Vienen los presupuestos… y que vengan rápido

Los tiempos hacen que sea inevitable que los Presupuestos de 2016 se prorroguen durante los primeros meses de 2017. Cabe recordar que el artículo 134.4 de la Constitución dice que “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. No es la primera vez que un Gobierno del Partido Popular vive esta situación. Recordemos que cuando llegó al Gobierno a finales de 2011, se prorrogaron los Presupuestos hasta que los nuevos se aprobaron en junio de 2012.

En las próximas semanas, sin que sea posible concretar el momento, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Las negociaciones extraparlamentarias ya se están produciendo, según noticias en prensa, pero son dos los principales motivos que exigen de una tramitación lo más rápida posible: primero, la propia importancia de los presupuestos en sí mismos. Hay que tener en cuenta que no son sino la plasmación económica de la política gubernamental; y segundo, las exigencias de Bruselas.

En referencia a estas últimas, el pasado 16 de noviembre la Comisión Europea, tras el diálogo estructurado con el Parlamento, señaló que, visto el proyecto de plan presupuestario presentado por España a mediados de octubre, y los informes sobre las medidas tomadas en respuesta a las advertencias del Consejo adoptadas el 8 de agosto de 2016, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de déficit excesivo de España debe mantenerse en suspenso, y que ya no concurrían las circunstancias que exigieron la propuesta de la Comisión de suspender parte de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, por lo que no habrá tal propuesta. Sin embargo, ha recordado que España tiene que reducir su déficit hasta el 3,1% a finales de 2017. El ajuste está estimado en unos 5.500 millones de euros.

Además de su intrínseca relevancia, los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria y a la solidez gubernamental. Tratándose de la norma más importante del año, las dificultades o no que el Gobierno se pueda encontrar para sacarla adelante van a ser el primer botón de muestra de la verdadera situación política y una nota significativa respecto a la Legislatura que vamos a vivir.

Desde el punto de vista temporal, cuando el Gobierno popular ganó las elecciones con mayoría absoluta a finales de 2011, el Presupuesto fue remitido a principios de abril. Si hiciéramos una proyección al escenario actual, estaríamos hablando de un proyecto de presupuestos a mediados de enero, aunque es de esperar que, ante un gobierno de continuidad, los tiempos se acorten.

En lo que concierne a la tramitación parlamentaria, cuando se tramitaron los presupuestos del año 2016, desde la entrada del proyecto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, transcurrieron dos meses y medio. La tramitación es larga, compleja y marcada por unas exigencias normativas y unas prácticas consolidadas. Se hace la presentación, se publica, se abre un periodo para solicitar las comparecencias, así como otro para presentar las enmiendas a la totalidad y un tercero para presentar las enmiendas al articulado. Posteriormente se procede a la celebración de las comparecencias explicativas que, como nota curiosa, no tienen lugar en la Comisión de Presupuestos, sino en las Comisiones competentes por razón de la materia. Seguidamente, dentro ya del esquema clásico, proceden las siguientes fases: debate de totalidad, informe de la ponencia, dictamen de la Comisión de Presupuestos y aprobación del mismo por el Pleno de la Cámara. A continuación, viene el trámite del Senado y, en caso de introducción de modificaciones, su remisión de nuevo al Congreso. Si se extrapolan los plazos de otras ocasiones y se aplica la urgencia requerida, podríamos tener unos presupuestos aprobados para finales del mes de marzo.

La aritmética parlamentaria, los compromisos derivados del acuerdo de investidura, las exigencias de Bruselas y la propia dinámica de la economía nacional exigen de un complejo equilibrio en el fondo, un espíritu negociador en las formas y una celeridad en los tiempos.