INFLUENCIA LEGÍTIMA

¿Le tiene que hacer caso el Gobierno al Parlamento y el Parlamento al Gobierno?

Cuatro aclaraciones jurídicas para entender lo que está pasando

En estas últimas fechas se está produciendo un debate sobre si el Gobierno, que está en minoría, debe “obedecer” al Parlamento. Anteayer, en la sesión de control del Congreso de los Diputados, se produjo este diálogo:

– El diputado Pablo Iglesias preguntó: ¿Cómo piensa el Gobierno ejecutar las decisiones del poder legislativo?

– El Presidente del Gobierno respondió: Pensamos aplicar las que sean obligatorias

Desde el Departamento de Regulación de Vinces te damos las claves para entender este debate que va más allá de lo político y que tiene una fuerte repercusión jurídica

 

Primera aclaración: terminológica

En primer lugar, hay que distinguir las proposiciones NO de ley, de las proposiciones de ley. Las primeras, aunque las apruebe el Congreso de los Diputados, sea en el Pleno sea en una Comisión, no son jurídicamente vinculantes, sino instrumentos de orientación política.

Distinta es la cuestión en el caso de las proposiciones de ley, que es como se denomina cualquier iniciativa legislativa de origen no gubernamental.

Segunda aclaración: lo que puede hacer el Gobierno ante la iniciativa legislativa del Parlamento.

La tramitación de una proposición de ley puede encontrase con una importante barrera: el Gobierno se puede oponer a su tramitación si considera y motiva que supone un incremento de gasto o una disminución de ingresos. ¿por qué?

Desde el punto de vista formal porque el artículo 134.6 de la Constitución dice: Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

De hecho, también desde el punto de vista formal, el Reglamento del Congreso dice en su artículo 126.2: “Ejercitada la iniciativa, la Mesa del Congreso ordenará la publicación de la proposición de ley y su remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”

Desde el punto de vista material, se trata de una facultad lógica, por cuanto permitir una iniciativa legislativa de esa naturaleza implicaría un subrepticio para modificar los Presupuestos Generales del Estado.

Tercera aclaración: y entonces ¿qué está pasando?

Teóricamente si el Gobierno se opone a la tramitación, la iniciativa se ve paralizada. Sin embargo, nos podemos encontrar con que el Congreso, y más concretamente su Mesa (en la que el Partido Popular está en minoría) no esté de acuerdo con la motivación del Gobierno y decida continuar con la tramitación. De hecho, ya lo ha hecho por ejemplo con la Proposición de ley sobre la suspensión del calendario de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

El Gobierno se opuso a su tramitación con base en un informe en el que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuantificaba en cerca de 615 millones de euros la pérdida de ingresos procedentes de fondos comunitarios y unas obligaciones de gasto no previstas de igual cuantía. La Mesa del Congreso rechazó esta oposición del Gobierno…y la iniciativa sigue su tramitación.

Cuarta aclaración y un poco de especulación: y entonces ¿qué va a pasar?

Aquí tenemos ya alguna certeza y muchos futuribles. La primera certeza es que el Gobierno ha seguido insistiendo. Para muestra un botón. El Consejo de Ministros, en su reunión de 18 de noviembre, ha solicitado de la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión. La segunda certeza es que el Gobierno ya ha dicho que, en función de la respuesta del Congreso, podría darse inicio a un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional. El futurible es que no sabemos todavía lo que en su caso decidirá el Tribunal Constitucional.

Conclusión

Estamos ante uno de los grandes debates de la Legislatura. ¿Supone esto que los partidos de la oposición, mediante la aprobación de leyes, van a poder gobernar desde el Parlamento? En la práctica, desde el punto de vista político es complejo; y desde el punto de vista jurídico…el debate está abierto.