firma especializada en el ámbito de los asuntos públicos).

  • ¿Cómo pueden afectar las nuevas medidas de Trump al desarrollo de este sector?
  • ¿Cómo son las relaciones entre las empresas, en general, y Donald Trump? ¿Temen una inestabilidad legislativa?
  • ¿se podría llegar al impeachment?

Respuesta a estas preguntas y otras en la entrevista completa.

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