INFLUENCIA LEGÍTIMA

David Córdova: “El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso”

Cinco Días escribe sobre David Córdova, socio fundador de Vinces

 David Córdova: 'El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso'

David Córdova: 'El tiempo es el recurso más escaso y el más valioso'

Cinco Días escribe sobre David Córdova, socio fundador de Vinces

Es consciente de que los lobbys son un asunto controvertido. Por ese motivo, David Córdova (Madrid, 43 años) fundó Vinces en 2010. Está convencido de que hay una forma distinta de relacionarse con la administración y desea cambiar el modelo actual. “Del compadreo y el ocultamiento, a un sistema en el que la transparencia sea un valor fundamental”, señala Córdova. Algo que se advierte desde su propio despacho, una habitación de paredes de cristal, a juego con su mesa, fabricada en este material. Ya desde fuera se observan las fotos de sus tres hijos y de su mujer, junto a los títulos que reposan en la estantería, entre ellos, el de doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pero confiesa que lo que más echa de menos en la oficina es el tiempo, “para mí, es el recurso más escaso y el más valioso, pues una vez que lo pierdes no se recupera nunca”. Así que procura pasar los pocos ratos libres que tiene con su familia.

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‘Falta precisión en el cálculo de las multas’

Escrita para El Economista por Pedro del Rosal, con la colaboración de Jorge Villarino, entre otros expertos.

Los expertos analizan con moderado optimismo el texto que debe adaptar la legislación española al Reglamento General de Protección de Datos

Los expertos en privacidad valoran con moderado optimismo el texto del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), si bien señalan algunas carencias que deberán ser abordadas en los próximas etapas de su tramitación. La mayoría de los profesionales consultados por Iuris&Lex coinciden en subrayar la inseguridad que crea el amplio margen que tanto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) como la ley –de mantener su redacción tal y como se encuentra en la actualidad– conceden a las autoridades en la materia en la precisión de las sanciones. Otras materias que aparecen señaladas con un “necesita mejorar” son el aclarar en qué momento el tratamiento podrá verse amparado por el interés legítimo o algunos aspectos relativos a laregulación de los derechos.

Finalmente, los especialistas han acogido con satisfacción que se profundice en la regulación del delegado de protección de datos –DPO, por sus siglas en inglés– y que se apueste por las soluciones amistosas frente a los procedimientos sancionadores.
Moderado Optimismo el texto que debe adaptar la Legislación Española al Reglamento General de Protección de Datos

Régimen sancionador

El RGPD determina que, para las infracciones muy graves, las multas podrán alcanzar los 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen de negocio total anual. Para las que sean calificadas como graves, el máximo es de 10 millones de euros o del 2 por ciento del volumen de negocio total anual.

El anteproyecto, sin bien contiene un extenso catálogo de las conductas que tendrán la consideración de infracciones muy graves, graves o leves –y sus correspondientes plazos de prescripción, de tres, dos y un año, respectivamente–, no ofrece parámetros para fijar la cuantía final. El amplio margen del que disponen la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no obstante, sí se ve complementada con elementos que podrán ser valorados para su fijación –un listado que se suma al del Reglamento–.

La amplitud genera mucha incertidumbre por el gran poder discrecional que otorga a las autoridades de control y cómo defenderse en caso de extralimitación”, señala Cecilia Álvarez, presidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), quien, no obstante, atribuye la horquilla a la necesidad de aplicar el régimen a distintos supuestos y organizaciones.

Javier Guillén, consultant de Derecho Público y Regulatorio en Herbert Smith Freehills y Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos cree que “sería conveniente precisar más” la cuantía de las multas. “De hecho, tal y como se encuentra redactado [el precepto dedicado a las sanciones], puede resultar contrario al principio de legalidad y tipicidad en materia sancionadora al no venir determinadas de forma clara y precisa las sanciones que deben imponerse por la comisión de infracciones previstas en el anteproyecto”.

Del riesgo de “inseguridad jurídica” que provoca la falta de concreción advierte Irene López, Asociada de Rousaud Costas Duran, aunque ello “puede suponer una mejor acomodación de la sanción a las condiciones del infractor”. Sin embargo, añade que esta circunstancia “no guarda coherencia” con la concreción que sí se da a la prescripción.

En una posición menos crítica se sitúa Jorge Villarino, socio y director de Regulación de Vinces. “Siempre es deseable que el principio de tipicidad se cumpla con el máximo rigor, pero la realidad es que el tipo de redacción que se da en el anteproyecto no es infrecuente y es acorde con la jurisprudencia constitucional”, reflexiona, y añade que “dada la dimensión de las sanciones, a lo que habrá que estar muy atentos es a que se respeten de verdad los criterios de graduación establecidos” en el RGPD y en la futura LOPD.

Por su parte, Rodrigo González, senior manager del Departamento Mercantil de EY resalta el listado de infracciones frente al “muy genérico” régimen sancionador del RGPD. Una tipificación y una categorización que “ofrece una mayor seguridad jurídica”.Medidas correctivas antes que multas La compensación del endurecimiento del régimen sancionador con la posibilidad de alcanzar acuerdos a través de los cuales la adopción de medidas correctivas permita esquivar el expediente por parte de la autoridad es una medida aplaudida por los especialistas.

“Lo importante es garantizar un derecho fundamental y la sanción no es sino un instrumento más, que no el único, que nos da el Derecho para satisfacer ese derecho”, observa Villarino.

Guillén también la considera “acertada” dado que el incumplimiento puede producirse por “mero desconocimiento de la empresa que realiza el tratamiento de datos”, por lo que puede resultar “excesivo” iniciar un procedimiento sin dar antes la oportunidad de corregir la conducta.

El anteproyecto de la LOPD, asimismo, configura al DPO como una primera instancia a la que pueden acudir los interesados para presentar sus reclamaciones o, incluso, a la que AEPD derive algunas de ellas antes de analizarlas. “Sin perjuicio de que aumenta el trabajo del DPO, sin duda, es mejor que la organización tenga la oportunidad de arreglar amistosamente con el afectado un problema -que puede ser un mero malentendido o un error involuntario que puede solucionarse rápidamente en beneficio del afectado y de la organización- en vez de hacerlo en el seno de un procedimiento sancionador. Ese debe ser un incentivo para nombrar un delegado de protección de datos voluntario”, valora Álvarez.

González reflexiona que, efectivamente, el DPO puede “servir como engranaje” para mediar y solucionar de modo amistoso muchas reclamaciones.“Esta circunstancia y su posicionamiento como contacto principal de la AEPD le asemeja a un servicio de atención al cliente que de tanta utilidad ha sido en los sectores financieros regulados”.

La regulación del DPO

En relación con la configuración legal del delegado de protección de datos, la presidenta de la APEP valora positivamente la presencia de “la voz de los profesionales” en el Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos –aunque manifiesta que no entiende bien por qué el nombramiento del representante lo haga el Ministerio de Justicia– y el listado de situaciones en donde el DPO será obligatorio.

En el otro extremo, Álvarez duda si el perfil del delegado que regula el anteproyecto “desdibuja en alguna medida su claro papel estratégico en algunas instituciones”. “El DPO no tiene por qué ser en todos los casos el ejecutor de las obligaciones concretas de la organización, como puede ser el inventario o la evaluación de impacto”, sino que debe participar activamente en su diseño y en los procesos, explica.

Rodrigo González, por su parte, echa de menos que el texto establezca cuáles serán los requisitos de cualificación del DPO y los medios a través de los cuales se deberá acreditar.Similar valoración hacen Javier Guillén e Irene López. El primero, asimismo, reclama más precisión en la garantía de independencia de la figura.

López, por su parte, cree que la falta de concreción en la acreditación de los requisitos del artículo 37.5 del RGPD “puede dar lugar a que algunos responsables de tratamientos contraten a DPO que realmente carecen de conocimientos sólidos en la materia”. Jorge Villarino, en la misma línea, observa, no obstante, que quizás el rango de la norma haya sido determinante para no precisar más las cualificaciones requeridas.

Todos los expertos coinciden en el acierto del listado de casos en los que será obligatorio el DPO. “Da más seguridad jurídica que las nociones actividad principal y gran escala”, apunta Álvarez. Villarino añade que, no obstante, es probable que se produzcan muchas consultas a la AEPD respecto a esta cuestión porque, aunque el anteproyecto “parece dar una lista cerrada”, el Reglamento tiene una redacción “muy abierta”. Guillén concluye recordando que muchas otras entidades deberán cumplir con el deber de contratar un DPO a pesar de no estar en listado.

Los derechos contenidos en el anteproyecto.

Los especialistas, asimismo, apuntan algunas ideas en relación a la regulación de los derechos. Javier Guillén considera que la mera remisión al Reglamento en el derecho al olvido –derecho de supresión– “es un tanto escasa y requerirá, posiblemente, de un desarrollo reglamentario, especialmente en lo relativo a las excepciones y límites”.

Villarino, por su parte, cree que introducir en una ley orgánica mayor regulación daría lugar a problemas. El derecho al olvido “se sigue perfilando en la práctica” a través de las aportaciones de las autoridades de privacidad, la jurisprudencia y los operadores privados, razona; “quizás no esté lo suficientemente maduro para haber ido más allá”.

El derecho a la portabilidad es el que plantea mayores dudas para la presidenta de la APEP. Así, si el artículo 20 del RGPD establece que se refiere únicamente a los datos personales que el individuo “haya facilitado a un responsable de tratamiento” –explica–, el anteproyecto amplía el tipo de datos a otra categoría de datos. “Ningún Estado miembro puede imponer más condiciones a lo establecido en el Reglamento”, asevera, “la ampliación de tipo de datos a otras categorías no contempladas en el RGPD tendrá una incidencia por sistema sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial de las organizaciones y sus secretos empresariales”.

Álvarez rechaza que pueda emplearse la protección de datos como normas de defensa de la competencia.

Dudas en torno al “interés legítimo”

“El anteproyecto no afronta con suficiente detalle ni aclara el concepto de interés legítimo”, explica Rodrigo González, de EY, que considera que debería haberse abordado cómo se configura la posibilidad de acogerse al interés legítimo prevalente para llevar a cabo un tratamiento con fines de mercadotecnia, como dispone el considerando 47 del Reglamento europeo. Jorge Villarino, de Vinces, razona que se trata de un concepto jurídico indeterminado “y consiguientemente no cabe una definición previa”. “Será necesario atender al caso concreto”, en el que deberán ponderarse los intereses y los derechos o libertades.

Finalmente, Cecilia Álvarez subraya que el anteproyecto contiene –aunque sin invocarlo expresamente– un grupo de supuestos en los que aparece el interés legítimo: los datos profesionales, las operaciones M&A o la solvencia patrimonial. “Es muy positivo que se hayan recogido estos ejemplos muy utilizados por todas o muchas organizaciones”, concluye.

(Texto extraído de la tribuna publicada en el periódico El Economista el pasado 14  de julio de 2017.)

 

Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, y está compuesto por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes (si los hubiera) así como todos los Ministros. Asimismo, podrán asistir los Secretarios de Estado, y de forma excepcional, otros altos cargos si son convocados al Consejo.

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno, y está compuesto por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes (si los hubiera) así como todos los Ministros. Asimismo, podrán asistir los Secretarios de Estado, y de forma excepcional, otros altos cargos si son convocados al Consejo. Está previsto que, también excepcionalmente, el Rey pueda presidir el Consejo de Ministros, a petición del Presidente del Gobierno, para informarle de asuntos de Estado (art. 62 CE). Igualmente, A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello (art. 5.2 Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno) Continue reading “Consejo de Ministros” »

¿Existe la privacidad en la nube?

Jorge Villarino habla sobre la privacidad en la nube en Capital Radio.

¿Existe la privacidad en la nube?

¿Existe la privacidad en la nube?

Jorge Villarino, director de regulación en Vinces, habla sobre la privacidad en la nube en Capital Radio


En los últimos años la nube se ha impuesto en cuanto a los servicios que las compañías utilizan (bases de clientes, funcionalidades…)
¿Los datos que nuestras empresas llevan a la nube están razonablemente seguros? ¿Qué debemos conocer sobre la nube? En los últimos años Jorge Villarino ha estado indagando sobre todas estas cuestiones, hasta el punto de que su trabajo ha sido reconocido por la Cátedra de Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación.

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Entrevista a Alfonso González, consultor en Vinces, publicada en Hosteltur

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Trump y el turismo: equilibrio en la seguridad

Entrevista a Alfonso González de León, consultor en Vinces, publicada en Hosteltur

La seguridad es un objetivo primordial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo anunció en su campaña electoral y en ello insiste desde la Casa Blanca. Y en ese empeño ha establecido algunas medidas que podrían cercenar el avance de la industria turística, que aporta el 2,7% del PIB de su país.

Por el momento no han desincentivado la llegada de turistas internacionales, pero podrían tener efecto más adelante, según explica Alfonso González de León, consultor senior de Vinces (firma especializada en el ámbito de los asuntos públicos).

  • ¿Cómo pueden afectar las nuevas medidas de Trump al desarrollo de este sector?
  • ¿Cómo son las relaciones entre las empresas, en general, y Donald Trump? ¿Temen una inestabilidad legislativa?
  • ¿se podría llegar al impeachment?

Respuesta a estas preguntas y otras en la entrevista completa.

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AGROALIMENTARIO: URGENCIAS DEL `BREXIT´

Tribuna, escrita para El Economista por Jorge Villarino director en Vinces y J. Miguel Flavián, fundador. GM&Co.

El pasado 23 de junio se cumplía un año desde que el Reino Unido votó por romper con la Unión Europea después de ser miembro durante 43 años. Las turbulencias que levantó la decisión (basta ver los resultados electorales) todavía siguen sin dejarnos ver con suficiente claridad qué desarrollo van a tomar las negociaciones, que apenas han empezado en el mes de junio.

El sector alimentario británico está muy preocupado por el resultado final de las negociaciones, como no podría ser de otra forma. La UE es un gran mercado para los productos que exportan, y a su vez, una fuente de mano de obra para las fábricas y los campos, sin los que la producción se pondría en cuestión al tener serias dificultades el sector para encontrar en el mercado laboral local candidatos suficientes. La devaluación de la libra ya supone que las materias primas y los productos finales que se importan sean más caros, y la posible aplicación de tarifas si se materializa la salida del Mercado Único aún los encarecería más.

Urgencias del Sector Agroalimentario tras el Anuncio del Brexit

Las empresas con intereses en el Reino Unido ya han empezado a evaluar los posibles escenarios, y a tomar medidas. Por ejemplo, ABP acaba de anunciar la compra del 50% del procesador Linden Foods, y la Joint Venture entre Dawn Meats y Dunbia. Estos grupos cárnicos irlandeses no quieren dejar escapar un mercado que es para ellos tan beneficioso, y han cerrado acuerdos con empresas locales que les garantizarán su presencia en el Reino Unido y mitigar los riesgos que puede llegar a suponer el depender de productos importados desde Irlanda.

Un buen número de empresas españolas ya tienen canales de comercialización de sus productos muy establecidos en el Reino Unido, y han logrado crecer gracias a su buen hacer y a la gran aceptación de los productos españoles. Tradicionalmente era un mercado para productos hortofrutícolas, y así lo demuestran las cifras con más de la mitad de nuestras exportaciones del sector; pero otros sectores como el vino y los productos cárnicos se han conseguido implantar.

Los retos que deberán afrontar las empresas españolas dependerán de cómo sea el acuerdo final, y naturalmente, es todavía muy pronto para aventurar cuál será el resultado. En caso de una ruptura total de relaciones, la salida del Mercado Único va a suponer tratar al Reino Unido como un país tercero: restauración de fronteras, ralentización del tránsito, aumento de la burocracia y multiplicación de incidentes; o tarifas al comercio, hasta que se acuerde un nuevo marco comercial, entre otras cuestiones.
En el plano normativo habrá que estar muy atento a la nueva legislación alimentaria que desarrolle el Reino Unido. Puede llegar a ser más restrictiva que la europea, con lo que puede afectar a la competitividad de las empresas que quieran vender en ese país, que se verán amenazadas por un potencial rechazo.

Otra cuestión importante es el entramado de Denominaciones de Origen y otras normativas con las que la UE protege sus productos más tradicionales. ¿Las va a respetar el Reino Unido o los norteamericanos podrán inundar el mercado de las islas con Champagne de California? Un mercado de vinos tan importante como el inglés, en el que se le pueda poner Bordeaux o Rioja a cualquier producto, puede ser kafkiano. Por no citar las propias del Reino Unido.
En el plano procedimental y estratégico, para la industria española, conocer cómo se articula el proceso de negociación y cómo se puede influir en el mismo, se ha convertido en un objetivo esencial del negocio en los próximos meses e incluso años. Las grandes multinacionales tienen voz propia, e incluso algunas han creado grupos de trabajo internos; pero no toda la industria tiene la capacidad y la expertise suficiente. No hay expertos en procesos de salida de la UE. Es un fenómeno nuevo. Ahora bien, disponer de asesoramiento en Bruselas, Londres y Madrid, con un equipo conocedor del sector, que filtre la información y con capacidad de análisis, es fundamental. La apertura de canales de diálogo bidireccionales con la Administración española se hace igualmente necesaria, y ello tanto en el plano sectorial (con el MAPAMA en este caso), como en el transversal (comercio exterior, asuntos europeos, REPER…etc.). La Administración española ni puede ni debe afrontar sola la negociación, que además -para mayor dificultad, aunque con toda lógica- ha de hacerse en consonancia con sus veintiséis socios europeos.
Subestimar el impacto con la finalidad de evitar preocupaciones no es un ejercicio de responsabilidad. El catastrofismo tampoco. Cuando se afrontan retos de impacto en el negocio hacen falta líneas estratégicas, planes de acción y una adecuada implantación. Buscar un adecuado asesoramiento es esencial. Nos queda como mínimo un año de negociaciones, y tras aclarar las cuestiones iniciales, entraremos de lleno en la negociación comercial. El sector agroalimentario español tiene la obligación de estar preparado, y la Administración de apoyarlo. El negocio está en juego.

(Texto extraído de la tribuna publicada en el periódico El Economista el pasado 7 de julio de 2017.)

Desarrollo del Entorno Digital en España

Tribuna de opinión publicada en Nexotur por Alfonso González, consultor en Vinces

Desarrollo del entorno digital en España

Desarrollo del entorno digital en España

Tribuna de opinión publicada en Nexotur por Alfonso González, consultor en Vinces

España fue reconocida por primera vez en 2015, según el Foro Económico Mundial, como el país con el Sector Turístico más competitivo, posición que revalidó en 2016. El informe The Travel & Tourism Competitiveness Report evalúa 14 áreas y otorga una nota media para cada uno de los 136 países analizados. España obtuvo un 5,43 sobre 7, seguida de cerca por Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
Entre las debilidades de España cabe destacar la preparación para el entorno digital y el ambiente para hacer negocios, donde se incluyen las facilidades para emprender e invertir. En la primera variable ocupamos el puesto 29 de la clasificación y en la segunda, el 75, con todos nuestros inmediatos competidores en posiciones más avanzadas en ambas categorías.

Ahondando en el ámbito digital, España ocupa el puesto 35 en el índice mundial Networked Readiness Index (NRI), elaborado también por el Foro Económico Mundial y, a nivel europeo, se coloca en el 14º lugar en el Digital Economy and Society Index (DESI) de la Comisión Europea.

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¿Cómo hacer negocios con la ONU?

8 factores a tener en cuenta si piensas en desarrollar una línea de negocio con la ONU

 

1. Naciones Unidas adquiere anualmente más de $15,000m de todo tipo de bienes y servicios

El mercado multilateral de Naciones Unidas adquiere anualmente más de $15,000m de todo tipo de bienes y servicios para sus actividades en sedes y terreno, además de contratar asistencias técnicas y consultorías. Existen importantes oportunidades de negocio para empresas de todos los sectores.

2. Mercado desconocido en España

Pese a las grandes oportunidades de negocio que ofrece la ONU, este mercado sigue siendo un gran desconocido para la empresa española. Nuestro país ocupa el puesto 54 en la lista de proveedores mundiales de Naciones Unidas, con un descenso de más de un 12,15% en el valor de las ventas españolas entre 2015-2016.

3. España cuenta con una buena reputación en la ONU

España ocupa el noveno puesto en la escala de contribuciones financieras al Presupuesto Ordinario de Naciones Unidas. El sexto puesto si sumamos las contribuciones obligatorias, voluntarias y las aportaciones a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Además, España cuenta con buena imagen y reputación en Naciones Unidas, lo que abre importantes puertas a la contratación. Nuestras empresas son muy competitivas y sus servicios muy bien valorados por lo que no hay que tener miedo a explorar este mercado.

4. ONU: Un cliente fiable y leal

Naciones Unidas puede ser un gran cliente. Diariamente se publican licitaciones y oportunidades de colaboración. Los procesos son muy transparentes y la organización muy fiable en sus pagos. Una vez se establecen relaciones, éstas pueden ser de muy largo plazo (long term agreements).

 

¿Cómo hacer negocios con la ONU?

5. Imprescindible: expertos en la materia

Además de la solidez técnica y financiera de la propuesta, para tener éxito es esencial la seriedad, la paciencia y el uso del lenguaje propio de Naciones Unida. Por ello es imprescindible para la empresa contar con expertos en la materia a lo largo de todo el proceso. La extensión de los pliegos, la dificultad del lenguaje técnico en inglés, así como los lenguajes específicos de los ámbitos del mantenimiento de la paz y humanitario son factores que desaniman a las empresas e impiden que triunfen en este mercado por sí solas.

6. Es el turno de las pymes

Hay que cambiar la mentalidad de nuestras empresas. No se trata de un mercado solo accesible para empresas del IBEX 35, sino que las pymes cuentan con oportunidades fantásticas de negocio hasta ahora desconocidas para ellas.

7. Responsabilidad Social Corporativa

Para fortalecer la imagen de la empresa y reforzar su legitimidad social, es también importante contar con una innovadora estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Teniendo en cuenta el creciente peso de ello en nuestra sociedad, más allá de los servicios tradicionales de RSC, es fundamental que recordemos, en primer lugar, la importancia para la empresa de la gestión de riesgos en toda su cadena de suministros y, en segundo lugar, la importancia para las compañías de establecer colaboraciones pro-bono con proyectos estrella de la ONU en tiempo real. Otros temas clave son los compromisos de la empresa con los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cumplimiento del Acuerdo de París de 2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

8. En equipo, sector privado y administración

Es importante trabajar la presencia española en la ONU de modo muy colaborativo entre en el sector privado y la administración, dadas las fortalezas técnicas de nuestro tejido empresarial y gracias a todas las oportunidades que este mercado ofrece.

Vinces busca Consultor/a Junior

Vinces está en el proceso de contratar a un Consultor Junior que contribuya al asesoramiento a organizaciones en su estrategia de public affairs.

Vinces busca Consultor/a Junior

El Consultor Junior se integrará dentro de un equipo de consultores que asesoran diariamente a clientes en estrategias integradas de public affairs. Su misión será diseñar e implementar un trabajo de consultoría en colaboración con el resto del equipo para organizaciones privadas de marcado perfil internacional que necesitan de socios estratégicos para navegar en la complejidad política, regulatoria y social española. El objetivo último es contribuir a que los clientes puedan desarrollar su actividad de mercado mediante una efectiva gestión del no mercado, y con la legitimidad necesaria que garantice la sostenibilidad de los sectores donde operan (tecnológico, turístico, agroalimentario, medioambiental y sanitario).

El trabajo se desarrollará desde nuestra oficina de Madrid, en el barrio Almagro, y reportará a los directores de la firma.

Funciones y Responsabilidades

  1. Desarrollo de estrategias integradas de public affairs (atendiendo a elementos políticos, regulatorios y sociales) para un conjunto de clientes de marcado perfil internacional en diversos sectores
  2. Implementación de dichas estrategias, que supondrá desarrollar una estructura de trabajo junto con el equipo de directores y consultores senior.
  3. Desarrollo de inteligencia política, regulatoria y social de naturaleza general y sectorial
  4. Desarrollo de thought leadership en materias relacionadas con los asuntos públicos y las políticas públicas a través de nuestros canales de comunicación: blog, eventos, redes sociales y medios de comunicación

Perfil

Formación académica

Doble licenciatura en derecho (obligatorio) y ciencias políticas, relaciones internacionales o periodismo. Máster en las mismas áreas.

Trayectoria profesional

2 – 4 años máximo (26 – 29 años) de experiencia proveniente del ámbito del public affairs, los asuntos públicos y las relaciones institucionales. Se valorará positivamente la experiencia en tecnología y redes.

Habilidades

  1. Bilingüe español-inglés (Parte de la entrevista se realizará en inglés)
  2. Curiosidad e inquietud intelectual hacia el mundo de la política, la regulación y los medios
  3. Capacidad de innovación, de estar a la vanguardia de las últimas tendencias tecnológicas. Que tenga inquietud por aprender y absorber nuevas ideas, tendencias y conceptos
  4. Capacidad de trabajo en equipo (necesario testar los valores del respeto, la confianza, la colaboración, la competencia sana con uno mismo, y el apoyo a los demás)
  5. Capacidad de flexibilidad y adaptación a entornos cambiantes
  6. Capacidad de coordinación de proyectos donde existe un número significativo de colaboradores y actores
  7. Capacidad de gestión del tiempo y de los procesos
  8. Pro-actividad y atención al detalle

 

Haznos llegar tu CV  a: teresa.via@vinces.es

 

 

Madrid, 5 de junio de 2017