INFLUENCIA LEGÍTIMA

Congresos de PP, Podemos y Ciudadanos

¿Cómo han quedado configurados los partidos tras sus congresos?

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Desde Vinces hemos elaborado un documento de análisis y resumen de los congresos que han tenido lugar en estas dos últimas semanas de tres de los principales partidos políticos en España: Partido Popular, Podemos y Ciudadanos.

A continuación, exponemos en líneas generales cómo han quedado configurados los partidos tras sus respectivos congresos y compartimos un breve análisis sobre cuáles serán las claves de cara al futuro.

– Los dirigentes de los tres partidos salen reforzados de sus respectivos congresos.

– En términos generales, ni en Cs ni en el PP hay cambios realmente significativos en sus estructuras orgánicas.

Pablo Iglesias se ha impuesto a Iñigo Errejón y, por tanto, Podemos mantendrá la estrategia del sorpasso. Es decir, la derrota del PSOE para hacer de Podemos el primer partido de la izquierda.

Iñigo Errejón, representa la estrategia del entendimiento con los socialistas para conseguir más poder institucional. Por ello, el papel y el peso que vaya a tener Iñigo Errejón y su equipo como contrapeso a las posturas rupturistas dentro del nuevo Consejo Ciudadano de Podemos en donde aumenta la representación de la denominada facción anticapitalista será determinante para la futura relación con el resto de fuerzas políticas.

-Tal y como han quedado configurados los partidos y en especial tras la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre II, resulta más relevante de cara a la legislatura la elección del nuevo Secretario General del Partido Socialista en su próximo congreso.

 

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Avalancha de subcomisiones en el Congreso

Pero ¿qué es una subcomisión?

Desde que se pusiera en marcha la presente Legislatura han sido muchas las iniciativas registradas para la creación de subcomisiones en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el momento de escribir estas líneas, había registradas 28 solicitudes de creación de subcomisiones. Algunas de las solicitudes afectan a temas nucleares, como por ejemplo nuestro sistema educativo, la reforma electoral, la violencia de género o la sostenibilidad del sistema de dependencia.

Pero ¿qué es una subcomisión? Una subcomisión es un órgano que, con carácter general, desempeña tareas de estudio y análisis de una materia y cuyos trabajos concluyen con la elaboración de un informe que puede ser debatido, además de por la Comisión en cuyo seno se ha constituido la subcomisión, por el Pleno de la Cámara.

Se trata de un órgano de trabajo sumamente útil y un ejemplo sin duda de colaboración público-privada en un marco institucional. De hecho, lo habitual es que participen todos los stakeholders que se puedan ver afectados por la materia objeto de estudio (Administración en sus diferentes niveles, industria afectada, organizaciones empresariales, grupos sociales relacionados, expertos académicos…etc). Además, no es infrecuente que, aunque no se tenga la condición de compareciente, se pueda hacer llegar documentación de interés a la subcomisión para su reparto entre los miembros.

Fundamentalmente es un instrumento de colaboración entre el Parlamento, el Ejecutivo y los actores empresariales y sociales. Permite la adquisición de un conocimiento por parte de los parlamentarios; contribuye a su potencial especialización en la materia; abre unos canales de diálogo fluidos entre el sector privado, la academia y las instituciones; favorece un clima de consenso político por la informalidad, que no falta de seriedad, de sus trabajos; permite profundizar sosegadamente en aspectos en los que la celeridad procedimental de los procesos normativos a veces no deja; es una vía de participación de los grupos de interés por un cauce institucionalizado; y, lo que es más importante, contribuye a la realización del interés general.

Suelen concluir con la aprobación de un informe en el que se recogen de manera resumida las contribuciones de los comparecientes, así como las recomendaciones que, principalmente, van dirigidas a los poderes públicos, aunque también es habitual la introducción de elementos propios de la colaboración público-privada.

En una época en la que hay una creciente demanda de participación de la sociedad en la elaboración de políticas públicas, en los procedimientos normativos y, en definitiva, en el debate político en cuanto que ciencia destinada a la satisfacción del bien común, la subcomisión se presenta, bien utilizada, como un órgano sumamente útil.

Cierto es que necesariamente se ha de guardar un equilibrio por cuanto no puede constituir el órgano ordinario de trabajo del parlamento. Son las comisiones y el pleno los órganos naturales y, consiguientemente, el número de subcomisiones en funcionamiento de manera paralela ha de ser razonable y equilibrado. A ello se añade que el trabajo de las subcomisiones ha de ser constante y riguroso para llegar a conclusiones concretas, con objetivos asequibles y evitar en definitiva que su presencia se eternice. Otra forma de funcionar sería dar la razón a Napoleón: “Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comisión”.

¿Le tiene que hacer caso el Gobierno al Parlamento y el Parlamento al Gobierno?

Cuatro aclaraciones jurídicas para entender lo que está pasando

En estas últimas fechas se está produciendo un debate sobre si el Gobierno, que está en minoría, debe “obedecer” al Parlamento. Anteayer, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, se produjo este diálogo:

– El diputado Pablo Iglesias preguntó: ¿Cómo piensa el Gobierno ejecutar las decisiones del poder legislativo?

– El Presidente del Gobierno respondió: Pensamos aplicar las que sean obligatorias

Desde el Departamento de Regulación de Vinces te damos las claves para entender este debate que va más allá de lo político y que tiene una fuerte repercusión jurídica

 

Primera aclaración: terminológica

En primer lugar, hay que distinguir las proposiciones NO de ley, de las proposiciones de ley. Las primeras, aunque las apruebe el Congreso de los Diputados, sea en el Pleno sea en una Comisión, no son jurídicamente vinculantes, sino instrumentos de orientación política.

Distinta es la cuestión en el caso de las proposiciones de ley, que es como se denomina cualquier iniciativa legislativa de origen no gubernamental.

Segunda aclaración: lo que puede hacer el Gobierno ante la iniciativa legislativa del Parlamento.

La tramitación de una proposición de ley puede encontrase con una importante barrera: el Gobierno se puede oponer a su tramitación si considera y motiva que supone un incremento de gasto o una disminución de ingresos. ¿por qué?

Desde el punto de vista formal porque el artículo 134.6 de la Constitución dice: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

De hecho, también desde el punto de vista formal, el Reglamento del Congreso dice en su artículo 126.2: “Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”

Desde el punto de vista material, se trata de una facultad lógica, por cuanto permitir una iniciativa legislativa de esa naturaleza implicaría un subrepticio para modificar los Presupuestos Generales del Estado.

Tercera aclaración: y entonces ¿qué está pasando?

Teóricamente si el Gobierno se opone a la tramitación, la iniciativa se ve paralizada. Sin embargo, nos podemos encontrar con que el Congreso, y más concretamente su Mesa (en la que el Partido Popular está en minoría) no esté de acuerdo con la motivación del Gobierno y decida continuar con la tramitación. De hecho, ya lo ha hecho por ejemplo con la Proposición de ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

El Gobierno se opuso a su tramitación con base en un informe en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuantificaba en cerca de 615 millones de euros la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios y unas obligaciones de gasto no previstas de igual cuantía. La Mesa del Congreso rechazó esta oposición del Gobierno…y la iniciativa sigue su tramitación.

Cuarta aclaración y un poco de especulación: y entonces ¿qué va a pasar?

Aquí tenemos ya alguna certeza y muchos futuribles. La primera certeza es que el Gobierno ha seguido insistiendo. Para muestra un botón. El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de noviembre, ha solicitado de la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión. La segunda certeza es que el Gobierno ya ha dicho que, en función de la respuesta del Congreso, podría darse inicio a un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional. El futurible es que no sabemos todavía lo que en su caso decidirá el Tribunal Constitucional.

Conclusión

Estamos ante uno de los grandes debates de la Legislatura. ¿Supone esto que los partidos de la oposición, mediante la aprobación de leyes, van a poder gobernar desde el Parlamento? En la práctica, desde el punto de vista político es complejo; y desde el punto de vista jurídico…el debate está abierto.

Vienen los presupuestos… y que vengan rápido

Los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria

Los tiempos hacen que sea inevitable que los Presupuestos de 2016 se prorroguen durante los primeros meses de 2017. Cabe recordar que el artículo 134.4 de la Constitución dice que “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. No es la primera vez que un Gobierno del Partido Popular vive esta situación. Recordemos que cuando llegó al Gobierno a finales de 2011, se prorrogaron los Presupuestos hasta que los nuevos se aprobaron en junio de 2012.

En las próximas semanas, sin que sea posible concretar el momento, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Las negociaciones extraparlamentarias ya se están produciendo, según noticias en prensa, pero son dos los principales motivos que exigen de una tramitación lo más rápida posible: primero, la propia importancia de los presupuestos en sí mismos. Hay que tener en cuenta que no son sino la plasmación económica de la política gubernamental; y segundo, las exigencias de Bruselas.

En referencia a estas últimas, el pasado 16 de noviembre la Comisión Europea, tras el diálogo estructurado con el Parlamento, señaló que, visto el proyecto de plan presupuestario presentado por España a mediados de octubre, y los informes sobre las medidas tomadas en respuesta a las advertencias del Consejo adoptadas el 8 de agosto de 2016, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de déficit excesivo de España debe mantenerse en suspenso, y que ya no concurrían las circunstancias que exigieron la propuesta de la Comisión de suspender parte de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, por lo que no habrá tal propuesta. Sin embargo, ha recordado que España tiene que reducir su déficit hasta el 3,1% a finales de 2017. El ajuste está estimado en unos 5.500 millones de euros.

Además de su intrínseca relevancia, los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria y a la solidez gubernamental. Tratándose de la norma más importante del año, las dificultades o no que el Gobierno se pueda encontrar para sacarla adelante van a ser el primer botón de muestra de la verdadera situación política y una nota significativa respecto a la Legislatura que vamos a vivir.

Desde el punto de vista temporal, cuando el Gobierno popular ganó las elecciones con mayoría absoluta a finales de 2011, el Presupuesto fue remitido a principios de abril. Si hiciéramos una proyección al escenario actual, estaríamos hablando de un proyecto de presupuestos a mediados de enero, aunque es de esperar que, ante un gobierno de continuidad, los tiempos se acorten.

En lo que concierne a la tramitación parlamentaria, cuando se tramitaron los presupuestos del año 2016, desde la entrada del proyecto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, transcurrieron dos meses y medio. La tramitación es larga, compleja y marcada por unas exigencias normativas y unas prácticas consolidadas. Se hace la presentación, se publica, se abre un periodo para solicitar las comparecencias, así como otro para presentar las enmiendas a la totalidad y un tercero para presentar las enmiendas al articulado. Posteriormente se procede a la celebración de las comparecencias explicativas que, como nota curiosa, no tienen lugar en la Comisión de Presupuestos, sino en las Comisiones competentes por razón de la materia. Seguidamente, dentro ya del esquema clásico, proceden las siguientes fases: debate de totalidad, informe de la ponencia, dictamen de la Comisión de Presupuestos y aprobación del mismo por el Pleno de la Cámara. A continuación, viene el trámite del Senado y, en caso de introducción de modificaciones, su remisión de nuevo al Congreso. Si se extrapolan los plazos de otras ocasiones y se aplica la urgencia requerida, podríamos tener unos presupuestos aprobados para finales del mes de marzo.

La aritmética parlamentaria, los compromisos derivados del acuerdo de investidura, las exigencias de Bruselas y la propia dinámica de la economía nacional exigen de un complejo equilibrio en el fondo, un espíritu negociador en las formas y una celeridad en los tiempos.

¿Qué se hace para no votar el día de Navidad?

En caso de unas terceras elecciones

El pasado 6 de septiembre, la Mesa del Congreso admitió a trámite la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. Esta propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los dos Diputados de Unión del Pueblo Navarro, aunque hay noticias de que otras Proposiciones de ley en el mismo sentido podrían registrarse en próximas fechas.

La finalidad de esta iniciativa es la modificación de la referida norma para reducir alguno de los plazos (la iniciativa de UPN en concreto consiste en reducir a la mitad la duración de la campaña electoral) y evitar así la celebración de unas eventuales terceras elecciones el 25 de diciembre. Al margen de potenciales problemas de la modificación en sí misma, caso por ejemplo del plazo para ejercer el voto por correo, previamente va a requerir una tramitación exprés por cuanto las Cortes Generales se disolverían el próximo 1 de noviembre.

¿Y cómo hacemos ese trámite exprés? La vía más rápida es tramitar la iniciativa por urgencia y mediante el procedimiento de lectura única; es decir, con una reducción de los plazos a la mitad (urgencia) y sin pasar por los trámites de ponencia y comisión (lectura única). Así se llevó a cabo por ejemplo la pasada Legislatura la reforma relativa a la justicia universal, que fue admitida a trámite un 24 de enero y publicada en el BOE el 14 de marzo, aunque el procedimiento se utilizó en el Congreso y no en el Senado, que solamente tuvo en cuenta la urgencia. También vivió una tramitación ultrarrápida y bajo los mismos procedimientos, e incluso con alguna peculiaridad procedimental, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que fue admitido a trámite por la Mesa el 3 de junio y se publicó en el BOE el 19 del mismo mes.

En principio, en el caso que nos ocupa, los pasos concretos para la reforma de la LOREG serían los siguientes:

Congreso de los Diputados

  • Registrar la iniciativa
  • Calificación por la Mesa del Congreso.
  • Remisión al Gobierno (en funciones) para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
  • Una sesión plenaria en el Congreso para que se tome en consideración (primera sesión plenaria)
  • Reunión de la Mesa del Congreso para adoptar el procedimiento de urgencia y para solicitar al Pleno, oída la Junta de Portavoces, su tramitación directa y en lectura única. Además, se abre un plazo de enmiendas.
  • Adopción por el Pleno del acuerdo de tramitación directa y en lectura única (segunda sesión plenaria).
  • Aprobación del texto por el Pleno del Congreso de los Diputados y remisión al Senado (tercera sesión plenaria).

Senado

  • Calificación por la Mesa del Senado, apertura del plazo para presentar propuestas de veto (no caben enmiendas) y acuerdo, oída la Junta de Portavoces, para someter al Pleno del Senado su tramitación por el procedimiento de lectura única.
  • Sesión plenaria para acordar la tramitación por el procedimiento de lectura única (cuarta sesión plenaria).
  • Sesión plenaria para la aprobación del texto (quinta sesión plenaria).

Los tiempos apremian y vamos a ver una intensa actividad parlamentaria en las próximas fechas…todo sea por cenar tranquilos en Nochebuena…

Revista Abogados

Revista del Consejo General de la Abogacía

En este número la prestigiosa revista de Abogados ha dado comienzo a una serie de artículos que tendrán como hilo conductor la mala praxis legislativa que se produce a diario en nuestro país.

Jorge Villarino, Director de Regulación de Vinces ha sido el encargado de redactar a modo introductorio un artículo sobre las “Malas Prácticas y Seguridad Jurídica” (pág. 25)

No pierdas la oportunidad de conocer de manos de grandes expertos la situación que vive España en este momento.

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