INFLUENCIA LEGÍTIMA

Desperdicio alimentario, políticas públicas y legitimidad social

Artículo publicado en Alimarket dónde Elena Ortiz y Jorge Villarino, consultores de Vinces, nos cuentan sobre el cambio de paradigma en el sector

Desperdicio alimentario, políticas públicas y legitimidad social

Artículo publicado en Alimarket dónde Elena Ortiz y Jorge Villarino, consultores de Vinces, nos cuentan sobre el cambio de paradigma en el sector


El Mundo logo

Con 1.300 M t de alimentos para consumo humano que se pierden o se desperdician al año en todo el mundo según la FAO, la preocupación en concreto por el desperdicio alimentario está cobrando un espacio en la actualidad del debate político en el sector. A nivel europeo, el pasado 11 de abril se aprobaba por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo el informe que pedía a los Estados Miembros la adopción de medidas para reducir el desperdicio alimentario .

Este informe se suma a la batería de medidas puesta en marcha por la Comisión Europea en los últimos años para concienciar, informar y reducir en última instancia este problema. También en España se ha creado en el Senado una ponencia de estudio sobre desperdicio alimentario y, tras la designación de sus miembros, solo está pendiente que se pongan en marcha los trabajos.

 

Leer artículo completo

¿Es necesaria una regulación del lobby en España?

David Córdova responde a diversas cuestiones sobre la regulación del lobby en Radio 5.

¿Es necesaria una regulación del lobby en España?


David Córdova, socio director de Vinces, responde a diversas cuestiones sobre la regulación del lobby en el espacio Parlamento de radio 5.


David Córdova explica que “la regulación de los lobbies nace ante una observación clara de un incremento de la desconfianza en las decisiones públicas”, y cree que, aunque no es suficiente, se trata de “un primer paso en una buena dirección”.

Leer artículo completo

2017, un año de grandes retos para las empresas

Jorge Villarino, Socio y Director de Regulación de Vinces publica su columna de opinión en El Empresario.com

2017, un año de grandes retos para las empresas

Jorge Villarino, Socio y Director de Vinces, analiza los desafíos de esta legislatura para 2017 en El Empresario.com



El Empresario

El año 2017, como todos los comienzos de Legislatura, se presenta como un año de grandes retos para el entorno empresarial. El complejo contexto económico, que se ha puesto de manifiesto en las medidas ya adoptadas o anunciadas como consecuencia de las exigencias de Bruselas; y la difícil realidad política, marcada por un gobierno en minoría y una aritmética parlamentaria de débiles equilibrios, hacen que la tradicional doctrina económica del laissez faire no resulte válida para la relación entre la empresa y el decisor público.

¿En cuáles y de qué forma tienen que estar las empresas en estos debates?

Leer artículo completo

¿Le tiene que hacer caso el Gobierno al Parlamento y el Parlamento al Gobierno?

Cuatro aclaraciones jurídicas para entender lo que está pasando

En estas últimas fechas se está produciendo un debate sobre si el Gobierno, que está en minoría, debe “obedecer” al Parlamento. Anteayer, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, se produjo este diálogo:

– El diputado Pablo Iglesias preguntó: ¿Cómo piensa el Gobierno ejecutar las decisiones del poder legislativo?

– El Presidente del Gobierno respondió: Pensamos aplicar las que sean obligatorias

Desde el Departamento de Regulación de Vinces te damos las claves para entender este debate que va más allá de lo político y que tiene una fuerte repercusión jurídica

 

Primera aclaración: terminológica

En primer lugar, hay que distinguir las proposiciones NO de ley, de las proposiciones de ley. Las primeras, aunque las apruebe el Congreso de los Diputados, sea en el Pleno sea en una Comisión, no son jurídicamente vinculantes, sino instrumentos de orientación política.

Distinta es la cuestión en el caso de las proposiciones de ley, que es como se denomina cualquier iniciativa legislativa de origen no gubernamental.

Segunda aclaración: lo que puede hacer el Gobierno ante la iniciativa legislativa del Parlamento.

La tramitación de una proposición de ley puede encontrase con una importante barrera: el Gobierno se puede oponer a su tramitación si considera y motiva que supone un incremento de gasto o una disminución de ingresos. ¿por qué?

Desde el punto de vista formal porque el artículo 134.6 de la Constitución dice: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

De hecho, también desde el punto de vista formal, el Reglamento del Congreso dice en su artículo 126.2: “Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”

Desde el punto de vista material, se trata de una facultad lógica, por cuanto permitir una iniciativa legislativa de esa naturaleza implicaría un subrepticio para modificar los Presupuestos Generales del Estado.

Tercera aclaración: y entonces ¿qué está pasando?

Teóricamente si el Gobierno se opone a la tramitación, la iniciativa se ve paralizada. Sin embargo, nos podemos encontrar con que el Congreso, y más concretamente su Mesa (en la que el Partido Popular está en minoría) no esté de acuerdo con la motivación del Gobierno y decida continuar con la tramitación. De hecho, ya lo ha hecho por ejemplo con la Proposición de ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

El Gobierno se opuso a su tramitación con base en un informe en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuantificaba en cerca de 615 millones de euros la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios y unas obligaciones de gasto no previstas de igual cuantía. La Mesa del Congreso rechazó esta oposición del Gobierno…y la iniciativa sigue su tramitación.

Cuarta aclaración y un poco de especulación: y entonces ¿qué va a pasar?

Aquí tenemos ya alguna certeza y muchos futuribles. La primera certeza es que el Gobierno ha seguido insistiendo. Para muestra un botón. El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de noviembre, ha solicitado de la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión. La segunda certeza es que el Gobierno ya ha dicho que, en función de la respuesta del Congreso, podría darse inicio a un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional. El futurible es que no sabemos todavía lo que en su caso decidirá el Tribunal Constitucional.

Conclusión

Estamos ante uno de los grandes debates de la Legislatura. ¿Supone esto que los partidos de la oposición, mediante la aprobación de leyes, van a poder gobernar desde el Parlamento? En la práctica, desde el punto de vista político es complejo; y desde el punto de vista jurídico…el debate está abierto.

¿Se puede gobernar desde el Parlamento?

Las proposiciones de ley son la pieza clave

El pasado sábado 29 de octubre el Sr. Rajoy obtuvo la confianza de la Cámara y resultó elegido Presidente del Gobierno. Sin perjuicio del apoyo recibido por parte del Partido Ciudadanos y de la Diputada de Coalición Canaria, lo cierto es que comienza un camino complejo con un apoyo garantizado de tan solo 137 diputados. Esta situación, inédita en nuestra democracia, ha puesto encima de la mesa la posibilidad o no de que se gobierne desde el Parlamento.

Se trata de una terminología que encierra una cierta paradoja, por cuanto la dirección de la política le corresponde al Gobierno propiamente dicho. Sin embargo, el Parlamento y el particular juego de mayorías con el que nos encontramos hacen que la pregunta sea pertinente. De hecho, algunas votaciones e iniciativas ya se han tramitado con derrota del Grupo parlamentario que apoya al Gobierno, fruto del acuerdo de varios partidos de la oposición. ¿Supone esto que los partidos de la oposición, mediante la aprobación de leyes, van a poder gobernar desde el Parlamento? En teoría sí, en la práctica es mucho más complejo.

Decimos que en teoría sí porque el sistema parlamentario está basado en la decisión de la mayoría en detrimento de las minorías. En la práctica, ponerse de acuerdo para medidas de impulso político (proposiciones no de ley, mociones consecuencia de interpelación…) es mucho más sencillo que ponerse de acuerdo para impulsar medidas legislativas. No obstante, no podemos descartar que esto vaya ocurrir.

¿Cuál es el instrumento para canalizar este gobierno desde el Parlamento? Las proposiciones de ley. Se trata de iniciativas legislativas de origen no gubernamental. Sin embargo, estas se pueden encontrar con una barrera, desconocida para el gran público, derivada de una facultad de la que dispone el Gobierno. Este tiene la posibilidad de oponerse a cualquier iniciativa de origen parlamentario que suponga un incremento de gasto o una disminución de ingresos. Se trata de una facultad lógica, por cuanto permitir una iniciativa legislativa de esa naturaleza implicaría un subrepticio para modificar los Presupuestos Generales del Estado.

Habrá que estar muy atentos a cuál es el devenir de esas iniciativas cuando el Gobierno haga uso de esa arma de la que le dota el texto constitucional y el Reglamento del Congreso de los Diputados. Si el Gobierno se opone a la tramitación, la iniciativa se ve paralizada. Sin embargo, nos podemos encontrar con que la Cámara no esté de acuerdo con la motivación del Gobierno y decida continuar con la tramitación. Si esto sucede, estaremos avocados, quizá, a un nuevo conflicto entre ambos poderes.

Si consideramos, como algún autor ha dicho, que gobernar es legislar, el grado de utilización que haga el Gobierno de esta facultad, junto con la postura que adopte el Congreso de los Diputados, nos darán la respuesta positiva o negativa a la pregunta que nos hemos planteado. En definitiva, sabremos si el Parlamento está gobernando o no.

La puesta en valor de Public Affairs ante la parálisis política

Una oportunidad para actuar

Hay una frase que se repite en los entornos empresariales y sociales y que a medida que pasan los meses sin gobierno se ha convertido en una especie de mantra: toca esperar a que esto se resuelva, ahora no se puede hacer nada. Particularmente en el ámbito de public affairs, se ha extendido la idea de que es imposible avanzar en el trabajo hasta que se solucione el desbloqueo y se forme un gobierno.

Esto solo es verdad a medias, ya que la realidad es más compleja. Si bien es verdad que un gobierno en funciones tiene las manos muy atadas para llevar a cabo reformas de gran envergadura y sus actuaciones están muy limitadas, esto no significa que todos los riesgos regulatorios y los retos a los que se enfrentan los responsables de public affairs y en última instancia las compañías, estén en pausa. Además del Gobierno central y el regulador y su innegable impacto en el ámbito empresarial, existen otros nichos de participación e influencia que son igual de importantes para una compañía. Nichos que no solo no están en standby, sino que puede ser el momento perfecto para abordar y pueden convertirse en una magnífica oportunidad para poner el valor el trabajo que llevan a cabo los responsables de public affairs.

  1. Legislación y políticas europeas

Los procesos regulatorios siguen su curso en Bruselas con independencia de la particular situación que atraviesa España, y el 2016 está siendo un año clave en el desarrollo de legislación que se traducirá en nuevas políticas públicas. Dossiers como el mercado único digital o la economía circular están en diferente estado de tramitación y su impacto en nuestro país será notable.

En la pasada legislatura, los procedimientos legislativos aprobados en primera lectura tardaron de media 17 meses hasta su aprobación, y los que fueron a segunda lectura se demoraron hasta 32 meses. En ambos casos se trata de un lapso de tiempo durante el cual es imprescindible actuar. Resulta por tanto fundamental conocer la duración, los tiempos de un procedimiento legislativo, las diferentes fases que atraviesa y las instituciones que participan en la configuración de la legislación europea. Al tener claras las fases y los tiempos, se puede identificar a los actores más relevantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, y analizar las posiciones de los diferentes países miembros en el Consejo. Incluso sin gobierno central, los técnicos de la Representación Permanente de España ante la UE (o Reper como comúnmente se la conoce) continúan trabajando en los diferentes temas y negociando con sus colegas europeos.

También el ámbito de las asociaciones y organizaciones no institucionales, que es aún más amplio a nivel europeo, puede ser una fuente de conocimiento, alianzas y estrategias. Conocer de primera mano cómo nuevos actores (plataformas de vecinos, organizaciones de consumidores) se movilizan en temas como la economía colaborativa y cómo la regulan los gobiernos de los diferentes países es una herramienta muy valiosa a la hora tanto de anticipar posibles políticas nacionales como de elaborar propuestas con sistemas alternativos que funcionan en nuestros países vecinos.

  1. Comunidades Autónomas

Para las compañías españolas o con sede en España esto puede parecer una obviedad, pero son cada vez más las compañías extranjeras que, operando en España, conocen poco la configuración territorial y política de nuestro país. A diferencia de la parálisis de la política nacional, a nivel autonómico 13 de las 17 Comunidades Autónomas celebraron elecciones en mayo 2015, de forma que, bien entrado el segundo año de la legislatura y acercándose a la mitad de esta, están en el periodo más propicio para llevar a cabo reformas ambiciosas. Otras dos, Galicia y País Vasco, están en proceso de formar nuevos gobiernos tras la celebración de elecciones el pasado 25 de septiembre, por lo que los próximos meses serán clave para el establecimiento de las prioridades y líneas de acción de los nuevos representantes políticos.

Además, un seguimiento de los Parlamentos autonómicos permite comprobar cómo la Administración y los políticos regionales están trabajando día a día en las políticas cuyas competencias tienen trasvasadas e implementando nuevas medidas que pueden tener un profundo impacto en el negocio de una compañía. Existe también un efecto espejo entre Comunidades Autónomas que provoca que algunas medidas testadas en un territorio, sean impulsadas y promovidas por el mismo partido en otra Comunidad Autónoma; esto se observa especialmente desde la irrupción de los partidos emergentes que han abanderado algunas políticas públicas. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana ha anunciado un cambio de sistema de gestión de envases para completar el actual SIG con el sistema de depósito (SDDR) que – consideraciones legales aparte- entraría en vigor en 2018. Esta medida está siendo estudiada y emulada en menor medida en varias otras CCAA que se han dispuesto a estudiar los diferentes sistemas de gestión de envases para contemplar las diferentes alternativas; y son varias las Comunidades (como la de Madrid) que en estos momentos están trabajando en el próximo plan de residuos (que abarcará de 2017 a 2024).

  1. Stakeholder engagement

Junto a los stakeholders políticos y sociales, coexisten los stakeholders sociales. La categoría de stakeholder social es la más amplia y abarca desde organizaciones muy articuladas como ONGs u organizaciones de consumidores o pacientes a comunidades más informales de intereses, pasando por escuelas de negocios, think tanks o sociedades científicas. Todas las compañías tienen puntos de interacción, ya sea de alineación o conflicto con estas organizaciones; es el llamado entorno de no mercado que influye de alguna manera en su negocio.

Frente a la idea de que no se puede avanzar en estrategias de lobby y representación sin gobierno, maximizar la relación con los stakeholders sociales más relevantes para la compañía es clave ya que solo a través de la legitimidad social se podrá ejercer una mayor influencia política. La máxima “a mayor legitimidad social, mayor influencia política” cobra todo su significado en el momento actual, por cuanto el bloqueo político no debe impedir trabajar la legitimidad social. Ordenar y priorizar las relaciones con stakeholders sociales, mediante un análisis de su poder y grado de alineación con los intereses de la compañía, es el primer paso para poder diseñar unas estrategias de gestión de relación con estos actores. Este análisis permitirá priorizar el uso de recursos internos y externos y contribuir a un mejor posicionamiento de la compañía; dos elementos fundamentales para volver a la carga con los representantes políticos y la Administración una vez se forme un gobierno.

En definitiva, esperar a que se resuelva el bloque político no puede ser la mejor estrategia de public affairs. Este enfoque reactivo supondría desperdiciar las oportunidades de actuación que existen en estos momentos en otros ecosistemas que son igualmente relevantes para una compañía; oportunidades que a largo plazo se traducirán en una mayor influencia política.

 

¿Qué se hace para no votar el día de Navidad?

En caso de unas terceras elecciones

El pasado 6 de septiembre, la Mesa del Congreso admitió a trámite la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. Esta propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los dos Diputados de Unión del Pueblo Navarro, aunque hay noticias de que otras Proposiciones de ley en el mismo sentido podrían registrarse en próximas fechas.

La finalidad de esta iniciativa es la modificación de la referida norma para reducir alguno de los plazos (la iniciativa de UPN en concreto consiste en reducir a la mitad la duración de la campaña electoral) y evitar así la celebración de unas eventuales terceras elecciones el 25 de diciembre. Al margen de potenciales problemas de la modificación en sí misma, caso por ejemplo del plazo para ejercer el voto por correo, previamente va a requerir una tramitación exprés por cuanto las Cortes Generales se disolverían el próximo 1 de noviembre.

¿Y cómo hacemos ese trámite exprés? La vía más rápida es tramitar la iniciativa por urgencia y mediante el procedimiento de lectura única; es decir, con una reducción de los plazos a la mitad (urgencia) y sin pasar por los trámites de ponencia y comisión (lectura única). Así se llevó a cabo por ejemplo la pasada Legislatura la reforma relativa a la justicia universal, que fue admitida a trámite un 24 de enero y publicada en el BOE el 14 de marzo, aunque el procedimiento se utilizó en el Congreso y no en el Senado, que solamente tuvo en cuenta la urgencia. También vivió una tramitación ultrarrápida y bajo los mismos procedimientos, e incluso con alguna peculiaridad procedimental, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que fue admitido a trámite por la Mesa el 3 de junio y se publicó en el BOE el 19 del mismo mes.

En principio, en el caso que nos ocupa, los pasos concretos para la reforma de la LOREG serían los siguientes:

Congreso de los Diputados

  • Registrar la iniciativa
  • Calificación por la Mesa del Congreso.
  • Remisión al Gobierno (en funciones) para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
  • Una sesión plenaria en el Congreso para que se tome en consideración (primera sesión plenaria)
  • Reunión de la Mesa del Congreso para adoptar el procedimiento de urgencia y para solicitar al Pleno, oída la Junta de Portavoces, su tramitación directa y en lectura única. Además, se abre un plazo de enmiendas.
  • Adopción por el Pleno del acuerdo de tramitación directa y en lectura única (segunda sesión plenaria).
  • Aprobación del texto por el Pleno del Congreso de los Diputados y remisión al Senado (tercera sesión plenaria).

Senado

  • Calificación por la Mesa del Senado, apertura del plazo para presentar propuestas de veto (no caben enmiendas) y acuerdo, oída la Junta de Portavoces, para someter al Pleno del Senado su tramitación por el procedimiento de lectura única.
  • Sesión plenaria para acordar la tramitación por el procedimiento de lectura única (cuarta sesión plenaria).
  • Sesión plenaria para la aprobación del texto (quinta sesión plenaria).

Los tiempos apremian y vamos a ver una intensa actividad parlamentaria en las próximas fechas…todo sea por cenar tranquilos en Nochebuena…

Objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto

¿de qué hablamos? ¿qué es? ¿cuándo se tramita? ¿en qué plazos?

Durante estas últimas semanas, mientras se está negociando la potencial conformación de un gobierno en España, se habla de una cuestión cuya tramitación se subraya como necesaria a la mayor brevedad posible: el denominado “techo de gasto”. En realidad, estamos ante lo que técnicamente se conoce como “límite de gasto no financiero” para el correspondiente ejercicio presupuestario.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 15), es el Gobierno el que debe fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes -en este caso, de 2017 a 2019-, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Es decir, se debe fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para la Administración central, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y la Seguridad Social; al igual que el correspondiente objetivo de deuda pública. Es en ese mismo trámite es en el que se debe incluir el mencionado límite de gasto no financiero para el Estado.

Desde la perspectiva procedimental existen dos momentos: el gubernamental y el parlamentario. En el ámbito gubernamental, el procedimiento, según fija la ley, debería comenzar antes del 1 de abril con el envío por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el de los entes locales a la Comisión Nacional de Administración Local. Ambos organismos deberían emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días. Seguidamente es el Gobierno quien, en reunión de Consejo de Ministros, y en el primer semestre del año, adopta el correspondiente Acuerdo y lo remite al Parlamento. En todo caso, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se deben tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

En el ámbito parlamentario, la tramitación es muy sencilla. El Gobierno remite a las Cortes Generales el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el siguiente año. Dicho Acuerdo deberá ir acompañado de un informe -elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea- en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

En el Congreso de los Diputados se tramita directamente en el Pleno, siendo presentado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con un posterior turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor (con la excepción del Grupo del gobierno que cierra el debate), una respuesta conjunta por parte del Ministro, un segundo turno más breve por parte de los Grupos y un cierre del debate por parte del Ministro. Seguidamente se produce la votación, en la que bastará la mayoría simple. En el Senado, la tramitación es muy similar a la descrita.

Desde el punto de vista temporal nos encontramos por tanto fuera de plazo. No es la primera vez que ocurre, y prueba de ello es la tramitación del año pasado, en la que el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó en julio, mes en el que también se llevó a cabo la tramitación parlamentaria. Sin embargo, sin que sean necesarias mayores explicaciones, la situación que ahora vivimos es todavía más compleja. Habrá que esperar para ver qué ocurre y si resulta factible una tramitación exprés, un término que deberá aplicarse en su caso también a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre…

El Parlamento catalán aprueba un código de conducta para sus diputados

La medida tiene como objetivo prevenir la corrupción y prevé multas de hasta 12.000 euros

El pleno del Parlamento de Catalunya aprobó el pasado 28 de julio por unanimidad un Código referente a la conducta de sus miembros. Esta norma trae causa de las previsiones de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fija los principios éticos y de conducta a los que han de ajustarse los altos cargos de la Generalitat y establece que las instituciones y organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley –entre ellos el Parlamento– deberán elaborar un código de conducta propio aplicable a su ámbito de actuación.

La tramitación parlamentaria del texto ha sido bastante rápida, con una duración de dos meses, ya que la iniciativa fue publicada el 2 de junio de 2016 y ratificada definitivamente por el Pleno el 28 de julio, siendo publicada en el Boletín Oficial del Parlamento el 1 de agosto. Durante el procedimiento se presentaron enmiendas por parte de todos los grupos políticos. En consecuencia, el texto fue enmendado y aprobado por la Comisión de Reglamento unos días antes de su remisión al Pleno.

La elaboración de códigos de conducta en el ámbito parlamentario tiene algunos antecedentes, especialmente en las democracias anglosajonas, En Parlamentos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia existen códigos éticos específicos de aplicación para sus representantes. En otros ámbitos son menos abundantes, pero los encontramos por ejemplo en relación a los miembros del Parlamento Europeo y del Bundestag alemán.

El Código catalán aborda diferentes ámbitos destacables que giran en torno a los conceptos de buen gobierno y de gobierno abierto. Así, el capítulo II recoge los principios generales de actuación y de ejercicio del cargo de diputado, entre los cuales cabe mencionar los de integridad, honestidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, austeridad y actitud ejemplar.

En particular, el texto obliga a hacer pública la agenda de los diputados en el Portal de Transparencia del Parlamento, incluyendo todas las reuniones, contactos y audiencias con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de iniciativas parlamentarias. La agenda ha de estar actualizada al menos quincenalmente y debe recoger los datos de las personas correspondientes, la fecha de las reuniones y el objeto de las mismas (art. 9).

El capítulo III de la norma, concerniente al régimen de incompatibilidades, prevé que los diputados ejercerán el cargo con dedicación exclusiva, aunque permite que realicen otras actividades públicas o privadas que estén admitidas por la normativa de incompatibilidades. No obstante, la realización de otras actividades puede conllevar la reducción de la remuneración parlamentaria en función de la naturaleza de aquellas (art. 13).

El capítulo IV, que versa sobre los conflictos de interés, incluye varios puntos relevantes. Por un lado, se amplía la definición de conflicto de interés, abarcando no sólo la actividad del propio diputado como hasta ahora, sino también la de los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (art. 15). La situación de conflicto de intereses comporta el deber de abstención del diputado en la toma de decisiones que tengan relación directa, y se otorga a los diputados la posibilidad de pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre si incurren o no en dicha situación (art. 16).

Los artículos 17 a 21 regulan la declaración de intereses económicos, que es complementaria a la declaración de actividades y bienes prevista actualmente. La declaración debe recoger, entro otros aspectos, las actividades profesionales del diputado durante el mandato y los tres años anteriores a su elección, la pertenencia durante este mismo período a consejos y órganos de administración de empresas, ONG’s, asociaciones y otros organismos con personalidad jurídica, así como las actividades remuneradas de cualquier tipo –ocasionales o no– que el diputado lleve a cabo durante el ejercicio de su mandato (art. 18). El contenido de la declaración debe mantenerse actualizado y se publicará en el Portal de Transparencia del Parlamento.

Por su parte, el artículo 22 prohíbe que los diputados puedan aceptar regalos, servicios u otros obsequios de más de 150 euros y, en caso de recibirlos, tendrán que entregarlos al Parlamento para que sean dedicados a actividades o servicios sociales. Asimismo, los diputados tampoco podrán aceptar ninguna oferta de hospitalidad, invitación u otros servicios que impliquen un gasto económico a cargo de terceros, en beneficio propio o de su entorno familiar, ni podrán percibir dietas o gastos de representación adicionales a los de su retribución.

Por último, el capítulo V recoge los instrumentos de garantía del Código de conducta. La norma hace responsable a la Mesa del Parlamento del cumplimiento del código, pudiendo adoptar para ello las medidas necesarias en caso de quebrantamiento del mismo (art. 25). El artículo 26 establece un procedimiento interno de verificación por el que si existen motivos para creer que un diputado puede haber infringido el Código, la Mesa, a iniciativa propia o de un grupo parlamentario, puede iniciar dicho procedimiento y solicitar informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que actuará como órgano instructor investigando los hechos y elevando una propuesta de decisión a la Mesa.

El régimen sancionador, previsto en el artículo 27, incluye las siguientes sanciones: a) una amonestación pública, y b) una multa de 600 a 12.000 euros. No obstante, si la Mesa del Parlamento considera que la infracción es muy grave, puede proponer al Pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento.

Pese a que el texto recibió la aprobación unánime del Pleno, se han vertido opiniones diferentes sobre el mismo. Representantes de Catalunya Sí Que Es Pot y de la CUP han manifestado que les hubiera gustado que el texto fuera más ambicioso, y Lluís Corominas, diputado de Junts pel Sí, ha admitido que “de hoy para mañana la gente no será menos corrupta, pero este texto se lo pondrá más difícil”. Por su parte, el PSC cree que habrá que seguir teniendo una actitud atenta y vigilante porque el Código no evitará que quien quiera eludir la ley, lo haga. PPC y Ciudadanos también han cuestionado la eficacia del texto porque “ampara acciones partidistas”.

A la luz de estas valoraciones nos viene a la cabeza el sempiterno debate sobre hasta qué punto la ley puede hacer hombres justos y determinar la conducta humana. Catalunya se ha visto salpicada en los últimos años por grandes escándalos de corrupción que han mermado la confianza de los catalanes en sus dirigentes políticos. Este Código es una muestra de la reacción que están teniendo las autoridades públicas, pero sólo el tiempo dirá el grado de éxito que estas acciones tendrán para evitar nuevos casos de corrupción.

 

 

Revista Abogados

Revista del Consejo General de la Abogacía

En este número la prestigiosa revista de Abogados ha dado comienzo a una serie de artículos que tendrán como hilo conductor la mala praxis legislativa que se produce a diario en nuestro país.

Jorge Villarino, Director de Regulación de Vinces ha sido el encargado de redactar a modo introductorio un artículo sobre las “Malas Prácticas y Seguridad Jurídica” (pág. 25)

No pierdas la oportunidad de conocer de manos de grandes expertos la situación que vive España en este momento.

Descargar la revista