INFLUENCIA LEGÍTIMA

El registro de transparencia europeo & Public Affairs

Desde 2011, el Parlamento Europeo (PE) y la Comisión Europea (CE) han compartido un registro público de transparencia, en sustitución de los registros que hasta ese momento tenían por separado. El Consejo es observador del sistema actual desde 2014.

Aunque el registro tiene carácter voluntario, hoy en día los profesionales de Public Affairs debemos figurar en él para reunirnos con los miembros y personal de alto nivel de la CE y, salvo excepciones, para acceder a los edificios del PE.

En septiembre de 2016 la CE propuso un acuerdo interinstitucional por el cual se establecería un registro común y obligatorio para las tres instituciones (Consejo incluido). Las negociaciones entre las tres instituciones para llegar a un acuerdo están siendo largas y complejas. La mayor discrepancia es en la actualidad la obligación de registro para mantener reuniones con el Comité de Representantes Permanentes: mientras el PE defiende que se apliquen requisitos de registro obligatorio, el mandato del Consejo defiende que sean los Estados miembros los responsables de regular las interacciones entre los representantes de intereses y sus funcionarios nacionales (incluso cuando actúen como Presidencia del Consejo).

En la actualidad, los negociadores del PE, del Consejo y de la CE se han comprometido llegar a un acuerdo sobre el punto previamente mencionado. Cierto es que se acaba el tiempo de la legislatura (los mandatos de las tres instituciones terminan a lo largo del 2019), pero no se puede descartar que este tema forme parte de la agenda de la nueva CE tanto por su relevancia de cara a los ciudadanos de la UE como por haber sido abanderado hasta el momento por Frans Timmerman, actual vicepresidente de la CE y candidato del grupo S&D a presidir la institución a partir de octubre del año que viene.

El eventual acuerdo sobre un registro de transparencia obligatorio reformulará el entorno político en el que nos moveremos los profesionales de Public Affairs en Bruselas en los próximos años y enmarcará el debate sobre cómo los ciudadanos de la UE ven y entienden la representación de los intereses en el proceso democrático de la Unión. Lo que está en juego es por lo tanto importante.

A efectos prácticos, la potencial entrada en vigor del registro obligatorio establecerá un requisito previo a la representación de intereses en Bruselas. Para registrarse se mantienen los mismos requisitos que para el registro voluntario, los representantes de intereses deberán declarar, entre otras cosas, información detallada sobre las propuestas legislativas, políticas o iniciativas de la UE que son objeto de sus interacciones, una estimación de los costes anuales vinculados a las actividades cubiertas por el registro y en su caso, declarar a todos los intermediarios que lleven a cabo, en su nombre, actividades cubiertas por el registro e indicar el coste asociado a cada uno de ellos.

Ahora bien, no todas las actividades ligadas a la elaboración de políticas comunitarias se supeditarán a tal condición. Como novedad respecto al actual sistema, el mero asesoramiento quedará excluido de la obligación de registro ya que el acuerdo interinstitucional solo se aplicará a la actividad de representación de intereses que se realice a través de la interacción con el personal de las instituciones. Se mantienen así mismo excluidos determinados organismos como las comunidades religiosas, los partidos políticos o las autoridades públicas de terceros países entre otros.

Para el resto de representantes de intereses, el registro será un requisito para realizar diferentes acciones frente a las tres instituciones:

  • El PE exigirá el registro para poder acceder a sus edificios, pero también para participar en las intervenciones en las audiencias públicas de las Comisiones parlamentarias, para mantener reuniones con eurodiputados, con el secretario General, directores generales y secretarios generales de los grupos políticos y para poder patrocinar y realizar actos en el PE
  • En principio, en el Consejo el registro será necesario para mantener reuniones con el embajador de la presidencia del Consejo en curso o de la siguiente, así como con sus suplentes, el secretario general del Consejo y los Directores Generales.
  • En la CE, el registro será necesario para mantener reuniones con los comisarios, sus gabinetes y con los Directores Generales. Además, será una condición exigible para poder formar parte de los grupos de expertos, o para participar en los procesos de consulta pública además de para poder patrocinar actos.

El borrador del acuerdo recomienda a otras instituciones, órganos, oficinas y agencias de la UE utilizar el mismo como referencia para regular sus relaciones con los representantes de intereses y ofrece la posibilidad de que las mismas se adhieran al registro obligatorio. Por ello, no se puede descartar que normas similares se apliquen a organismos como la Agencia Europea del Medicamento o el Comité Económico y Social en un futuro.

El acuerdo también confiere más poderes a la secretaría del registro en materia de investigación y sanción de acciones en contra del Código de conducta aplicable a las entidades o personas registradas. La secretaría es una estructura organizativa común entre las tres instituciones compuesta por miembros del PE, el Consejo y la CE destinados a ella en comisión de servicio por sus respectivas Instituciones. El mencionado Código de Conducta obliga al registrado, entre otras cosas, a asegurarse de que la información facilitada en el registro esté completa y actualizada y no sea engañosa y a que, en caso de que se empleen a antiguos miembros del personal de cualquiera de las tres Instituciones, se respete la obligación que tienen esas personas de cumplir los requisitos y las normas de confidencialidad tras salir de la institución en la que hayan prestado sus servicios. Las mencionadas sanciones varían desde el apercibimiento formal hasta la supresión del registro.

En general, el nuevo registro obligatorio crearía una ventanilla única para que los profesionales de Public Affairs puedan ver legitimada su actividad frente, al menos, las tres instituciones comunitarias más relevantes fijando estándares de profesionalidad y transparencia.

Aunque siempre es necesario que las instituciones y los profesionales de asuntos públicos aspiremos a cumplir los estándares más altos en términos de transparencia, y existen discrepancias sobre el potencial alcance del nuevo registro, es indudable que este nuevo sistema será una herramienta que mejorará la confianza en los representantes de las instituciones y de todos los ciudadanos europeos y aumentará la  legitimidad de la contribución a la política europea que realizamos los profesionales de Public Affairs, empoderando a aquellos actores que fomenten una cultura de integridad.

 

Lourdes Huerta, Consultora

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018

El Gobierno defiende que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 tiene tres objetivos fundamentales: apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo; promover un crecimiento inclusivo y devolver a los empleados públicos parte de los esfuerzos realizados en la época de crisis.

El diseño de los PGE para 2018 se basa en la premisa de un crecimiento estimado de un 2,7% de la economía española en 2018, tres décimas por encima del 2017. Según el ejecutivo, estas cuentas serán decisivas para seguir avanzando hacia el objetivo de alcanzar los 20 millones de empleos y para que este año se reduzca el déficit público por debajo del umbral del 3% del PIB.

Contenido de los PGE 2018

En general, cabe destacar que el 56% del total de los PGE 2018 lo constituye el gasto social, siendo las pensiones la partida estrella. En términos departamentales, el gasto destinado a Fomento aumenta un 11,7%, Defensa recibirá un 10,7% más respecto al año pasado y Hacienda y Función Pública un 26,1% más, aunque hay que tener en cuenta que este incremento se debe a la asunción del pago del céntimo sanitario.

A continuación, resumimos las novedades más relevantes de los PGE 2018:

Aumenta la financiación de las Administraciones territoriales en 4.244 millones de euros, de los que 4.020 millones corresponden a las CCAA, que de esta manera verán aumentados sus recursos más de un 4% respecto a 2017. Además, los Presupuestos recogen el acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias que amplía el plazo para acometer inversiones financieramente sostenibles con el superávit presupuestario.

Nueva deducción en el Impuesto de Sociedades. EL PGE 2018 recoge una deducción del 0,7% en el impuesto sobre sociedades por gastos con fines sociales. El Ministerio de Hacienda prevé que la recaudación de impuestos alcance el máximo histórico, con una cosecha de 210.015 millones de euros, lo que supone un 6,4% más que el año pasado.

Rebajas del IRPF a los salarios más bajos y disminución de las ayudas al desempleo. Como consecuencia del pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, se eleva el límite de exención de tributación de IRPF para los salarios inferiores a 14.000 euros. Además, pagarán menos las rentas entre 14.000 y 18.000 euros. Se crean nuevos cheques de natalidad y guardería, y se incluye una nueva deducción de 1.200 euros anuales por cónyuge con discapacidad. La recaudación total prevista ascenderá a 233.508 millones de euros, con un incremento de los ingresos tributarios del 6% respecto a la recaudación de 2017. Este hecho está ligado a un incremento del empleo y los sueldos derivados del mejor contexto económico. Por otro lado, desciende un 3,4%, la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo.

Aumenta el presupuesto para infraestructuras. El Gobierno prevé invertir 8.487 millones en infraestructuras en 2018, un 12% más que en 2017. Esta partida se destina a las inversiones en este ámbito que realizan tanto los Ministerios como los distintos entes y sociedades estatales dependientes de Fomento (Adif, Aena, Enaire, Puertos del Estado y Seittsa). Casi todas las partidas aumentan su dotación, pero las partidas consideradas más importantes, como ferrocarril y carreteras, copan casi el 70% de la inversión.

Reducción del déficit. Los PGE 2018 son coherentes con el camino de reducción de deuda que mantiene el Gobierno de Rajoy. En este sentido, el Tesoro Público lanzará este año emisiones por valor de 215.327 millones de euros, una cifra casi un 8% inferior a la del año anterior. Los Presupuestos contemplan que los intereses de la deuda continúen cayendo y se ha rebajado la partida financiera dedicada a esta cuestión en un 1,9% respecto al año pasado. Así, 2018 sería el primer año que el Gobierno cumpliese sin prórrogas sus compromisos europeos al dejar el déficit público en el 3,1%.

Aumentan las pensiones mínimas y de viudedad. En 2018 las pensiones mínimas subirán en un 3%. Si la pensión es de 700 euros mensuales o menos, el incremento será del 1,5%. Y si se sitúa entre 700 y 860 euros, el incremento será de un 1%. Se incluye además un incremento de 2 puntos de la base reguladora de las pensiones de viudedad que podrán crecer hasta 450 euros anuales.

Sube el salario de los funcionarios. Los PGE incluyen el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública, tanto la convocatoria de nuevas plazas, como la mejora salarial pactada para el periodo 2018-2020. El sueldo de los funcionarios aumentará un 1,75%. Por su parte, los miembros del Gobierno y los diputados verán crecer su salario en un 1,5%. Además, la Oferta de empleo público será del 100% de la tasa de reposición siempre que las Administraciones cumplan con el objetivo de déficit.

Aumenta la partida de cultura y se rebaja el IVA del cine. La partida destinada a las artes experimenta una subida del 4,4%, pasando de 803 millones de 2017, a 838 de 2018. Destaca en este ámbito la bajada del IVA sobre las entradas de cine, que pasa del 21 al 10%. Era el último sector cultural en el que todavía estaba vigente la tasa del 21%.

Aumento del presupuesto de educación, especialmente el destinado a becas. El presupuesto para educación crece en un 3% en 2018, hasta 2.600 millones. Hay que tener en cuenta que el gasto del Estado en educación es reducido, debido a que son las CCAA las que ostentan las competencias educativas. Así, Alberto Nadal ha explicado que el gasto del Estado en Educación solo representa el 6% del total en este ámbito. Cabe destacar que las becas ganan 50 millones respecto a 2017 por el aumento de las ayudas generales al estudio y la recuperación de las becas a la excelencia estudiantil suprimidas en 2013.

Aumentan las ayudas a la dependencia y el gasto en políticas contra la violencia de género. El gasto para atender a las personas dependientes aumenta un 4,3%, igualando la partida de 2011. La parte correspondiente a la dependencia aumenta un 3,4%, hasta 1.401 millones. Por otro lado, el presupuesto para luchar contra la violencia de género aumenta un 24%, hasta alcanzar los 80 millones. El Pacto de Estado contra la violencia de género establecía un gasto de 200 millones para este periodo, pero la Ministra Dolors Monserrat ha declarado que estas cifras se deben a que la nueva Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas no permite que el Gobierno central fije en qué deben gastar las comunidades el dinero que les transfiere.

Aumento del gasto en Defensa. El departamento de defensa contará con 8.453 millones de euros, un 10,7% más respecto a 2017, por lo que es uno de los más beneficiados de los PGE 2018. Los gastos de personal crecen un 1,59% y superan los 4.600 millones, por lo que suponen el 54,4% del presupuesto total.

Otras medidas. Los PGE 2018 también contemplan otras medidas como la elevación del permiso de paternidad hasta las cinco semanas; la creación de la Tarjeta Social universal o la bonificación por conversión en indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento.

Próximos pasos

El Proyecto de Ley de PGE de 2018 se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado 27 de marzo. El 3 de abril el Ministro de Hacienda y Función Pública presentó los PGE en el Congreso de los Diputados, por lo que actualmente están en tramitación por la Mesa del Congreso. En este proceso gozan de preferencia sobre el resto de las iniciativas parlamentarias.

Tras su presentación en sede parlamentaria, el texto se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Con este paso se abrirá un plazo para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno que explicarán en detalle las cuentas de todos los Ministerios presumiblemente entre el 16 y 19 de abril.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad finaliza el día 20 de abril, por lo que el debate de totalidad en el Pleno del Congreso posiblemente tendrá lugar en torno al 25 de abril. La continuación del procedimiento de aprobación de los PGE 2018 quedará supeditada a que el Gobierno consiga los apoyos necesarios para aprobar las cuentas en esta votación. El resultado de la misma todavía es incierto dada la oposición del PNV, cuyos cinco votos son fundamentales para la aprobación de los PGE, a sentarse con el Gobierno mientras siga aplicándose el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

En caso de que el Gobierno logre los apoyos parlamentarios, la previsión es que para el 30 de junio las cuentas puedan estar aprobadas.