Elena Herrero-Beaumont participa en la presentación del Informe de Trasparencia Internacional España: UNA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL LOBBY EN ESPAÑA. ANÁLISIS Y PROPUESTAS

24 de septiembre de 2014

• El Informe hace un diagnóstico detallado y analítico de la forma en que funciona y se desarrolla el lobby en nuestro país.
• La falta de claridad conceptual y de regulación con respecto al lobby supone que en ocasiones se confunda “lobby” con “tráfico de influencias”.

En particular, el Informe analiza tres aspectos esenciales: la transparencia, la integridad y la igualdad de acceso a los responsables públicos, y presenta casos en distintos sectores como Energía, Salud, Financiero, Alimentación, Telecomunicaciones y Construcción. Asimismo, realiza una serie de recomendaciones y propuestas a responsables públicos y representantes del sector privado y no gubernamental, para mejorar la transparencia, promover la integridad y equilibrar el campo de juego.

En el acto de presentación que ha tenido lugar en la Fundación Ortega-Marañón, han participado varios autores del estudio y representantes de TI-España: el catedrático Jesús Lizcano; el director del estudio, Manuel Villoria; la coordinadora del estudio, Ana Revuelta; los investigadores Esteban Arribas y Elena Herrero-Beaumont; y el vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez-Lambás.

El Informe concluye que España cuenta con un modelo semi-institucionalizado, en el que ciertas entidades – como sindicatos, patronales, colegios profesionales o cámaras de comercio – tienen una función cuasi-pública de configuración del interés general junto a las instituciones del Estado. Por otra parte, el Informe también concluye que junto a esta realidad, existe otra realidad informal, en la que lobistas, profesionales, empresas y diversos grupos de interés tratan de influir sin reglas unívocas que regulen el acceso a sus contactos o la información que poseen sobre ellos.

Finalmente, el Estudio propone una serie de medidas para mejorar la legitimidad de los gobiernos y reducir la percepción de corrupción, siendo una de ellas la regulación de la actividad del lobby. En primer lugar, el Estudio recomienda varias medidas de divulgación de información, como la creación de un registro de lobbies. En segundo lugar, medidas para la promoción de la integridad en el sector público; y en tercer lugar, medidas sobre la financiación de los partidos políticos.

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