INFLUENCIA LEGÍTIMA

El impacto del Brexit en el sector agroalimentario.

Los directivos intensificarán las relaciones institucionales ante las próximas negociaciones.

 
Esta misma semana y tras un proceso parlamentario más farragoso del esperado, la Primera Ministra británica, Theresa May, ha anunciado el “pistoletazo de salida” para el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, con base en el artículo 50 del Tratado de la Unión. Vienen dos años de duras negociaciones con un Reino Unido que, respondiendo a su tradicional pragmatismo, va a intentar minimizar el impacto, fundamentalmente en el plano económico. Por otro lado, la Unión Europea, en un momento de cuestionamiento institucional y con las elecciones francesas a la puerta, tiene que adoptar un posicionamiento de dureza en la negociación, transmitiendo que salir de la UE no puede ser sencillo ni puede salir gratis; aunque puede ser que no todos nos podamos permitir esa dureza…

Sectores afectados por el Brexit en Reino Unido.

Desde la perspectiva del Reino Unido, son muchos los sectores afectados. El sector financiero, con el exponente de la City, es quizá el ejemplo por excelencia. Basta recordar cómo Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, apeló a un acuerdo transitorio para amortiguar el impacto en los negocios, manteniendo la situación actual hasta al menos 2021. Pero lo cierto es que –como ha señalado el Centre for Economics and Business Research y Open Britain en un estudio el pasado mes de noviembre–  la mayoría de los sectores de la economía británica están vinculados a la Unión Europea.

“el 70% de las exportaciones al Reino Unido provienen de otros Estados miembros de la Unión Europea”

Sin embargo, si hay un sector particularmente afectado en la isla, es el sector agroalimentario que tiene unas cifras muy vinculadas a la UE. Y además de un modo bidireccional. Pensemos que hoy día el 70% de las exportaciones al Reino Unido provienen de otros Estados miembros de la Unión Europea, ocupando un lugar destacado las provenientes de Holanda, Irlanda, Alemania, Francia y España; países que son también los primeros importadores de productos agro del Reino Unido, aunque con un lugar particularmente destacado para Irlanda.

Preocupación en España por el Brexit.

Desde la perspectiva española, el Brexit también es un motivo de preocupación. Basta para ello observar algunos datos genéricos: Reino Unido es el cuarto destino de nuestras exportaciones, habiendo superado los 18.000 millones de euros en 2016. Según algunas informaciones el Gobierno español considera que  el Brexit tendrá un impacto de entre dos y cuatro décimas en el PIB.

Pero también aquí la preocupación es particular en el caso del sector agroalimentario. Tras la industria automovilística –que ya en diciembre de 2016 el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad nos señalaba que en términos interanuales ha sufrido un descenso del 5,6% en sus exportaciones a UK–, con una cifra que en 2015 superó los 3.500 millones de euros, y con una balanza muy positiva, el sector agroalimentario es el segundo en volumen de exportaciones, por cuanto las importaciones apenas superaron los 1.200 millones. Si se observa el Directorio de empresas españolas en el Reino Unido elaborado por el ICEX en 2014, también el sector agroalimentario ocupa un lugar relevante en cuanto al número de empresas. A destacar, dentro del sector, el subsector de las frutas, hortalizas y verduras, que constituyen más de la mitad de nuestras exportaciones.

Relaciones institucionales: La mejor estrategia ¿Qué se debe hacer desde la industria? 

Trabajar con las autoridades. El proceso de dos años de negociaciones que se avecina y la incertidumbre que provoca lo desconocido, exigen de una alianza entre autoridades y organizaciones empresariales en nuestro país. Y cada sector va a velar por lo suyo. Es necesario combinar la firmeza de la UE con la flexibilidad que exigen nuestras relaciones económicas bilaterales. El Presidente del Gobierno señaló recientemente que quiere que el proceso del Brexit se haga “con rapidez, con aproximaciones constructivas y en positivo”.

Las empresas del sector agroalimentario, caracterizadas por una fuerte atomización, han de estar de manera organizada presentes en el debate porque las cifras de negocio lo exigen.Y ello requiere de unas líneas estratégicas, un plan de acción, una continua monitorización y la existencia de canales de diálogo fluidos, bidireccionales. Se hace necesario que el acercamiento entre lo público y lo privado, tan necesario en la construcción de políticas públicas, sea más real que nunca.

Si las relaciones institucionales se han visto siempre como un departamento de coste, lo que ha llevado a muchas empresas a ni siquiera disponer de un departamento específico, el Brexit es una prueba de fuego de su necesidad. Su labor y su quehacer profesional en estos dos próximos años van a afectar directamente a la cuenta de resultados.

Objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto

¿de qué hablamos? ¿qué es? ¿cuándo se tramita? ¿en qué plazos?

Durante estas últimas semanas, mientras se está negociando la potencial conformación de un gobierno en España, se habla de una cuestión cuya tramitación se subraya como necesaria a la mayor brevedad posible: el denominado “techo de gasto”. En realidad, estamos ante lo que técnicamente se conoce como “límite de gasto no financiero” para el correspondiente ejercicio presupuestario.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 15), es el Gobierno el que debe fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes -en este caso, de 2017 a 2019-, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Es decir, se debe fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para la Administración central, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y la Seguridad Social; al igual que el correspondiente objetivo de deuda pública. Es en ese mismo trámite es en el que se debe incluir el mencionado límite de gasto no financiero para el Estado.

Desde la perspectiva procedimental existen dos momentos: el gubernamental y el parlamentario. En el ámbito gubernamental, el procedimiento, según fija la ley, debería comenzar antes del 1 de abril con el envío por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el de los entes locales a la Comisión Nacional de Administración Local. Ambos organismos deberían emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días. Seguidamente es el Gobierno quien, en reunión de Consejo de Ministros, y en el primer semestre del año, adopta el correspondiente Acuerdo y lo remite al Parlamento. En todo caso, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se deben tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

En el ámbito parlamentario, la tramitación es muy sencilla. El Gobierno remite a las Cortes Generales el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el siguiente año. Dicho Acuerdo deberá ir acompañado de un informe -elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea- en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

En el Congreso de los Diputados se tramita directamente en el Pleno, siendo presentado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con un posterior turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor (con la excepción del Grupo del gobierno que cierra el debate), una respuesta conjunta por parte del Ministro, un segundo turno más breve por parte de los Grupos y un cierre del debate por parte del Ministro. Seguidamente se produce la votación, en la que bastará la mayoría simple. En el Senado, la tramitación es muy similar a la descrita.

Desde el punto de vista temporal nos encontramos por tanto fuera de plazo. No es la primera vez que ocurre, y prueba de ello es la tramitación del año pasado, en la que el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó en julio, mes en el que también se llevó a cabo la tramitación parlamentaria. Sin embargo, sin que sean necesarias mayores explicaciones, la situación que ahora vivimos es todavía más compleja. Habrá que esperar para ver qué ocurre y si resulta factible una tramitación exprés, un término que deberá aplicarse en su caso también a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre…

Un repaso a la XI Legislatura

¿Cómo ha impacto económicamente a España? ¿Qué ha marcado esta legislatura?

El pasado 2 de mayo, se ponía fin a la legislatura más corta de la historia de nuestra democracia y parace que ésta ha pasado con más pena que gloria por el panorama político español debido a la nula actividad legislativa a excepción de la iniciativa aprobada el 15 de abril, que prorroga el Programa de Activación para el empleo donde está incluida la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con cargas familiares.

Desde el punto de vista político, ha sido una legislatura donde se han producido:

1. Un presidente del Congreso cuyo partido no fue el más votado. Y que presidía una mesa con paridad de mujeres y hombres.

2. Tres rondas de contacto con el rey. En primer lugar, Mariano Rajoy declinó el ofrecimiento del Jefe del Estado ya que no consiguió acuerdos suficientes para poder formar Gobierno. Lo mismo le pasó a Pedro Sánchez, quien se presentó a la investidura sin conseguir la confianza del Congreso. Y un último intento fallido donde Compromís apoyaba el pacto de izquierdas ideado anteriormente por el PSOE.

3. Un Gobierno en funciones que no se ha sometido al Parlamento y que actualmente tiene un recurso abierto en el Tribunal Constitucional presentado por el Congreso de los Diputados.

Más allá de todos los titulares sobre pactos políticos de derechas, de izquierdas, de centros, de extremos, etc. los españoles no hemos tenido noticias sobre cómo nos ha impactado económicamente este parón legislativo que en la historia de nuestra democracia no se había dado antes.

Los primeros en dar un toque de atención al gobierno en funciones fueron el FMI exigiendo medidas inmediatas para la contención del déficit que debe situarse en el 3% para 2017. Actualmente el déficit español se ha convertido en el más alto de la Unión Europea (-5,08%) seguido por Portugal y Reino Unido (-4,40%), aunque para los ingleses  después de lo acontecido en los últimos meses no creo que les preocupe mucho.

Estas medidas inmediatas se han concretado en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 por el ejecutivo en funciones, quien ha recortado un 0,2% del PIB en gasto de la Administración Central para este año.

El Banco de España también se ha unido a estas presiones y ha revisado sus previsiones para las principales macromagnitudes económicas; y aunque nos mantenemos en una fase expansiva, la proyección de crecimiento del PIB disminuye del 2,8% al 2,1%. Sin embargo, el ministro de economía en funciones, Luis de Guindos, cree que la previsión de crecimiento del 2,7% fue excesivamente prudente y anuncia una revisión al alza, haciendo oídos sordos a las previsiones del Banco de España basándose en los buenos datos de empleo que ha arrojado el INE el pasado mes de junio, con una bajada del 3,2% dejando la cifra de parados en 3.767.054 personas.

Aunque estas cifras siguen siendo positivas, no terminan de convencer a la inversión extranjera que ha dado más peso a la inestabilidad política actual y futura castigando en los mercados a la prima de riesgo española que alcanzó los 179 puntos el viernes anterior a las elecciones.

Y es que la irrupción de los nuevos partidos políticos al sistema bipartidista ha generado una preocupación derivada del cambio del proceso de toma de decisiones donde la palabra “pacto” cobra una importancia tal, que puede echar por tierra la estabilidad económica lograda en los últimos años. Veremos si durante esta semana nuestros políticos se ponen de acuerdo y logran formar Gobierno, o nos vemos abocados a unas terceras elecciones.