AGROALIMENTARIO: URGENCIAS DEL `BREXIT´

El pasado 23 de junio se cumplía un año desde que el Reino Unido votó por romper con la Unión Europea después de ser miembro durante 43 años. Las turbulencias que levantó la decisión (basta ver los resultados electorales) todavía siguen sin dejarnos ver con suficiente claridad qué desarrollo van a tomar las negociaciones, que apenas han empezado en el mes de junio.

El sector alimentario británico está muy preocupado por el resultado final de las negociaciones, como no podría ser de otra forma. La UE es un gran mercado para los productos que exportan, y a su vez, una fuente de mano de obra para las fábricas y los campos, sin los que la producción se pondría en cuestión al tener serias dificultades el sector para encontrar en el mercado laboral local candidatos suficientes. La devaluación de la libra ya supone que las materias primas y los productos finales que se importan sean más caros, y la posible aplicación de tarifas si se materializa la salida del Mercado Único aún los encarecería más.

Las empresas con intereses en el Reino Unido ya han empezado a evaluar los posibles escenarios, y a tomar medidas. Por ejemplo, ABP acaba de anunciar la compra del 50% del procesador Linden Foods, y la Joint Venture entre Dawn Meats y Dunbia. Estos grupos cárnicos irlandeses no quieren dejar escapar un mercado que es para ellos tan beneficioso, y han cerrado acuerdos con empresas locales que les garantizarán su presencia en el Reino Unido y mitigar los riesgos que puede llegar a suponer el depender de productos importados desde Irlanda.

Un buen número de empresas españolas ya tienen canales de comercialización de sus productos muy establecidos en el Reino Unido, y han logrado crecer gracias a su buen hacer y a la gran aceptación de los productos españoles. Tradicionalmente era un mercado para productos hortofrutícolas, y así lo demuestran las cifras con más de la mitad de nuestras exportaciones del sector; pero otros sectores como el vino y los productos cárnicos se han conseguido implantar.

Los retos que deberán afrontar las empresas españolas dependerán de cómo sea el acuerdo final, y naturalmente, es todavía muy pronto para aventurar cuál será el resultado. En caso de una ruptura total de relaciones, la salida del Mercado Único va a suponer tratar al Reino Unido como un país tercero: restauración de fronteras, ralentización del tránsito, aumento de la burocracia y multiplicación de incidentes; o tarifas al comercio, hasta que se acuerde un nuevo marco comercial, entre otras cuestiones.
En el plano normativo habrá que estar muy atento a la nueva legislación alimentaria que desarrolle el Reino Unido. Puede llegar a ser más restrictiva que la europea, con lo que puede afectar a la competitividad de las empresas que quieran vender en ese país, que se verán amenazadas por un potencial rechazo.

Otra cuestión importante es el entramado de Denominaciones de Origen y otras normativas con las que la UE protege sus productos más tradicionales. ¿Las va a respetar el Reino Unido o los norteamericanos podrán inundar el mercado de las islas con Champagne de California? Un mercado de vinos tan importante como el inglés, en el que se le pueda poner Bordeaux o Rioja a cualquier producto, puede ser kafkiano. Por no citar las propias del Reino Unido.
En el plano procedimental y estratégico, para la industria española, conocer cómo se articula el proceso de negociación y cómo se puede influir en el mismo, se ha convertido en un objetivo esencial del negocio en los próximos meses e incluso años. Las grandes multinacionales tienen voz propia, e incluso algunas han creado grupos de trabajo internos; pero no toda la industria tiene la capacidad y la expertise suficiente. No hay expertos en procesos de salida de la UE. Es un fenómeno nuevo. Ahora bien, disponer de asesoramiento en Bruselas, Londres y Madrid, con un equipo conocedor del sector, que filtre la información y con capacidad de análisis, es fundamental. La apertura de canales de diálogo bidireccionales con la Administración española se hace igualmente necesaria, y ello tanto en el plano sectorial (con el MAPAMA en este caso), como en el transversal (comercio exterior, asuntos europeos, REPER…etc.). La Administración española ni puede ni debe afrontar sola la negociación, que además -para mayor dificultad, aunque con toda lógica- ha de hacerse en consonancia con sus veintiséis socios europeos.
Subestimar el impacto con la finalidad de evitar preocupaciones no es un ejercicio de responsabilidad. El catastrofismo tampoco. Cuando se afrontan retos de impacto en el negocio hacen falta líneas estratégicas, planes de acción y una adecuada implantación. Buscar un adecuado asesoramiento es esencial. Nos queda como mínimo un año de negociaciones, y tras aclarar las cuestiones iniciales, entraremos de lleno en la negociación comercial. El sector agroalimentario español tiene la obligación de estar preparado, y la Administración de apoyarlo. El negocio está en juego.

(Texto extraído de la tribuna publicada en el periódico El Economista el pasado 7 de julio de 2017.)