INFLUENCIA LEGÍTIMA

Medios de comunicación privados y elecciones

Los cuatro principios básicos

Esta noche, a las 21 horas, va a tener lugar, organizado por la Academia de la Televisión, el único debate durante esta campaña electoral entre los cuatro líderes de las cuatro principales fuerzas políticas en España. Con esta ocasión, resulta conveniente recordar las reglas básicas a las que están sometidos los medios de comunicación durante el periodo electoral. En particular nos vamos a entrar en los medios de comunicación de titularidad privada.

Sin perjuicio de otras normas como las referidas a la publicidad electoral, el precepto básico en esta cuestión es el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Este contempla cuatro principios básicos que se han de respetar: pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. En concreto el referido precepto, en su apartado 2, dice: “Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. Cabe mencionar que este apartado fue introducido en una reforma en el año 2011, en gran medida como consecuencia de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que generalizó la televisión digital.

  • Primera regla: el tratamiento de los medios de comunicación públicos y de los medios de comunicación privados ha de estar diferenciado, por cuanto el mandato de proporcionalidad y neutralidad informativa debe cohonestarse con el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas y opiniones y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz (art. 20 de la Constitución), así como con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 de la Constitución).
  • Segunda regla: se diferencia a las radios y a las televisiones. Así, los órganos de dirección de ambos deben garantizar el respeto a los principios de pluralismo e igualdad. Por su parte las televisiones privadas, durante el periodo electoral, deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral que decidan realizar.
  • Tercera regla: el principio de proporcionalidad es la clave. La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, nos dice que se entiende este principio en el sentido de que se deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes, sin que dicho criterio impida proporcionar otra información sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones, si bien es cierto que estas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones.
  • Cuarta regla: corresponde a los órganos de dirección de las televisiones privadas decidir libremente sobre la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes. Ahora bien, en caso de que un medio decida emitir un debate entre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes.

 

Os recomendamos también el análisis que David Córdova, socio de Vinces ha realizado sobre el Debate A 4 del pasado 13 de junio con el que arrancaba la campaña electoral.

El Big Data en la toma de decisiones públicas

Cómo la tecnología puede mejorar la eficacia de la Administración Pública

Fuente de la foto: www.ebusinesshoy.com 

Cuando el antiguo Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet afirmaba que al hacer frente a la crisis se habían sentido abandonados por las herramientas convencionales, o cuando el Presidente Obama afirmaba que el sistema de justicia criminal no era tan inteligente como debería ser, en realidad estaban poniendo de manifiesto dos cosas: que las autoridades públicas no hacen uso de todos los instrumentos que la tecnología pone a su disposición, y que existe una concienciación sobre este problema.

Hoy en día existen muchos ejemplos de utilización del Big Data por parte de las empresas privadas y muchas de dichas herramientas deberían ser utilizadas por los poderes públicos. Sin embargo, la realidad, como apunta Helen Margetts, Directora y Profesora del prestigioso Oxford Internet Institute, es que “el Gobierno ha sido demasiado lento en reconocer las ventajas para la elaboración de políticas y servicios”.

Ello no obsta para la necesidad de recordar cómo desde el poder público se han impulsado diversas iniciativas. Basta observar el Mercado Digital Único como proyecto “estrella” de la actual Comisión Europea, la iniciativa de la Administración Obama “Big Data: Seizing Opportunities. Preserving Values”, o “The Australian Public Service Big Data Strategy” impulsada por el Gobierno australiano.

Sin embargo, en muchas ocasiones el enfoque está equivocado. Es lo que Christopher Frank ha denominado “Alice in the Wonderland Problem”. La cuestión radica en que la elaboración de políticas públicas a través del Big Data debería preguntarse más por el “qué” que por el “cómo”. Para qué vamos a utilizar los datos más que cómo los gestionamos. Y aquí surge una de las preguntas clave: ¿para qué necesitan el Big Data los poderes públicos? La respuesta en realidad la suscribiría probablemente cualquier CEO de una compañía: detectar los problemas, reorganizar los recursos, comprobar las suposiciones, tomar decisiones, etc. Se llevan años hablando de e-Administration, e-Government, y en la actualidad está de moda hablar de Gobierno Abierto, de transparencia y de dación de cuentas. El siguiente paso es conseguir un “Gobierno inteligente” y aquí el Big Data puede jugar un papel clave.

Lo cierto es que existen áreas en las que el uso intensivo de datos ya ha mejorado los servicios. En la salud se beneficia la política de investigación a corto plazo y la sostenibilidad del sistema a largo plazo; en la educación se pueden anticipar posibles fracasos escolares; en las denominadas ciudades inteligentes, movilidad, transporte y planeamiento urbanístico; en lo meteorológico, mejora en la agricultura o en los planes de emergencia; en la seguridad pública, lucha contra el crimen, etc.

Basta observar iniciativas como el proyecto Visc+ impulsado por el Departamento de Salud en Cataluña para mejorar la investigación, la denominada Smart Fire Fighting initiative para la lucha contra el fuego del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, el proyecto Optimod para la mejora de la congestión del tráfico en Lyon o muchos otros a lo largo del mundo. Todos ellos tienen en común el uso del Big Data, el amplio margen para la Colaboración Público-Privada y, lo que es más importante, la mejora en los servicios prestados para los ciudadanos.
Queda mucho camino por andar, particularmente en la fase de toma de decisiones, pero hay que asumir que es un camino sin retorno. La adecuada utilización del Big Data permitirá acelerar la toma de decisiones, beneficiarse de las aportaciones del sector privado, impulsar vías de colaboración público-privadas y, en lo que para nosotros resulta un elemento esencial, contribuir a la legitimidad social de las decisiones públicas. Solamente por este último objetivo, merece la pena seguir volcando los esfuerzos.

 

El sector agroalimentario ante la fragmentación política

Proactividad necesaria

El escenario político que vive España no tiene precedentes. Las dos principales características del momento son la presencia de nuevos actores políticos a nivel nacional –particularmente Podemos y sus confluencias, y Ciudadanos–  y los resultados electorales obtenidos por los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Este nuevo escenario nos ha llevado a que por primera vez en la historia nos encontremos ante una disolución automática de las Cortes Generales por falta de investidura de un candidato a la Presidencia el Gobierno, con la consiguiente repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio.

Para cualquier ámbito de actividad económica esta realidad tiene consecuencias, pero para el sector agroalimentario el impacto puede ser todavía mayor por dos motivos: está afectado por todas las instancias competenciales (desde Bruselas, donde la maquinaria sigue funcionando, hasta el más pequeño de los municipios); y tiene una enorme transversalidad, tanto personal (desde el agricultor hasta las grandes cadenas de distribución), como material (desde la autorización de productos fitosanitarios hasta la fijación de los horarios comerciales).

El primer dato del impacto de dicha fragmentación en el sector es la gran apuesta de los nuevos partidos por el mismo –al menos formalmente–  como evidencia el espacio que le dedican en los programas electorales. Sin entrar en el fondo de la materia, tanto Ciudadanos como Podemos han recogido diversas medidas enfocadas al sector, más allá incluso que el espacio dedicado por los denominados partidos tradicionales. Aunque sea un dato frío, el hecho de que Podemos dedique casi un 10% de las medidas en su programa al sector es significativo. En el caso de Ciudadanos, casi el 7,5% de su programa estuvo destinado a propuestas agroalimentarias. Uno de los motivos que puede explicar esta apuesta, al menos programática, por el sector, puede venir dado por la debilidad o falta de presencia de estos partidos emergentes en el mundo rural, ámbito natural del sector agroalimentario. Una circunstancia que estratégicamente querrán cambiar. Los resultados electorales del pasado mes de diciembre son un buen botón de muestra: el bipartidismo alcanzó en los grandes núcleos urbanos un promedio de voto del 50,1%; llegando sin embargo hasta el 62% en los municipios menos poblados.

Vayamos a la política en estado puro, la que mueven los partidos políticos. ¿Está constituyendo el sector agroalimentario un vector de los acuerdos de investidura? Repasando algunos de ellos como los de Madrid, Andalucía o Aragón, observamos que las referencias al sector son inexistentes ¿Y en los pactos de gobierno? A nivel nacional, el denominado Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso suscrito entre el PSOE y Ciudadanos apenas contemplaba de manera directa un conjunto de párrafos enfocados al sector. Su mera inclusión merece una valoración positiva, al margen de consideraciones de fondo, pero también es un reflejo de que no es una materia troncal.

Es la hora de gestionar la complejidad política desde un sector ya de por sí complicado y con denominadores comunes no siempre fácilmente identificables.

Desafortunadamente, ya ha pasado el momento inicial de influir en los programas electorales. Da igual a estos efectos que volvamos a las urnas. Pero nunca es tarde para trasladar las propuestas, para conocer a los interlocutores y para evaluar su conocimiento de la realidad agroalimentaria.

Ello nos permitirá gestionar mejor este fenómeno de la fragmentación dentro de los partidos. Se está derivando en formas de actuar y en formas de decidir que deben ocupar al sector. Hay un aumento en el número de agentes políticos, una mayor falta de predictibilidad en las decisiones públicas, y una dificultad en el manejo adecuado de los tiempos. A ello se añade que la ausencia de mayorías absolutas refuerza también el poder de los partidos pequeños en todos los ámbitos de gobierno. Habrá que inventar un término nuevo porque ya no es válido ni siquiera el de “geometría variable”.

En el plano institucional, el eje se desplaza: del Gobierno al Parlamento. Ya no basta con mirar las líneas de actuación o las declaraciones del consejero del ramo o del director general. El Parlamento se ve reforzado. Los debates de la comisión de agricultura del parlamento correspondiente adquieren relevancia para detectar riesgos, observar oportunidades, descubrir posicionamientos, alinear intereses y, también, tomar decisiones. El sector agroalimentario, en toda su cadena, sin perder el plano gubernamental, tiene que estar más presente que nunca en la institución parlamentaria y tiene que conocer lo que allí se hace: de la mera regulación a la pura política.

Desde un punto de vista de estrategia política, la actitud proactiva ha de estar en el ADN de todas las organizaciones. La anticipación da oportunidades de éxito o de mitigación de riesgos. No valen los lamentos. El sector agroalimentario no puede esperar a verse arrastrado por las decisiones, por mucho que estas “se vean venir”. En este sentido existen campos de trabajo necesarios.

En lo social, el mundo digital es un ámbito prioritario de actuación. La conectividad con la sociedad una exigencia. El sector agroalimentario necesita ganar legitimidad social y, lo que es más relevante, debe proyectarla frente al decisor público. Discursos de gran calado social vinculados a la nutrición o a la sostenibilidad medioambiental, de los que algunos han hecho bandera aprovechando el paraguas que les otorgan los nuevos actores políticos, exigen de respuestas sólidas por parte de las organizaciones del sector.

Ya no vale el esquema clásico de representación de los intereses. Todos los actores del sector han de aunar esfuerzos para poner de manifiesto su contribución al tejido económico y su impacto económico y social. Y han de hacerlo de manera eficaz y eficiente. Complejidad, novedad, fragmentación y ocurrencia, se contrarrestan con objetivos claros, estrategia adecuada, presencia institucional y legitimidad social.

Este artículo también ha sido publicado el 17/07 en la revista de alimentación de El Economista; puede consultar el artículo aquí.

 

Fechas ante unas nuevas Elecciones Generales #26J

El 2 de marzo empiezan a correr los tiempos constitucionales

Y si hay nuevas elecciones… ¿Cuál sería el calendario? El pasado miércoles 2 de marzo tuvo lugar la primera votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Al margen de las consideraciones políticas, esa fecha supone el punto de partida para que comiencen a correr los tiempos constitucionales y, en su caso, electorales.

Esa fecha conlleva en primer lugar la determinación de la fecha límite para que se pueda investir al Presidente del Gobierno. En virtud de lo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución, si el lunes 2 de mayo el Congreso de los Diputados no ha otorgado su confianza a ningún candidato, el Rey disolverá ambas Cámaras (sí, el Senado también) y convocará nuevas elecciones. A diferencia de los decretos de convocatoria de las elecciones tradicionales, que van acompañados del refrendo del Presidente del Gobierno, en este caso, en virtud de la citada disposición constitucional, iría con el refrendo del Presidente del Congreso.

La publicación de la convocatoria tendrá lugar el martes 3 de mayo y a partir de ahí entran en aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (LOREG). En virtud de la misma, las nuevas candidaturas que se presenten a ambas Cámaras deberán presentarse entre el 18 y el 23 de mayo (art. 45 LOREG) y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el 25 de mayo (art. 47 LOREG).

Lógicamente España volverá a vivir una campaña electoral, es decir, el conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Desde el punto de vista temporal, la campaña tendrá lugar entre las cero horas del viernes 10 de junio y las veinticuatro horas del viernes 24 de junio (art. 51 LOREG).

Sí, también contaremos con un más que previsible aluvión de encuestas electorales, aunque estas podrán hacerse públicas solamente hasta el lunes 20 de junio (art. 69 LOREG). A partir de ese momento solamente podremos disponer de las encuestas que nos faciliten los medios de comunicación…desde Andorra.

Llegará el día que la legislación nos regala para que pensemos nuestro voto: la jornada de reflexión, que tendrá lugar el sábado 25 de junio y entre las 9 y las 20 horas del domingo 26 de junio, tendrá lugar una nueva votación.

Así, el día 19 de julio de 2016 tendrán lugar a las 10 de la mañana las sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y del Senado. En esas sesiones se elegirán a los miembros de las Mesas de ambas cámaras, incluyendo sus respectivos presidentes.

Posteriormente tendrá lugar la ronda de consultas de S.M. El Rey con los representantes de los diferentes Grupos Políticos y, en su caso, investidura del nuevo Presidente del Gobierno.

Fechas ante unas posibles elecciones

¿Cómo se financian los partidos políticos?

A continuación te contamos las fuentes de financiación, con particular mención a las derivadas de las elecciones al Congreso y al Senado.

Financiación de los Partidos Políticos en España

Las normas que regulan la financiación de los partidos políticos están recogidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 13 de junio, de Régimen Electoral General (para las campañas electorales), así como en la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de Partidos Políticos. En esta entrada, Vinces ofrece una visión general, pero existen disposiciones específicas que regulan cada una de las fuentes que comentamos a continuación.

Funding - graph

Financiación de los Partidos Políticos en las elecciones para Congreso y Senado

  • Disposiciones generales de financiación de elecciones (artículos del 127 a la 129 de la Ley Orgánica 5/1985)
  • Disposiciones especiales para las elecciones al Congreso y al Senado (artículos 174 y 175 de la Ley Orgánica 5/1985)
SUBSIDIO ELECTORAL

Límite de los gastos electorales = el resultado de multiplicar por 0,37€ el número de habitantes de las circunscripciones donde el partido político ha presentado candidatura

21.167,64 €/escaño 0,81 €/voto 0,32  €/voto

Por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado

 

Por cada voto conseguido por cada candidatura al Congreso, sujeto al menos haber obtenido un escaño de Diputado.

 

Por cada voto conseguido por cada candidato que hubiera obtenido un escaño de Senador.
SUBVENCIÓN ESTATAL PARA GASTOS

Subvención estatal para gastos resultantes del envío de papeletas y sobres a los electores, así como la propaganda electoral y la publicidad.

  • 0,18 €/elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara.
DONACIONES PARA CAMPAÑAS ELECTORALES
  • Públicas: prohibido.
  • Privadas: no más de 10.000 euros en relación con las elecciones ya anunciadas.

Cinco claves para el sector agroalimentario en el nuevo escenario político

“El sector debe unirse y se ha acabado el tiempo de las estrategias reactivas”

El sector agroalimentario ocupó un espacio considerable en el seno de los programas políticos de las pasadas elecciones de diciembre de 2015. En el caso de los nuevos partidos políticos, entre un 7 y un 10% de sus programas electorales estaban dedicados a propuestas sobre el sector. Esta importancia sin embargo no se ha trasladado a la mayoría de los acuerdos de investidura en los gobiernos autonómicos, donde apenas se menciona, dando prioridad a otras cuestiones de mayor impacto político. No obstante forma parte del debate diario, y basta para ello observar por ejemplo las más de 130 iniciativas de incidencia en el sector que durante el mes de marzo se registraron o debatieron en los diferentes parlamentos autonómicos y en las Cortes Generales.

Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, el pasado 22 de abril Vinces acogió en su despacho un encuentro de trabajo con una decena de representantes del sector agroalimentario. En el mismo estuvo presente la totalidad de la cadena, desde la agricultura hasta los centros de distribución. Estamos hablando de un sector que contribuye de manera muy relevante al PIB español y, lo que quizá es más importante, al sostenimiento de un tejido económico y social que es consustancial a la estructura territorial de España por su particular y tradicional impacto en el mundo rural.

La finalidad de este encuentro fue abrir un espacio periódico de reflexión e intercambio de buenas prácticas, sobre en qué medida la fragmentación del poder político que estamos viviendo desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo de 2015, así como la presencia de nuevos actores políticos, están provocando un cambio en la forma de trabajar por parte de los responsables de Public Affairs.

  • 1ª clave: existe una necesidad de adaptación a la nueva realidad. Los nuevos actores políticos y la sociedad exige profesionalidad y transparencia. El valor de la interlocución está en la veracidad y solidez argumental, basada en datos. Ahora más que nunca hay que enterrar el compadreo o el amiguismo como herramienta de interlocución con ministerio y partidos. Ello está inextricablemente unido a un reforzamiento del departamento o de los responsables de Public Affairs  o de relaciones institucionales en el seno de las organizaciones. Y es el momento adecuado para subrayar interna y externamente su importancia a la hora de optimizar el negocio de la organización.
  • 2ª clave: desde el punto de vista institucional, se incrementa la importancia de la institución parlamentaria. Hasta ahora el peso específico del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones dejaba sin capacidad de actuación a los parlamentos. El escenario de fragmentación política, la debilidad numérica de los partidos en el gobierno y la consiguiente necesidad de pactos, aumenta el peso específico del órgano de deliberación. Es necesario conocer lo que se hace, se dice y se decide en los parlamentos a nivel nacional y autonómico.
  • 3ª clave: desde el punto de vista organizativo y estratégico, algunos de los métodos tradicionales de trabajo se han visto superados. En los procesos de toma de decisiones se observa que el sistema clásico de discusión y debate con los actores empresariales y con otros agentes sociales, ha dado paso a un mayor peso del mensaje político y de la decisión rápida. Ámbitos con gran predicamento político y social como el de la nutrición o la sostenibilidad medioambiental esconden decisiones de impacto directo en el negocio y en la viabilidad de determinados eslabones de la cadena.
  • 4ª clave: la legitimidad social y la unión de toda la cadena de valor del sector se hacen necesarios. A mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia política. Sacrificando en determinados momentos los intereses específicos de una organización, los retos que vienen exigen de la mayor legitimidad posible y consiguientemente de aunar esfuerzos conjuntamente.
  • 5ª clave: estrategia proactiva. No cabe esperar a que las medidas vengan dadas, a resignarse a las exigencias de Bruselas. La monitorización, vigilancia, construcción de coaliciones, alineación de intereses, diseño inteligente de estrategias y la adecuada implantación de estas, son la base para evitar –o al menos minimizar– los riesgos políticos y regulatorios.

 

 

El sector agroalimentarios y los Parlamentos

¿Cómo afrontar la fragmentación parlamentaria desde el sector agroalimentario?

La prolongación de la interinidad gubernamental y los continuos debates públicos, tanto jurídicos como políticos, a los que estamos atendiendo estas últimas semanas, son muestra de que vivimos un tiempo diferente en lo político. Esta, como resulta lógico, tiene su principal proyección institucional en sede parlamentaria. Las organizaciones empresariales también tienen que prestar una particular atención al desarrollo de los acontecimientos y estar preparadas para esta nueva realidad. De poco sirven algunas metodologías tradicionales a la hora de defender los intereses empresariales. El sector agroalimentario, al igual que muchos otros, no debe ser ajeno a esta realidad y ha de saber afrontar los retos que se le plantean.

Según los datos que facilita Marca España, el sector agroalimentario emplea a más de dos millones de personas y genera el 9% del PIB. Su potencialidad hace que constituya uno de los vectores del debate político y parlamentario. Dicha importancia proyectada en toda una cadena de valor, hace que el sector se vea afectado por todos los niveles competenciales: europeo, nacional, autonómico e incluso local. Su transversalidad se pone de manifiesto además en la amplitud de las materias que afectan a la referida cadena: desde la Política Agrícola Común, uno de los vectores esenciales de la realidad europea; pasando por la denominada “fiscalidad verde”, el reciclaje y la sostenibilidad; hasta los horarios comerciales, el consumo o la seguridad alimentaria.

Todas estas cuestiones han formado parte inevitablemente de los posicionamientos políticos, del debate parlamentario y de la realidad normativa. Sin embargo el escenario actual hace que  no valgan algunas de las estructuras tradicionales de trabajo. ¿Cuáles son las tareas a desarrollar?

Algunas ya se deben haber desarrollado, tales como el trabajo con los partidos políticos a efectos de plasmar las ideas más relevantes en los programas electorales. Posteriormente se debería analizar el éxito o no de dicho trabajo.

En esta fase de interinidad, y ante la ausencia de una mayoría absoluta, la atención se ha de focalizar a los acuerdos que se puedan ir alcanzando. A título de ejemplo, el denominado Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, contempla un Plan Estratégico para la Industria Agroalimentaria, que se concreta en el incremento de la presencia de los productos españoles en los mercados exteriores mediante una acción coordinada de las Administraciones Públicas con el sector que permita la apertura de nuevos mercados y la consolidación de los actuales.

También durante esta fase se están comenzando a registrar iniciativas a las que es necesario atender. En el Congreso de los Diputados, entre muchas otras iniciativas, ya se ha registrado una Proposición no de Ley por parte de Ciudadanos respecto a la disminución del desperdicio de alimentos en el sector de la distribución para su debate en Comisión. Ya tenemos igualmente la composición en el Congreso y en el Senado de las Camisones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; a las que corresponderá decidir en el plano normativo y político en muchas ocasiones. La elaboración de perfiles de los protagonistas que no sean meras biografías, el análisis de sus trayectorias políticas, posicionamientos en redes sociales, debates públicos…servirán para conocer al político y a la persona, su familiaridad con el sector, sus inquietudes en el plano geográfico y, lo que es más relevante, la identificación de potenciales vías de colaboración.

No podemos olvidar por otro lado que los Parlamentos autonómicos están en plena actividad y, en línea con lo arriba apuntado, se producen numerosos debates sobre el sector en los que los nuevos actores políticos también están participando, haciendo uso de todas las herramientas parlamentarias: desde las preguntas orales sobre el sector lácteo en la Junta General del Principado de Asturias hasta Proposiciones no de Ley sobre las  cuotas del  sector pesquero en el Parlamento de Galicia.

La creación de un sistema estable para seguir estas iniciativas se muestra como un elemento esencial en la estructura de trabajo de cualquier organización del sector. Poder conocer las prioridades, gestionar los riesgos, detectar las oportunidades, identificar a potenciales interlocutores, desarrollar mecanismos estables de colaboración, analizar las transacciones a las que se están llegando, observar la posible modificación de posturas de los actores tradicionales, conocer el posicionamiento de los nuevos, y optimizar el partenariado público-privado son algunas de las ventajas que se pueden obtener.

Un Parlamento fragmentado, aunque resulte paradójico, puede aumentar su poder en los pesos y contrapesos institucionales. Ahora bien, también incrementa el número de actores a tener en cuenta, la necesidad de poner en la balanza muchos intereses y consiguientemente, exige de un esfuerzo mayor de trabajo en esta institución. El sector agroalimentario, de los más importantes en nuestro país, no puede dejar de hacerlo…


 

El próximo día 22 de abril a las 09:00 tendrá lugar el Desayuno sobre el Sector Agroalimentario, en el que daremos respuesta a preguntas como:

  • ¿cómo promover los intereses del sector en un escenario político sin precedentes?
  • ¿cómo “moverse” en un Parlamento sin mayorías?
  • ¿cómo negociar un proyecto de ley con un gobierno de coalición?
  • ¿cómo establecer estructuras estables de participación del sector?
  • ¿cómo anticiparse al cambio, gestionar posibles riesgos y detectar oportunidades?

Si usted es el Responsable de Asuntos Corporativos y de Gobierno de una empresa perteneciente a este sector y desea asistir, apúntese en este link.

Te contamos cómo es una sesión de investidura

El debate, la votación, los plazos…

A día de hoy se tiene conocimiento de que, tras una segunda ronda de consultas con los grupos políticos con representación parlamentaria, S.M. El Rey ha propuesto, a través del Presidente del Congreso de los Diputados, un candidato a la Presidencia del Gobierno. En concreto a Pedro Sánchez, Secretario General del Partido Socialista Obrero Español y cabeza de lista de esta formación en Madrid. En los medios de comunicación, y en uso de la potestad que le otorga el Reglamento del Congreso en su artículo 170, el Presidente del Congreso ha anunciado la convocatoria de la sesión plenaria en la que tendrá lugar el debate de investidura para el próximo martes 1 de marzo.

¿Y cómo discurre la sesión de investidura? Siguiendo lo previsto en el artículo 171 del Reglamento del Congreso, comienza formalmente con la lectura por la Secretaria Primera del Congreso (en este caso la Sra. Sánchez-Camacho, del Partido Popular) de la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno. A continuación interviene, sin límite de tiempo, el candidato a la Presidencia del Gobierno para exponer el programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar la confianza de la Cámara. Tras un tiempo de interrupción que determina el Presidente del Congreso, intervienen los representantes de los Grupos parlamentarios, de mayor a menor, por un tiempo de treinta minutos cada uno, sin perjuicio de que suele ser práctica habitual que cuando un Grupo parlamentario está compuesto por representantes de diferentes fuerzas políticas, caso por ejemplo del Grupo Mixto, se dividan el tiempo de que disponen. También es práctica habitual que el último Grupo parlamentario en intervenir en el debate es aquel al que pertenece el propio candidato.

El Reglamento, a su vez, dispone que el candidato a Presidente del Gobierno puede ir respondiendo a cada Grupo parlamentario –que es la práctica habitual– o bien puede hacerlo globalmente al final. También están previstos los turnos de réplica por parte de los Grupos parlamentarios, y de dúplica por parte del candidato presidenciable. E incluso, cabe añadir que, dentro de los usos y costumbres parlamentarios, no es infrecuente que se conceda un tercer turno a cada Grupo parlamentario y la consiguiente posibilidad de respuesta por parte del candidato a Presidente del Gobierno. En definitiva, nos encontramos con una sesión que suele prolongarse en el tiempo. A título de ejemplo, en la última ocasión, en diciembre de 2011, la sesión comenzó a las doce de la mañana, se interrumpió al mediodía, continúo a las cuatro de la tarde, se interrumpió de nuevo pasadas las diez de la noche, se retomó al día siguiente a las nueve de la mañana y concluyó el debate pasadas las doce de la mañana.

Y cuando termina el debate, ¿cómo se vota? El sistema de votación es público por llamamiento. Este sistema supone que los Secretarios de la Mesa del Congreso van llamando a los Diputados por orden alfabético (con la excepción de los miembros del Gobierno en funciones que sean Diputados y los miembros de la Mesa del Congreso, que votan al final) y estos responden desde sus escaños “sí”, “no” o “abstención”. Si el candidato del Partido Socialista obtiene el día 2 de marzo 176 votos a favor (la mayoría absoluta del Congreso) se entenderá otorgada la confianza de la Cámara.

¿Y qué ocurre si el miércoles 2 de marzo Pedro Sánchez no consigue 176 votos a favor? Entonces se llevaría a cabo una nueva votación, en principio prevista para el sábado 5 de marzo, con una importante diferencia: bastaría la mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? Muy sencillo: que haya más síes que noes.

¿Y sí tampoco el sábado 5 de marzo obtiene la mayoría simple? Entonces cabrá la posibilidad de que se realicen nuevas sesiones de investidura –del mismo o de distinto candidato en función de las consultas– con el mismo procedimiento. ¿Hasta cuándo? El límite sería el lunes 2 de mayo. Si ese día ningún candidato ha obtenido la confianza del Congreso de los Diputados, el Presidente del Congreso sometería a la firma del Rey el Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de elecciones, y lo comunicaría al Presidente del Senado. Entonces, y con base en la normativa electoral, tendríamos nuevas elecciones el domingo 26 de junio….

Y… ¿por qué es importante la composición de la Mesa del Congreso?

¿Qué ocurrirá en el Congreso de los Diputados y en el Senado?

Composición de la mesa del congreso

  • Presidente del Congreso: Patxi López (Partido Socialista Obrero Español)
  • Vicepresidenta Primera: Celia Villalobos (Partido Popular)
  • Vicepresidenta Segunda: Micaela Navarro (Partido Socialista Obrero Español)
  • Vicepresidenta Tercera: Gloria Elizo (Podemos)
  • Vicepresidenta Cuarta: Rosa Romero (Partido Popular)
  • Secretaria Primera: Alicia Sánchez (Partido Popular)
  • Secretario Segundo: Jose Ignacio (Ciudadanos)
  • Secretario Tercero: Patricia Reyes (Ciudadanos)
  • Secretario Cuarto: Marcelo Espósito Prieto (Barcelona En Comú)

 

Y… ¿por qué es importante la composición de la Mesa del Congreso?

 

Decíamos hace un par de días que la composición de la Mesa de la Cámara Baja habitualmente –no siempre-  viene marcada por la existencia de pactos políticos. La votación en la sesión constitutiva que ha tenido lugar en el día de hoy así lo ha reflejado, dando lugar a que Diputados de determinados partidos políticos (que no de Grupos Parlamentarios, que todavía no se han constituido) hayan votado en favor de candidatos presentados por otras formaciones.

Hemiciclo Congreso Diputados

Hemiciclo del Congreso de los Diputados en 2016 – vía ElMundo

La Mesa es el órgano de gobierno de la Cámara y consiguientemente goza de una importancia que va mucho más allá de la institucional propiamente dicha. Pensemos que entre las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso de los Diputados existen tres de particular relevancia.

  • La primera es la de calificar, con arreglo al Reglamento, los escritos y documentos de índole parlamentaria, así como declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. Por tanto, la Mesa puede inadmitir, dentro lógicamente de los márgenes que le otorga el ordenamiento, una pregunta parlamentaria o una enmienda a un proyecto de ley…cuestiones todas ellas que se han dado en muchas ocasiones a lo largo de las últimas décadas.
  • En segundo lugar, le corresponde decidir la tramitación de todos los escritos y documentos de índole parlamentaria, de nuevo, de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento, decidiendo por ejemplo que una comparecencia concreta tenga lugar en una comisión o en otra, lo que puede tener su trascendencia política.
  • Por último, le corresponde también, como cláusula de naturaleza general, adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara; esto es, decisiones de naturaleza contractual, de personal, de distribución de espacios…incluyendo también el lugar que van a ocupar los diferentes Grupos Parlamentarios, que no los Diputados propiamente dichos, en el Hemiciclo. Y, en fin, muchas otras decisiones como la prórroga o reducción de plazos, cuestión que trasciende, con mucho, la vertiente puramente procedimental.

Probablemente en los próximos días vamos a observar algunas de sus primeras decisiones de particular relevancia, caso por ejemplo de la composición de las comisiones que se vayan a constituir, respetando la proporcionalidad y teniendo en cuenta el criterio de la Junta de Portavoces, el otro órgano clave en el funcionamiento del Congreso.

Pero quizá la decisión de mayor importancia o repercusión pública sea la concerniente a los Grupos Parlamentarios. En el plazo de cinco días desde la sesión constitutiva, los Diputados que deseen formar un Grupo Parlamentario deberán dirigir un escrito a la Mesa manifestando su voluntad de hacerlo. La farragosa y compleja redacción del Reglamento del Congreso, los precedentes parlamentarios (para todos los gustos…) y el margen de discrecionalidad que la jurisprudencia constitucional ha dado a la Mesa a la hora de admitir o no la constitución de un Grupo Parlamentario, conllevará probablemente que la polémica esté servida…pero sobre esto ya escribiremos otro día.

El 13 de enero, una fecha clave

¿Qué ocurrirá en el Congreso de los Diputados y en el Senado?

Al margen de las intensas negociaciones políticas que responden a la lógica del resultado electoral, el próximo 13 de enero de 2016 se visualizará institucionalmente la existencia o no de pactos. El motivo es que esa es la fecha de celebración de las sesiones constitutivas en el Congreso de los Diputados y del Senado, tal y como estableció el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones.

Congreso de los Diputados

Foto: Congreso de los Diputados, Madrid, España

¿Qué ocurrirá ese día? En el caso del Congreso de los Diputados asumirá la Presidencia de dicha sesión el Diputado electo de mayor edad de los presentes, acompañado de dos secretarios, que serán por el contrario los dos más jóvenes. El Presidente abrirá la sesión y dará la palabra a uno de los secretarios para que a su vez dé lectura al referido Real Decreto de convocatoria, a la relación de diputados electos y los recursos contencioso-electorales interpuestos, con indicación de los diputados electos que pudieran quedar afectados por la resolución de los mismos.

El paso siguiente será la elección de los miembros de la Mesa del Congreso. Aquí es donde se visualizará institucionalmente los posibles pactos existentes. ¿Por qué? Porque ha sido práctica habitual en anteriores Legislaturas la existencia de pactos políticos para ocupar los nueve puestos de la Mesa (la Presidencia, las cuatro Vicepresidencias y las cuatro Secretarías); incluso en determinadas ocasiones incluyendo en el pacto también los siete puestos a cubrir en el caso del Senado (donde solamente hay dos Vicepresidencias). Las votaciones son nominales, escribiendo un solo nombre en cada una de las candidaturas. En el caso de la elección del Presidente resulta elegido el que obtenga la mayoría absoluta en una primera votación, y si no basta la mayoría simple. En el caso de los cuatro Vicepresidentes se eligen simultáneamente, resultando elegidos, por orden sucesivo, los cuatro que obtengan mayor número de votos. Del mismo modo se elige a los cuatro Secretarios. En caso de que haya de pactos políticos, observaremos cómo diputados de un determinado partido votan a candidatos de otras fuerzas políticas. Si no es así, lo previsible es que cada uno vote al suyo. Si es esta última la opción que se da, la aritmética parlamentaria nos daría que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos tendrían un vicepresidente y un secretario cada uno. En el caso de la Presidencia habrá que esperar a esa segunda votación…

En el caso del Senado, y como curiosidad, hay una mayor solemnidad por cuanto existe la institución de la Junta Preparatoria. Esta es presidida por el Senador que primero haya presentado la credencial. Durante dicho acto el letrado mayor lee la convocatoria de la Cámara, la lista de Senadores por orden de presentación de credenciales, y dará cuenta, si las hay, de las impugnaciones presentadas contra la proclamación de Senadores. A continuación se constituye también, al igual que en el Congreso, la Mesa de edad. En este caso será presidida por el Senador presente de mayor edad, acompañado de cuatro secretarios, que serán los más jóvenes. Las votaciones son idénticas a las previstas en el caso del Congreso, con la citada salvedad de que hay solamente dos vicepresidencias y de que en el caso de los cuatro secretarios se incluyen en cada papeleta de votación dos nombres. Si hay pactos de nuevo, veremos cómo Senadores votan a miembros de otros partidos políticos. Si no los hay, tendremos, vistos los resultados electorales, un PP con la Presidencia, la Vicepresidencia Primera y dos Secretarías (mayoría absoluta en la Mesa); correspondiendo al PSOE la segunda Vicepresidencia y las Secretarías Tercera y Cuarta.

Otro día hablamos de la importancia de las Mesas y el papel que juegan….