INFLUENCIA LEGÍTIMA

Qué harán los políticos en 2017

David Córdova y Jorge Villarino, Socios de Vinces, colaboran con One Magazine

Qué harán los políticos en 2017

Qué harán los políticos en 2017

David Córdova, socio director de Vinces, y Jorge Villarino, socio y director de regulación, analizan los grandes hitos políticos de 2017 para One Magazine.


Europa Press

La tónica dominante en el escenario político de 2016 fue la inestabilidad. Finalmente, el popular Mariano Rajoy consiguió formar Gobierno a finales de octubre, pero con una mayoría simple que le obligará a buscar a apoyos a la hora de tomar cualquier decisión importante para el país.

David Córdova y Jorge Villarino nos explican cuáles serán los grandes hitos en materia política para 2017.

Leer artículo completo

Vienen los presupuestos… y que vengan rápido

Los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria

Los tiempos hacen que sea inevitable que los Presupuestos de 2016 se prorroguen durante los primeros meses de 2017. Cabe recordar que el artículo 134.4 de la Constitución dice que “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. No es la primera vez que un Gobierno del Partido Popular vive esta situación. Recordemos que cuando llegó al Gobierno a finales de 2011, se prorrogaron los Presupuestos hasta que los nuevos se aprobaron en junio de 2012.

En las próximas semanas, sin que sea posible concretar el momento, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Las negociaciones extraparlamentarias ya se están produciendo, según noticias en prensa, pero son dos los principales motivos que exigen de una tramitación lo más rápida posible: primero, la propia importancia de los presupuestos en sí mismos. Hay que tener en cuenta que no son sino la plasmación económica de la política gubernamental; y segundo, las exigencias de Bruselas.

En referencia a estas últimas, el pasado 16 de noviembre la Comisión Europea, tras el diálogo estructurado con el Parlamento, señaló que, visto el proyecto de plan presupuestario presentado por España a mediados de octubre, y los informes sobre las medidas tomadas en respuesta a las advertencias del Consejo adoptadas el 8 de agosto de 2016, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de déficit excesivo de España debe mantenerse en suspenso, y que ya no concurrían las circunstancias que exigieron la propuesta de la Comisión de suspender parte de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, por lo que no habrá tal propuesta. Sin embargo, ha recordado que España tiene que reducir su déficit hasta el 3,1% a finales de 2017. El ajuste está estimado en unos 5.500 millones de euros.

Además de su intrínseca relevancia, los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria y a la solidez gubernamental. Tratándose de la norma más importante del año, las dificultades o no que el Gobierno se pueda encontrar para sacarla adelante van a ser el primer botón de muestra de la verdadera situación política y una nota significativa respecto a la Legislatura que vamos a vivir.

Desde el punto de vista temporal, cuando el Gobierno popular ganó las elecciones con mayoría absoluta a finales de 2011, el Presupuesto fue remitido a principios de abril. Si hiciéramos una proyección al escenario actual, estaríamos hablando de un proyecto de presupuestos a mediados de enero, aunque es de esperar que, ante un gobierno de continuidad, los tiempos se acorten.

En lo que concierne a la tramitación parlamentaria, cuando se tramitaron los presupuestos del año 2016, desde la entrada del proyecto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, transcurrieron dos meses y medio. La tramitación es larga, compleja y marcada por unas exigencias normativas y unas prácticas consolidadas. Se hace la presentación, se publica, se abre un periodo para solicitar las comparecencias, así como otro para presentar las enmiendas a la totalidad y un tercero para presentar las enmiendas al articulado. Posteriormente se procede a la celebración de las comparecencias explicativas que, como nota curiosa, no tienen lugar en la Comisión de Presupuestos, sino en las Comisiones competentes por razón de la materia. Seguidamente, dentro ya del esquema clásico, proceden las siguientes fases: debate de totalidad, informe de la ponencia, dictamen de la Comisión de Presupuestos y aprobación del mismo por el Pleno de la Cámara. A continuación, viene el trámite del Senado y, en caso de introducción de modificaciones, su remisión de nuevo al Congreso. Si se extrapolan los plazos de otras ocasiones y se aplica la urgencia requerida, podríamos tener unos presupuestos aprobados para finales del mes de marzo.

La aritmética parlamentaria, los compromisos derivados del acuerdo de investidura, las exigencias de Bruselas y la propia dinámica de la economía nacional exigen de un complejo equilibrio en el fondo, un espíritu negociador en las formas y una celeridad en los tiempos.

Objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto

¿de qué hablamos? ¿qué es? ¿cuándo se tramita? ¿en qué plazos?

Durante estas últimas semanas, mientras se está negociando la potencial conformación de un gobierno en España, se habla de una cuestión cuya tramitación se subraya como necesaria a la mayor brevedad posible: el denominado “techo de gasto”. En realidad, estamos ante lo que técnicamente se conoce como “límite de gasto no financiero” para el correspondiente ejercicio presupuestario.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 15), es el Gobierno el que debe fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes -en este caso, de 2017 a 2019-, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Es decir, se debe fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para la Administración central, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y la Seguridad Social; al igual que el correspondiente objetivo de deuda pública. Es en ese mismo trámite es en el que se debe incluir el mencionado límite de gasto no financiero para el Estado.

Desde la perspectiva procedimental existen dos momentos: el gubernamental y el parlamentario. En el ámbito gubernamental, el procedimiento, según fija la ley, debería comenzar antes del 1 de abril con el envío por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el de los entes locales a la Comisión Nacional de Administración Local. Ambos organismos deberían emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días. Seguidamente es el Gobierno quien, en reunión de Consejo de Ministros, y en el primer semestre del año, adopta el correspondiente Acuerdo y lo remite al Parlamento. En todo caso, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se deben tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

En el ámbito parlamentario, la tramitación es muy sencilla. El Gobierno remite a las Cortes Generales el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el siguiente año. Dicho Acuerdo deberá ir acompañado de un informe -elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea- en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

En el Congreso de los Diputados se tramita directamente en el Pleno, siendo presentado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con un posterior turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor (con la excepción del Grupo del gobierno que cierra el debate), una respuesta conjunta por parte del Ministro, un segundo turno más breve por parte de los Grupos y un cierre del debate por parte del Ministro. Seguidamente se produce la votación, en la que bastará la mayoría simple. En el Senado, la tramitación es muy similar a la descrita.

Desde el punto de vista temporal nos encontramos por tanto fuera de plazo. No es la primera vez que ocurre, y prueba de ello es la tramitación del año pasado, en la que el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó en julio, mes en el que también se llevó a cabo la tramitación parlamentaria. Sin embargo, sin que sean necesarias mayores explicaciones, la situación que ahora vivimos es todavía más compleja. Habrá que esperar para ver qué ocurre y si resulta factible una tramitación exprés, un término que deberá aplicarse en su caso también a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre…