INFLUENCIA LEGÍTIMA

Representación de intereses: los registros de Transparencia

Una herramienta útil pero incompleta

Un artículo reciente alertaba de lo que llamaba la influencia tentacular de las grandes empresas norteamericanas en Bruselas.  El artículo comentaba que siete grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Google, Uber y Apple habían invertido 13 millones de euros anuales para influir en los procedimientos regulatorios que desde Bruselas se dirigen a todos los países de la UE.

También recogía los datos publicados por Transparencia Internacional sobre el número de reuniones mantenidas por estas empresas con los comisarios de la Comisión Europea: Google lidera el palmarés con 124 encuentros entre noviembre de 2014 y enero de 2017, seguido de Microsoft con 64 en el mismo periodo de tiempo.

Estos datos, aunque son verídicos, no reflejan necesariamente toda la realidad. Por poner dos ejemplos muy concretos: hay empresas americanas que no son tecnológicas y que dedican aún más recursos que las arriba mencionadas, como es el caso de General Electric (5,5 millones en 2015); y también hay empresas europeas que invierten en lobby casi tanto o más que Google y Microsoft.

Toda esta información está disponible en el Registro de Transparencia de la UE, que desde su creación en 2011 ha sido objeto de no pocas críticas. Por un lado, su carácter voluntario imposibilita conocer a todos los actores que defienden sus intereses en el escenario europeo; por otro, las omisiones o vaguedades de información al realizar la inscripción dejan lugar a un amplio margen de opacidad.

En paralelo a la creación del Registro han surgido diferentes iniciativas para traducir de alguna manera o explicar las cifras que ahí aparecen; portales como LobbyFacts.eu, que ofrecen de una manera sencilla y didáctica estadísticas sobre los gastos en los que incurren los actores en Bruselas y permiten ver la evolución de recursos que destinan las diferentes organizaciones. No deja de ser paradójico que una herramienta creada para arrojar luz con datos y cifras necesite a su vez ser aclarada; y deja patente que un registro incompleto no puede cumplir realmente su fin.

No obstante, por muy completo que fuera, un registro de estas características solo representa una porción del complejo del mundo del lobby en la UE. Los llamados registros de transparencia, tal y como están concebidos ahora, no ofrecen más que un atisbo de todo lo que gira en torno a la representación de intereses; una pequeña parte que se limita a mostrar, en el caso del Registro de la UE, los recursos que destinan las compañías y otras organizaciones a representar sus intereses.

Por eso es tan interesante la iniciativa puesta en marcha por Transparencia Internacional, a través de su portal EU Integrity Watch. Este recoge las reuniones celebradas en la Comisión Europea, información sobre las actividades de los eurodiputados e información sobre nuevos puestos de trabajo de antiguos eurodiputados y comisarios. Este tipo de información es la que permite obtener una perspectiva más completa y menos ingenua de la representación de intereses y de los posibles conflictos que estos pueden generar. No olvidemos que por cada empresa, asociación, patronal u organización causahabiente (o stakeholder, de manera genérica) que tiene un interés que representar y que se moviliza para ello, existe un abanico de intereses que se superponen y que en el caso de la Unión Europea tiene aún más capas: los intereses de cada institución, los intereses nacionales de los países afectados, los intereses de los políticos que tienen sus propias causas que defender o batallar y hasta los intereses del funcionario al que le ha tocado gestionar el dossier.

Si exigimos transparencia, seamos consecuentes y pidámosla a todos los niveles. Cuestión distinta es de qué sirve esta sobre-información, cómo mejora nuestra democracia y qué interés tiene realmente la sociedad en conocer esto (¿cuántas personas consultan estos Registros?). Pero eso es otro artículo…

 

Los departamentos de Public Affairs que tendrán éxito en 2017

¿Cuáles son las estrategias de public affairs más efectivas?

 

Ningún CEO de éxito pone en duda el impacto que provocan las regulaciones, la opinión pública y las decisiones de los gobiernos en los modelos de negocio. Sin embargo, la gestión de estos factores -el cómo- englobados en conceptos como “public affairs”, “non market” o “beyond markets” sigue siendo objeto de estudio de escuelas de negocio de máximo prestigio (Stanford, Kellogg, Wharton, IE).

Desde la praxis, no dejo de analizar factores de management que no sólo promuevan “conciencia o cambio cultural” de los asuntos públicos en las compañías, sino que también generen cambios estructurales dentro de la organización e impacten en los resultados de negocio. No es posible hablar de un solo modelo o fórmula de éxito, pero sí he identificado aceleradores de cambio a través de estrategias efectivas de asuntos públicos en diversas compañías o departamentos que merece la pena compartir. Así que abriendo las puertas del 2017 nos aventuramos a determinar qué departamentos de public/corporate/government affairs tendrán éxito en el año que empezamos:

 

1º Los que no tengan miedo a alinearse con los objetivos de negocio

Ya no es posible que el departamento de public affairs sea ajeno a los objetivos de negocio. La finalidad del departamento es facilitar el entorno más adecuado al negocio por lo que huir de la presión del negocio sólo debilita el papel del departamento. Si tu departamento está considerado un departamento de costes, año tras año tu presupuesto será reducido a la mínima expresión… Por el contrario, si eres capaz de arriesgar con las unidades de negocio y haces pinza con ellas, tu función no será “un mal necesario” sino un agente imprescindible para generar negocio.

2º Los que se comprometan en su Plan Anual con indicadores de resultados

Tratar con intangibles no significa que no puedan fijarse indicadores de resultados periódicos. Esos indicadores no garantizan al 100% el éxito, pero sí son el instrumento para determinar que se va por el buen camino. Hay procesos de ventas que duran dos años y los comerciales establecen pasos intermedios como objetivos, de la misma forma los public affairs que marcan el paso en la compañía establecen y se comprometen con “hechos” o “quick wins”.

3º Los que comuniquen periódica y metódicamente sus éxitos dentro de la Compañía

En mis clases y conferencias siempre hago la misma pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas como director del departamento a comunicar y negociar internamente tu trabajo dentro de la compañía? Nadie en estos 10 años me ha dicho que menos del 50%. Aquellos departamentos que estructuran la forma de comunicar su trabajo dentro de la compañía y hacen visibles los éxitos -y también los fracasos- de forma periódica se han empoderado progresivamente.

4º Los que actúan de embajadores ante los stakeholders políticos y sociales

Siempre me ha llamado la atención la diferencia de recursos destinados a conocer a nuestros clientes o consumidores finales frente a los dedicados a conocer a nuestros reguladores, stakeholders sociales o decisores políticos.  Más aún, me llama la atención que sectores cuyo principal cliente es el sector público (sector farmacéutico, infraestructuras, energético, etc.) no cuenten con herramientas para conocer quién es su interlocutor político, qué necesidades manifiestan, qué preocupaciones y motivaciones, cómo adoptan las decisiones, quiénes influyen sobre los mismos.

Aquellos departamentos que actúan de verdaderos embajadores ante los stakeholders políticos y sociales, a los que hay que conocer y atender sus necesidades de forma organizada y así trasladarlo a la organización, serán los que contribuirán a una gestión sostenible del negocio.

5º Los que convenzan a su organización que ellos no son buenos “en contactos” sino en generar legitimidad social

La legitimidad social es el valor que tienen en la sociedad los intereses de la compañía. Si los intereses de la compañía son aceptados por la sociedad -sea sector, patronal, consumidores o usuarios, etc.- la capacidad de influencia legítima se incrementa. Por ello, el departamento que triunfa es aquel que dedica buena parte de su tiempo a establecer estructuras de diálogo con los diversos stakeholders. La capacidad de decisión está muy fragmentada a todos los niveles, por lo que la política de contactos pasa a un segundo plano y se ha demostrado obsoleta. Los departamentos de public affairs que resumen su misión dentro de la compañía en generadores de legitimidad social han dejado de ser los “empáticos o public relations” y se han convertido en estrategas de la organización.

6º Los que se consideren servidores públicos desde el interés privado

Para dirigir un departamento de public affairs en el que el escenario de trabajo son las decisiones públicas requiere una sensibilidad especial hacia lo público. A un político, a un funcionario, se le exige un respeto y aprecio hacia la así llamada res publica. De la misma forma, al responsable de tratar y negociar con lo público, debe ser consciente de que su actuación no sólo le afecta a él y a su organización, sino que tiene consecuencias en la sociedad sobre la que se legisla o se adoptan decisiones políticas.

Cuando hay un respeto hacia lo público, el departamento genera confianza en los gestores públicos. Esa tensión se observa cuando hay esfuerzos por entender las posibles diferencias entre los intereses generales frente a algunos intereses privados.

7º Los que den más peso a la estrategia proactiva que reactiva

Anteriormente dijimos que los CEOs reconocen más éxitos en sus relaciones con gobiernos y stakeholders sociales cuando desarrollan una política proactiva. Esto exige una visión a largo plazo, poner los horizontes por encima del presupuesto anual y capacidad de convencimiento interna para hacer ver que determinadas acciones no ofrecen resultados ni inmediatos ni seguros. Aquellos departamentos que superen el desierto de cierta incomprensión y demuestren el primer éxito, se consolidarán dentro de la organización.

8º Los que generen una política de lobby de datos

La interlocución con los agentes públicos y stakeholders sociales genera confianza no cuando se deposita en posibles amistades intermedias o se abandona a la suerte de la capacidad empática, sino cuando está basada en datos. No diría que los datos son el único elemento de una argumentación, pero sí el principal. Aquellos departamentos que destinan recursos a extraer y obtener datos que permitan al decisor público adoptar una mejor decisión, son lo que transforman la organización en su relación con los agentes públicos. Hoy, en esta post-modernidad que algunos llaman “post truth”, la potenciación de los datos como fuente de legitimidad será una ventaja competitiva.

 

No hay que olvidar que en el management podemos decir de forma simplificada que hemos pasado del modelo Porter de la década de los 70, modelo de management de las organizaciones industriales basado en generar valor al menor coste posible, al modelo RBT (Resource-Based Theory) basado en la generación de recursos y capacidades que permitan a la compañía generar valor y mantener una ventaja competitiva. En el primer modelo la gestión de los actores políticos y sociales eran una externalidad negativa, mientras que en el modelo RBT es una parte esencial del negocio. Es en este último modelo que el departamento de Public Affairs tiene mucho qué decir y mucho qué hacer, pues la Compañía sólo generará valor y consolidará su ventaja competitiva si gestiona el non-market con eficacia y eficiencia.

 

Feliz 2017!!!

 

Hacia una transparencia en los medios de comunicación

Elena Herrero-Beaumont, socia de Vinces, colabora con la Revista Internacional de Transparencia e Integridad

Hacia una transparencia en los medios de comunicación


Elena Herrero-Beaumont, socia de Vinces, escribe sobre la necesidad de mayor transparencia en los medios de comunicación en el segundo número de la Revista Internacional de Transparencia e Integridad.

Revista Internacional de Transparencia e Integridad
Este artículo parte de un contexto generalizado de crisis del modelo tradicional del periodismo derivada de la irrupción de Internet y de la crisis económica y financiera. Esta crisis ha resultado en episodios de captura del proceso informativo por parte de intereses privados provenientes de propietarios, anunciantes y acreedores.

En este contexto, partimos de la premisa fundamental de que la opacidad en la relación existente entre los directivos de los medios de comunicación y estos grupos de interés es un factor asociado a la manipulación del proceso informativo que llevan a cabo los periodistas y redactores.

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TI España presenta el Índice INCAU 2016

16/12/2016

Transparencia Internacional España presenta el Índice INCAU 2016

Transparencia Internacional España presenta el Índice INCAU 2016

El próximo viernes, 16 de diciembre, a las 11.30h en la Fundación Ortega y Gasset-Marañon Transparencia Internacional España presenta los Resultados de la 4ª Edición del Indice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) 2016, así como las Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el Sector financiero.

El Acto estará presidido por D. Jesús Lizcaino, Presidente de Transparencia Internacional España y Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y contará además con la presencia de D. Manuel Villoria, D. Jesús Sánchez Lambás, Dña. Elena Herrero-Beaumont, todos ellos Miembros del Comité Ejecutivo de Transparencia Internacional España.



  • Índice INCAU 2016
  • Integridad del Sector financiero
  • Otros datos de interés

Los tentáculos de Goldman Sachs

Elena Herrero-Beaumont, socia de Vinces, se pronuncia en La Vanguardia

Los tentáculos de Goldman Sachs

Elena Herrero-Beaumont, socia de Vinces, se pronuncia sobre el término “puertas giratorias” en La Vanguardia.



La VanguardiaEs cierto que las puertas giratorias pueden suponer algún conflicto de intereses. Cabe recordar que en 1994, Robert Rubin, exdirectivo de la entidad (Goldman Sachs), cuando fue nombrado secretario del Tesoro en EE.UU., envió una carta a los antiguos clientes del banco en la que decía textualmente: “espero seguir trabajando con usted desde mi nuevo puesto”.

“Yo creo que estas prácticas no son negativas. Tiene que haber talento en la administración pública procedente del mundo privado para que regule mejor el mundo de la empresa”, matiza Elena.

“Para ello, son necesarios periodos de incompatibilidad de dos años, además asegurarse de que las áreas de actividad no coincidan. También sería deseable que la persona se desprendiera de sus participaciones empresariales y que el órgano público no escogiera cargos sólo del mismo banco”, opina.

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2º Encuentro del Grupo de Alto Nivel Directivo sobre Innovación en Salud

18/11/2016

2º Encuentro del Grupo de Alto Nivel Directivo sobre Innovación en Salud

2º Encuentro del Grupo de Alto Nivel Directivo sobre Innovación en Salud

El 18 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro del Grupo de Alto Nivel Directivo sobre Innovación en Salud IE Business School, organizado por Vinces y Globesalud y patrocinado por Sanofi.



  • Medición del coste-efectividad en los servicios de salud. Desinversión.
  • Próximos eventos

La puesta en valor de Public Affairs ante la parálisis política

Una oportunidad para actuar

Hay una frase que se repite en los entornos empresariales y sociales y que a medida que pasan los meses sin gobierno se ha convertido en una especie de mantra: toca esperar a que esto se resuelva, ahora no se puede hacer nada. Particularmente en el ámbito de public affairs, se ha extendido la idea de que es imposible avanzar en el trabajo hasta que se solucione el desbloqueo y se forme un gobierno.

Esto solo es verdad a medias, ya que la realidad es más compleja. Si bien es verdad que un gobierno en funciones tiene las manos muy atadas para llevar a cabo reformas de gran envergadura y sus actuaciones están muy limitadas, esto no significa que todos los riesgos regulatorios y los retos a los que se enfrentan los responsables de public affairs y en última instancia las compañías, estén en pausa. Además del Gobierno central y el regulador y su innegable impacto en el ámbito empresarial, existen otros nichos de participación e influencia que son igual de importantes para una compañía. Nichos que no solo no están en standby, sino que puede ser el momento perfecto para abordar y pueden convertirse en una magnífica oportunidad para poner el valor el trabajo que llevan a cabo los responsables de public affairs.

  1. Legislación y políticas europeas

Los procesos regulatorios siguen su curso en Bruselas con independencia de la particular situación que atraviesa España, y el 2016 está siendo un año clave en el desarrollo de legislación que se traducirá en nuevas políticas públicas. Dossiers como el mercado único digital o la economía circular están en diferente estado de tramitación y su impacto en nuestro país será notable.

En la pasada legislatura, los procedimientos legislativos aprobados en primera lectura tardaron de media 17 meses hasta su aprobación, y los que fueron a segunda lectura se demoraron hasta 32 meses. En ambos casos se trata de un lapso de tiempo durante el cual es imprescindible actuar. Resulta por tanto fundamental conocer la duración, los tiempos de un procedimiento legislativo, las diferentes fases que atraviesa y las instituciones que participan en la configuración de la legislación europea. Al tener claras las fases y los tiempos, se puede identificar a los actores más relevantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, y analizar las posiciones de los diferentes países miembros en el Consejo. Incluso sin gobierno central, los técnicos de la Representación Permanente de España ante la UE (o Reper como comúnmente se la conoce) continúan trabajando en los diferentes temas y negociando con sus colegas europeos.

También el ámbito de las asociaciones y organizaciones no institucionales, que es aún más amplio a nivel europeo, puede ser una fuente de conocimiento, alianzas y estrategias. Conocer de primera mano cómo nuevos actores (plataformas de vecinos, organizaciones de consumidores) se movilizan en temas como la economía colaborativa y cómo la regulan los gobiernos de los diferentes países es una herramienta muy valiosa a la hora tanto de anticipar posibles políticas nacionales como de elaborar propuestas con sistemas alternativos que funcionan en nuestros países vecinos.

  1. Comunidades Autónomas

Para las compañías españolas o con sede en España esto puede parecer una obviedad, pero son cada vez más las compañías extranjeras que, operando en España, conocen poco la configuración territorial y política de nuestro país. A diferencia de la parálisis de la política nacional, a nivel autonómico 13 de las 17 Comunidades Autónomas celebraron elecciones en mayo 2015, de forma que, bien entrado el segundo año de la legislatura y acercándose a la mitad de esta, están en el periodo más propicio para llevar a cabo reformas ambiciosas. Otras dos, Galicia y País Vasco, están en proceso de formar nuevos gobiernos tras la celebración de elecciones el pasado 25 de septiembre, por lo que los próximos meses serán clave para el establecimiento de las prioridades y líneas de acción de los nuevos representantes políticos.

Además, un seguimiento de los Parlamentos autonómicos permite comprobar cómo la Administración y los políticos regionales están trabajando día a día en las políticas cuyas competencias tienen trasvasadas e implementando nuevas medidas que pueden tener un profundo impacto en el negocio de una compañía. Existe también un efecto espejo entre Comunidades Autónomas que provoca que algunas medidas testadas en un territorio, sean impulsadas y promovidas por el mismo partido en otra Comunidad Autónoma; esto se observa especialmente desde la irrupción de los partidos emergentes que han abanderado algunas políticas públicas. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana ha anunciado un cambio de sistema de gestión de envases para completar el actual SIG con el sistema de depósito (SDDR) que – consideraciones legales aparte- entraría en vigor en 2018. Esta medida está siendo estudiada y emulada en menor medida en varias otras CCAA que se han dispuesto a estudiar los diferentes sistemas de gestión de envases para contemplar las diferentes alternativas; y son varias las Comunidades (como la de Madrid) que en estos momentos están trabajando en el próximo plan de residuos (que abarcará de 2017 a 2024).

  1. Stakeholder engagement

Junto a los stakeholders políticos y sociales, coexisten los stakeholders sociales. La categoría de stakeholder social es la más amplia y abarca desde organizaciones muy articuladas como ONGs u organizaciones de consumidores o pacientes a comunidades más informales de intereses, pasando por escuelas de negocios, think tanks o sociedades científicas. Todas las compañías tienen puntos de interacción, ya sea de alineación o conflicto con estas organizaciones; es el llamado entorno de no mercado que influye de alguna manera en su negocio.

Frente a la idea de que no se puede avanzar en estrategias de lobby y representación sin gobierno, maximizar la relación con los stakeholders sociales más relevantes para la compañía es clave ya que solo a través de la legitimidad social se podrá ejercer una mayor influencia política. La máxima “a mayor legitimidad social, mayor influencia política” cobra todo su significado en el momento actual, por cuanto el bloqueo político no debe impedir trabajar la legitimidad social. Ordenar y priorizar las relaciones con stakeholders sociales, mediante un análisis de su poder y grado de alineación con los intereses de la compañía, es el primer paso para poder diseñar unas estrategias de gestión de relación con estos actores. Este análisis permitirá priorizar el uso de recursos internos y externos y contribuir a un mejor posicionamiento de la compañía; dos elementos fundamentales para volver a la carga con los representantes políticos y la Administración una vez se forme un gobierno.

En definitiva, esperar a que se resuelva el bloque político no puede ser la mejor estrategia de public affairs. Este enfoque reactivo supondría desperdiciar las oportunidades de actuación que existen en estos momentos en otros ecosistemas que son igualmente relevantes para una compañía; oportunidades que a largo plazo se traducirán en una mayor influencia política.

 

Españoles Embriagados de Transparencia

La corrupción no solo se combate con transparencia. El reto es mucho mayor.

(Publicado en el especial de ETHIC- Marcas con Valores, septiembre 2016)

“La corrupción se siente, pero no preocupa en exceso.” Este es un titular de Cinco Días de mayo de 2007. El artículo se hacía eco de los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, donde España había quedado por debajo de su 7 habitual como consecuencia de los escándalos urbanísticos que comenzaron a dejarse ver aquel año previo al estallido de la crisis financiera. Pero en aquella época de “vacas gordas” los temas de corrupción parecían importar bastante poco a los españoles. “Sólo un 2% los cita cuando se le pregunta por los problemas más graves de España,” explicaba el periodista.  Otro de los detalles del artículo que llaman la atención es la referencia que el periodista hacía a la falta de políticas anticorrupción en el IBEX-35. Una situación calificada por la propia Transparencia Internacional como de “deprimente.” Por aquel entonces, señalaba el artículo, en países como Estados Unidos o Reino Unido, un 90 por ciento de las 500 mayores empresas gozaban de códigos de conducta contra la corrupción.

Casi una década ha pasado desde entonces. Y en este tiempo, los españoles hemos sido testigos del desmoronamiento de todo aquello que nos ofrecía una cierta garantía de estabilidad. El libre mercado nos azotó de lleno con una crisis financiera sin precedentes, que se llevó consigo parte del estado de bienestar, y con él esa sensación de seguridad y de progreso con la que nos habíamos acostumbrado a vivir, sobre todo en las décadas de los 80, los 90 y los primeros cinco años del siglo XXI. Mientras la crisis hacía sus estragos, se precipitaba un trasvase de riqueza hacia las economías emergentes. Nos quedamos en calzones, como dicen a veces. Y entonces los españoles sufrientes ante un presente de despidos, desahucios y desempleo, un presente desprovisto de esa riqueza mal gestionada que nos había cegado hasta la fecha, comenzamos a prestar más atención a la corrupción de empresarios y políticos. Los españoles comenzamos a protestar ante la opacidad. Queríamos ver qué se había hecho con ese conjunto de promesas de prosperidad disueltas. Comenzamos a demandar transparencia.

Como muestra el gráfico de más abajo, el número de artículos sobre transparencia en los titulares de los principales medios de comunicación de nuestro país ha registrado un aumento de casi el 60 por ciento entre el 2007 y el 2015. Y el número de artículos donde se asocia el fenómeno de la transparencia a corrupción se ha disparado casi un 80 por ciento en el mismo periodo.

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Más abajo recogemos la evolución del volumen de temas ligados a la transparencia en artículos de prensa entre el año 2007 y el año 2015. El tema de la corrupción se ha convertido en un tema mucho más predominante a la hora de hablar de transparencia. Ha pasado de estar a la cola de los temas prevalentes cuando la prensa hablaba de transparencia en el 2007 a la cabeza de los mismos en 2015.

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Estos datos son prueba de cómo a lo largo de este periodo de tiempo hemos sido testigos de la gestación y evolución de una cultura de transparencia ligada a combatir la corrupción que muchos no creían posible en España en la época previa a la crisis. Hemos presenciado un debate abierto en materia de transparencia que culminó con la aprobación de la Ley de 2013; un debate donde predominaron los conceptos de “lobbies” y “puertas giratorias”, que progresivamente se han convertido en parte de nuestro acervo público. Hemos visto cómo la CNMV impulsaba todo un conjunto de reformas en materia de gobierno corporativo que exigían al Ibex-35 publicar aspectos otrora inéditos ad infinitum. Hemos escuchado a perfiles como el de Elvira Rodríguez, la presidenta de la CNMV, decir en foros públicos “creemos en la potencia preventiva de la transparencia.”

Pero la gran cuestión ahora es qué hacer con toda esta transparencia. Nos debemos preguntar hacia donde nos está llevando esta cultura de “sobretransparencia”. Para algunos filósofos y visionarios actuales, la transparencia es necesaria en equilibrio, pero no suficiente. Necesitamos más madurez social para construir algo bueno a partir de toda esta desnudez. La transparencia no puede ser un sustituto del comportamiento ético genuino, de unos valores o una moral que nos conducirían a hacer las cosas bien aun cuando nadie nos estuviera mirando. Aquí reside el verdadero y próximo reto social. De lo contrario, andaremos simplemente embriagados de transparencia.

 

El Parlamento catalán aprueba un código de conducta para sus diputados

La medida tiene como objetivo prevenir la corrupción y prevé multas de hasta 12.000 euros

El pleno del Parlamento de Catalunya aprobó el pasado 28 de julio por unanimidad un Código referente a la conducta de sus miembros. Esta norma trae causa de las previsiones de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fija los principios éticos y de conducta a los que han de ajustarse los altos cargos de la Generalitat y establece que las instituciones y organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley –entre ellos el Parlamento– deberán elaborar un código de conducta propio aplicable a su ámbito de actuación.

La tramitación parlamentaria del texto ha sido bastante rápida, con una duración de dos meses, ya que la iniciativa fue publicada el 2 de junio de 2016 y ratificada definitivamente por el Pleno el 28 de julio, siendo publicada en el Boletín Oficial del Parlamento el 1 de agosto. Durante el procedimiento se presentaron enmiendas por parte de todos los grupos políticos. En consecuencia, el texto fue enmendado y aprobado por la Comisión de Reglamento unos días antes de su remisión al Pleno.

La elaboración de códigos de conducta en el ámbito parlamentario tiene algunos antecedentes, especialmente en las democracias anglosajonas, En Parlamentos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia existen códigos éticos específicos de aplicación para sus representantes. En otros ámbitos son menos abundantes, pero los encontramos por ejemplo en relación a los miembros del Parlamento Europeo y del Bundestag alemán.

El Código catalán aborda diferentes ámbitos destacables que giran en torno a los conceptos de buen gobierno y de gobierno abierto. Así, el capítulo II recoge los principios generales de actuación y de ejercicio del cargo de diputado, entre los cuales cabe mencionar los de integridad, honestidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, austeridad y actitud ejemplar.

En particular, el texto obliga a hacer pública la agenda de los diputados en el Portal de Transparencia del Parlamento, incluyendo todas las reuniones, contactos y audiencias con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de iniciativas parlamentarias. La agenda ha de estar actualizada al menos quincenalmente y debe recoger los datos de las personas correspondientes, la fecha de las reuniones y el objeto de las mismas (art. 9).

El capítulo III de la norma, concerniente al régimen de incompatibilidades, prevé que los diputados ejercerán el cargo con dedicación exclusiva, aunque permite que realicen otras actividades públicas o privadas que estén admitidas por la normativa de incompatibilidades. No obstante, la realización de otras actividades puede conllevar la reducción de la remuneración parlamentaria en función de la naturaleza de aquellas (art. 13).

El capítulo IV, que versa sobre los conflictos de interés, incluye varios puntos relevantes. Por un lado, se amplía la definición de conflicto de interés, abarcando no sólo la actividad del propio diputado como hasta ahora, sino también la de los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (art. 15). La situación de conflicto de intereses comporta el deber de abstención del diputado en la toma de decisiones que tengan relación directa, y se otorga a los diputados la posibilidad de pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre si incurren o no en dicha situación (art. 16).

Los artículos 17 a 21 regulan la declaración de intereses económicos, que es complementaria a la declaración de actividades y bienes prevista actualmente. La declaración debe recoger, entro otros aspectos, las actividades profesionales del diputado durante el mandato y los tres años anteriores a su elección, la pertenencia durante este mismo período a consejos y órganos de administración de empresas, ONG’s, asociaciones y otros organismos con personalidad jurídica, así como las actividades remuneradas de cualquier tipo –ocasionales o no– que el diputado lleve a cabo durante el ejercicio de su mandato (art. 18). El contenido de la declaración debe mantenerse actualizado y se publicará en el Portal de Transparencia del Parlamento.

Por su parte, el artículo 22 prohíbe que los diputados puedan aceptar regalos, servicios u otros obsequios de más de 150 euros y, en caso de recibirlos, tendrán que entregarlos al Parlamento para que sean dedicados a actividades o servicios sociales. Asimismo, los diputados tampoco podrán aceptar ninguna oferta de hospitalidad, invitación u otros servicios que impliquen un gasto económico a cargo de terceros, en beneficio propio o de su entorno familiar, ni podrán percibir dietas o gastos de representación adicionales a los de su retribución.

Por último, el capítulo V recoge los instrumentos de garantía del Código de conducta. La norma hace responsable a la Mesa del Parlamento del cumplimiento del código, pudiendo adoptar para ello las medidas necesarias en caso de quebrantamiento del mismo (art. 25). El artículo 26 establece un procedimiento interno de verificación por el que si existen motivos para creer que un diputado puede haber infringido el Código, la Mesa, a iniciativa propia o de un grupo parlamentario, puede iniciar dicho procedimiento y solicitar informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que actuará como órgano instructor investigando los hechos y elevando una propuesta de decisión a la Mesa.

El régimen sancionador, previsto en el artículo 27, incluye las siguientes sanciones: a) una amonestación pública, y b) una multa de 600 a 12.000 euros. No obstante, si la Mesa del Parlamento considera que la infracción es muy grave, puede proponer al Pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento.

Pese a que el texto recibió la aprobación unánime del Pleno, se han vertido opiniones diferentes sobre el mismo. Representantes de Catalunya Sí Que Es Pot y de la CUP han manifestado que les hubiera gustado que el texto fuera más ambicioso, y Lluís Corominas, diputado de Junts pel Sí, ha admitido que “de hoy para mañana la gente no será menos corrupta, pero este texto se lo pondrá más difícil”. Por su parte, el PSC cree que habrá que seguir teniendo una actitud atenta y vigilante porque el Código no evitará que quien quiera eludir la ley, lo haga. PPC y Ciudadanos también han cuestionado la eficacia del texto porque “ampara acciones partidistas”.

A la luz de estas valoraciones nos viene a la cabeza el sempiterno debate sobre hasta qué punto la ley puede hacer hombres justos y determinar la conducta humana. Catalunya se ha visto salpicada en los últimos años por grandes escándalos de corrupción que han mermado la confianza de los catalanes en sus dirigentes políticos. Este Código es una muestra de la reacción que están teniendo las autoridades públicas, pero sólo el tiempo dirá el grado de éxito que estas acciones tendrán para evitar nuevos casos de corrupción.

 

 

¿Hacia unas terceras elecciones?

La presión por formar gobierno versus la desafección ciudadana

Más de sietes meses, 220 días sin gobierno. Dos elecciones generales, dos sesiones de investidura fallidas, cuatro rondas de negociaciones con el Rey e innumerables dimes y diretes entre los partidos políticos después, seguimos igual que el 20 de diciembre.

La diferencia es que la presión sobre los responsables políticos desde todos los ángulos aumenta día a día. Desde nuestro país, se suceden las voces que piden a los diferentes partidos que alcancen un acuerdo que permita formar gobierno. Empresarios, políticos retirados, sindicatos y personalidades del mundo de la cultura coinciden en sus demandas de que el país necesita un gobierno. Los medios de comunicación se han sumado a las peticiones y sus editoriales van subiendo de tono progresivamente, dirigiendo sus críticas principalmente a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Si el editorial de El País del 3 de agosto tachaba a Sánchez de irresponsable, en el diario El Español cargaban contra Mariano Rajoy, al que acusaban de ser el causante del bloqueo. También la atención internacional está puesta en España: desde las primeras elecciones del 20 de diciembre, y con más insistencia si cabe tras el 26 de junio, la UE ha pedido a España que trabaje en la formación de un gobierno estable.

La realidad es que están en juego muchas cosas. La recuperación económica, que se prevé será del 2,9% este año, se ralentizará en 2017 con un crecimiento de 2,3%, según las últimas cifras aportadas por el Gobierno a finales del julio. Los organismos internacionales han alertado estos últimos meses del riesgo que entraña la inestabilidad política para el crecimiento económico y la llegada de inversores. El compromiso del déficit presupuestario con la UE, por mucho que España haya conseguido esquivar la multa, exige que el 15 de octubre nuestro país presente un plan para alcanzar los objetivos fijados por la Comisión Europea (la sanción no es automática, pese a lo que se dice, pero sí urge). Los presupuestos del año que viene tampoco pueden esperar y un Gobierno en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos.

En el plano político, los retos también son importantes. Los desafíos al Ejecutivo se suceden desde los partidarios de la independencia catalana, aprovechando la falta de gobierno. No ayuda a esta cuestión el Brexit y el posible debate que se abrirá con Escocia, país que ya ha anunciado que probablemente celebrará un segundo referéndum de secesión, para quedarse en la UE (cuestión distinta es que legalmente pueda). Retos, en definitiva, que superan las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones.

Sin embargo, esta sensación de urgencia parece no alcanzar al ciudadano. Bien es cierto que una gran mayoría (89%) consideraba en julio que era preferible que los partidos alcanzaran un acuerdo para formar gobierno, según el sondeo de Metroscopia para el El País, y que la mayoría consideraba preferible que el PSOE se abstuviera frente al escenario de unas terceras elecciones.

Con todo y con eso, los ciudadanos no parecen estar particularmente preocupados por la situación. Si bien al inicio de la campaña electoral del 26J un 80% consideraba la situación política mala o muy mala, la falta de gobierno no estaba entre sus principales preocupaciones. El barómetro que publicó el CIS correspondiente al mes de junio mostraba que los principales problemas del país, a ojos de los españoles, son el paro, la corrupción y el fraude, seguido de los asuntos de índole económica, y solo en quinto lugar los políticos, los partidos y la política. Según El País, que recoge los datos del CIS, la falta de gobierno es una preocupación decreciente entre los ciudadanos: si en abril preocupaba al 7,1%, bajó al 5,2% en mayo y el último barómetro del CIS lo sitúa en el 4,8%.

Tampoco está claro cómo reaccionarían los ciudadanos de ser llamados a las urnas por tercera vez en menos de un año. En diciembre de 2015, la participación electoral fue del 73,03%, subiendo cuatro puntos sobre la de 2011. Seis meses después, descendió por debajo del 70% (69,79%) para las elecciones de junio. Si hubiera unas terceras elecciones, es probable que la participación descendiera aún más y que el voto a los partidos emergentes se resintiera.

En definitiva, y por resumir, los españoles no ven con buenos ojos la situación política, están a favor de pactar y quieren un gobierno ya, pero no es un asunto que les preocupe mucho. En otras palabras, desafección. Una desafección que se traduce en una falta de confianza en los políticos total: según la encuesta social europea de 2014, los españoles solo confían en los políticos un 1,9 de 10 (donde 0 es no confío y 10 confío plenamente). Una cifra que muestra una desconfianza mayor que en 2011, cuando a pesar de estar en medio de la crisis económica, el nivel de confianza era del 2,7.

¿Dónde quedó la indignación ciudadana que cristalizó hace 5 años en el 15-M? ¿Qué ha sido de todos esos ciudadanos que salieron a la calle porque querían participar activamente en la vida política y no se sentían representados por los partidos tradicionales? Aunque muchos de los votos de esos manifestantes y de otros españoles hartos con los viejos partidos han ido a parar fundamentalmente a Podemos y a Ciudadanos, tampoco los partidos emergentes están exentos de críticas. Les reprochan, entre otras cosas, falta de democracia interna, poca transparencia, sueldos muy altos de sus dirigentes, o casos de corrupción entre sus miembros. Como si de partidos tradicionales se tratara.

Es curioso que la recuperación económica parece no haber servido para reconciliar a los ciudadanos con sus dirigentes, sino más bien al contrario. El diario Cinco Días lo resumía diferenciando entre la España en funciones, que se muestra incapaz de alcanzar un acuerdo que nos saque del impasse y que permita acometer las reformas necesarias y la España que funciona (las empresas, los trabajadores, los ciudadanos), que frente al inmovilismo de la otra sigue trabajando, haciendo que la economía crezca y que los niveles de paro hayan disminuido en julio en proporciones no vistas desde 1997.

¿Qué hacer contra la desafección? ¿Cómo involucrar de nuevo a los ciudadanos? En la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital apuesta por la transparencia en las gestiones y trabajo de la institución, y por impulsar un nuevo registro de lobbies que aprobó el Pleno municipal el 27 de julio. También se ha promovido un proyecto de participación ciudadana por el cual las iniciativas que cuenten con el apoyo del 1% de los vecinos empadronados en Madrid, se someterá a análisis y consideración vinculantes.

Estas iniciativas, sin duda loables y que ojalá contribuyan a que los ciudadanos recobren el interés por la política y no renieguen de sus representantes políticos, son insuficientes. Los españoles han hablado claro en las urnas y los políticos han hecho oídos sordos del mandato recibido. Unas terceras solo empeorarán el descontento político y pueden poner en cuestión la legitimidad democrática.