INFLUENCIA LEGÍTIMA

Políticas públicas & legitimidad social

La importancia de la legitimidad social en la elaboración de políticas públicas: el ejemplo de la reforma del mercado único digital

 

Si el éxito de una política pública se mide por la mejora de los servicios respecto de la situación anterior, para que esta pueda llegar a triunfar es necesario que cuente con legitimidad social. De lo contrario, ante la opinión pública la reforma puede diluirse a una guerra de intereses, sin que sus verdaderos objetivos y razón de ser calen entre la sociedad. La reforma del mercado único digital actualmente en marcha es un buen ejemplo de cómo parece que las instituciones hablan un idioma diferente del de los stakeholders afectados; aquellas han conseguido que la reforma se reduzca a una batalla de los consumidores contra los reguladores por un lado y de las compañías tecnológicas versus los creadores de contenidos por otro.

La legitimidad social se construye necesariamente con tres herramientas:

La primera herramienta sería relativa a las  oportunidades de diálogo y consenso. Es necesario ofrecer espacios en los que los stakeholders implicados puedan discutir sobre los temas afectados y poner en común valoraciones y propuestas para enriquecer las propuestas. El acto que se celebró la semana pasada con ocasión de la reforma del mercado único digital (“Cultura en Red”) fue una buena ocasión para que instituciones, empresas de los sectores afectados y consumidores expusieran sus diferentes puntos de vista y comentaran las propuestas de la Comisión Europea.

La segunda herramienta es la educación. En el caso del mercado único digital y las implicaciones que tiene sobre la industria cultural, la educación es clave para que los ciudadanos entiendan la importancia de la diversidad cultural europea, la riqueza que esta aporta en términos económicos y de valores, y la ventaja competitiva que supone la cultura para la Unión Europea en un mundo globalizado. En esta área a menudo se ha puesto el foco en el aspecto punitivo de la lucha contra la piratería, sin acompañar este comportamiento sancionador de una pedagogía que explicara de una forma positiva todo lo que la cultura aporta.

 
Tercero, la comunicación. Aunque es un ejercicio que compete principalmente a políticos y reguladores, explicar los efectos de una reforma legislativa también beneficia a los demás stakeholders afectados. Un buen ejemplo es cómo en el referido acto de Cultura en Red, el representante de una empresa del sector audiovisual expuso, de manera clara y concisa, el sistema de financiación para producir películas en la Unión Europea, y cómo las propuestas de revisión del principio de territorialidad resultarían en una menor producción de obras europeas y por tanto en una menor diversidad de contenidos.

Particularmente importante es la comunicación en el caso de la Unión Europea, a la que se acusa a menudo de no saber conectar con los ciudadanos y de no comunicar de manera eficiente las reformas y ventajas que conlleva para los Estados. En esa estrategia confusa de comunicación, la propia Unión tira piedras contra su propio tejado cuando dice que “las normas de la UE empujan a los ciudadanos a robar”. Así fue el titular de un medio de comunicación que cubrió el evento de Cultura en Red y citó al vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. Este tipo de mensajes, aunque intentan conectar con la ciudadanía y replican los eslóganes de algunos grupos de presión, hacen un flaco favor a la justificación y defensa de la política pública cuyo objetivo último es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La reforma del mercado único digital trasciende los beneficios meramente económicos que aportará a los 500 millones de ciudadanos comunitarios, por su importancia estratégica en el futuro de la Unión Europea. Por eso es fundamental que instituciones europeas y nacionales logren la legitimidad social imprescindible para implantar con éxito las políticas públicas que conlleva.

 

Elena Ortiz

 

La puesta en valor de Public Affairs ante la parálisis política

Una oportunidad para actuar

Hay una frase que se repite en los entornos empresariales y sociales y que a medida que pasan los meses sin gobierno se ha convertido en una especie de mantra: toca esperar a que esto se resuelva, ahora no se puede hacer nada. Particularmente en el ámbito de public affairs, se ha extendido la idea de que es imposible avanzar en el trabajo hasta que se solucione el desbloqueo y se forme un gobierno.

Esto solo es verdad a medias, ya que la realidad es más compleja. Si bien es verdad que un gobierno en funciones tiene las manos muy atadas para llevar a cabo reformas de gran envergadura y sus actuaciones están muy limitadas, esto no significa que todos los riesgos regulatorios y los retos a los que se enfrentan los responsables de public affairs y en última instancia las compañías, estén en pausa. Además del Gobierno central y el regulador y su innegable impacto en el ámbito empresarial, existen otros nichos de participación e influencia que son igual de importantes para una compañía. Nichos que no solo no están en standby, sino que puede ser el momento perfecto para abordar y pueden convertirse en una magnífica oportunidad para poner el valor el trabajo que llevan a cabo los responsables de public affairs.

  1. Legislación y políticas europeas

Los procesos regulatorios siguen su curso en Bruselas con independencia de la particular situación que atraviesa España, y el 2016 está siendo un año clave en el desarrollo de legislación que se traducirá en nuevas políticas públicas. Dossiers como el mercado único digital o la economía circular están en diferente estado de tramitación y su impacto en nuestro país será notable.

En la pasada legislatura, los procedimientos legislativos aprobados en primera lectura tardaron de media 17 meses hasta su aprobación, y los que fueron a segunda lectura se demoraron hasta 32 meses. En ambos casos se trata de un lapso de tiempo durante el cual es imprescindible actuar. Resulta por tanto fundamental conocer la duración, los tiempos de un procedimiento legislativo, las diferentes fases que atraviesa y las instituciones que participan en la configuración de la legislación europea. Al tener claras las fases y los tiempos, se puede identificar a los actores más relevantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, y analizar las posiciones de los diferentes países miembros en el Consejo. Incluso sin gobierno central, los técnicos de la Representación Permanente de España ante la UE (o Reper como comúnmente se la conoce) continúan trabajando en los diferentes temas y negociando con sus colegas europeos.

También el ámbito de las asociaciones y organizaciones no institucionales, que es aún más amplio a nivel europeo, puede ser una fuente de conocimiento, alianzas y estrategias. Conocer de primera mano cómo nuevos actores (plataformas de vecinos, organizaciones de consumidores) se movilizan en temas como la economía colaborativa y cómo la regulan los gobiernos de los diferentes países es una herramienta muy valiosa a la hora tanto de anticipar posibles políticas nacionales como de elaborar propuestas con sistemas alternativos que funcionan en nuestros países vecinos.

  1. Comunidades Autónomas

Para las compañías españolas o con sede en España esto puede parecer una obviedad, pero son cada vez más las compañías extranjeras que, operando en España, conocen poco la configuración territorial y política de nuestro país. A diferencia de la parálisis de la política nacional, a nivel autonómico 13 de las 17 Comunidades Autónomas celebraron elecciones en mayo 2015, de forma que, bien entrado el segundo año de la legislatura y acercándose a la mitad de esta, están en el periodo más propicio para llevar a cabo reformas ambiciosas. Otras dos, Galicia y País Vasco, están en proceso de formar nuevos gobiernos tras la celebración de elecciones el pasado 25 de septiembre, por lo que los próximos meses serán clave para el establecimiento de las prioridades y líneas de acción de los nuevos representantes políticos.

Además, un seguimiento de los Parlamentos autonómicos permite comprobar cómo la Administración y los políticos regionales están trabajando día a día en las políticas cuyas competencias tienen trasvasadas e implementando nuevas medidas que pueden tener un profundo impacto en el negocio de una compañía. Existe también un efecto espejo entre Comunidades Autónomas que provoca que algunas medidas testadas en un territorio, sean impulsadas y promovidas por el mismo partido en otra Comunidad Autónoma; esto se observa especialmente desde la irrupción de los partidos emergentes que han abanderado algunas políticas públicas. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana ha anunciado un cambio de sistema de gestión de envases para completar el actual SIG con el sistema de depósito (SDDR) que – consideraciones legales aparte- entraría en vigor en 2018. Esta medida está siendo estudiada y emulada en menor medida en varias otras CCAA que se han dispuesto a estudiar los diferentes sistemas de gestión de envases para contemplar las diferentes alternativas; y son varias las Comunidades (como la de Madrid) que en estos momentos están trabajando en el próximo plan de residuos (que abarcará de 2017 a 2024).

  1. Stakeholder engagement

Junto a los stakeholders políticos y sociales, coexisten los stakeholders sociales. La categoría de stakeholder social es la más amplia y abarca desde organizaciones muy articuladas como ONGs u organizaciones de consumidores o pacientes a comunidades más informales de intereses, pasando por escuelas de negocios, think tanks o sociedades científicas. Todas las compañías tienen puntos de interacción, ya sea de alineación o conflicto con estas organizaciones; es el llamado entorno de no mercado que influye de alguna manera en su negocio.

Frente a la idea de que no se puede avanzar en estrategias de lobby y representación sin gobierno, maximizar la relación con los stakeholders sociales más relevantes para la compañía es clave ya que solo a través de la legitimidad social se podrá ejercer una mayor influencia política. La máxima “a mayor legitimidad social, mayor influencia política” cobra todo su significado en el momento actual, por cuanto el bloqueo político no debe impedir trabajar la legitimidad social. Ordenar y priorizar las relaciones con stakeholders sociales, mediante un análisis de su poder y grado de alineación con los intereses de la compañía, es el primer paso para poder diseñar unas estrategias de gestión de relación con estos actores. Este análisis permitirá priorizar el uso de recursos internos y externos y contribuir a un mejor posicionamiento de la compañía; dos elementos fundamentales para volver a la carga con los representantes políticos y la Administración una vez se forme un gobierno.

En definitiva, esperar a que se resuelva el bloque político no puede ser la mejor estrategia de public affairs. Este enfoque reactivo supondría desperdiciar las oportunidades de actuación que existen en estos momentos en otros ecosistemas que son igualmente relevantes para una compañía; oportunidades que a largo plazo se traducirán en una mayor influencia política.