INFLUENCIA LEGÍTIMA

El sector agroalimentario ante la fragmentación política

Proactividad necesaria

El escenario político que vive España no tiene precedentes. Las dos principales características del momento son la presencia de nuevos actores políticos a nivel nacional –particularmente Podemos y sus confluencias, y Ciudadanos–  y los resultados electorales obtenidos por los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Este nuevo escenario nos ha llevado a que por primera vez en la historia nos encontremos ante una disolución automática de las Cortes Generales por falta de investidura de un candidato a la Presidencia el Gobierno, con la consiguiente repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio.

Para cualquier ámbito de actividad económica esta realidad tiene consecuencias, pero para el sector agroalimentario el impacto puede ser todavía mayor por dos motivos: está afectado por todas las instancias competenciales (desde Bruselas, donde la maquinaria sigue funcionando, hasta el más pequeño de los municipios); y tiene una enorme transversalidad, tanto personal (desde el agricultor hasta las grandes cadenas de distribución), como material (desde la autorización de productos fitosanitarios hasta la fijación de los horarios comerciales).

El primer dato del impacto de dicha fragmentación en el sector es la gran apuesta de los nuevos partidos por el mismo –al menos formalmente–  como evidencia el espacio que le dedican en los programas electorales. Sin entrar en el fondo de la materia, tanto Ciudadanos como Podemos han recogido diversas medidas enfocadas al sector, más allá incluso que el espacio dedicado por los denominados partidos tradicionales. Aunque sea un dato frío, el hecho de que Podemos dedique casi un 10% de las medidas en su programa al sector es significativo. En el caso de Ciudadanos, casi el 7,5% de su programa estuvo destinado a propuestas agroalimentarias. Uno de los motivos que puede explicar esta apuesta, al menos programática, por el sector, puede venir dado por la debilidad o falta de presencia de estos partidos emergentes en el mundo rural, ámbito natural del sector agroalimentario. Una circunstancia que estratégicamente querrán cambiar. Los resultados electorales del pasado mes de diciembre son un buen botón de muestra: el bipartidismo alcanzó en los grandes núcleos urbanos un promedio de voto del 50,1%; llegando sin embargo hasta el 62% en los municipios menos poblados.

Vayamos a la política en estado puro, la que mueven los partidos políticos. ¿Está constituyendo el sector agroalimentario un vector de los acuerdos de investidura? Repasando algunos de ellos como los de Madrid, Andalucía o Aragón, observamos que las referencias al sector son inexistentes ¿Y en los pactos de gobierno? A nivel nacional, el denominado Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso suscrito entre el PSOE y Ciudadanos apenas contemplaba de manera directa un conjunto de párrafos enfocados al sector. Su mera inclusión merece una valoración positiva, al margen de consideraciones de fondo, pero también es un reflejo de que no es una materia troncal.

Es la hora de gestionar la complejidad política desde un sector ya de por sí complicado y con denominadores comunes no siempre fácilmente identificables.

Desafortunadamente, ya ha pasado el momento inicial de influir en los programas electorales. Da igual a estos efectos que volvamos a las urnas. Pero nunca es tarde para trasladar las propuestas, para conocer a los interlocutores y para evaluar su conocimiento de la realidad agroalimentaria.

Ello nos permitirá gestionar mejor este fenómeno de la fragmentación dentro de los partidos. Se está derivando en formas de actuar y en formas de decidir que deben ocupar al sector. Hay un aumento en el número de agentes políticos, una mayor falta de predictibilidad en las decisiones públicas, y una dificultad en el manejo adecuado de los tiempos. A ello se añade que la ausencia de mayorías absolutas refuerza también el poder de los partidos pequeños en todos los ámbitos de gobierno. Habrá que inventar un término nuevo porque ya no es válido ni siquiera el de “geometría variable”.

En el plano institucional, el eje se desplaza: del Gobierno al Parlamento. Ya no basta con mirar las líneas de actuación o las declaraciones del consejero del ramo o del director general. El Parlamento se ve reforzado. Los debates de la comisión de agricultura del parlamento correspondiente adquieren relevancia para detectar riesgos, observar oportunidades, descubrir posicionamientos, alinear intereses y, también, tomar decisiones. El sector agroalimentario, en toda su cadena, sin perder el plano gubernamental, tiene que estar más presente que nunca en la institución parlamentaria y tiene que conocer lo que allí se hace: de la mera regulación a la pura política.

Desde un punto de vista de estrategia política, la actitud proactiva ha de estar en el ADN de todas las organizaciones. La anticipación da oportunidades de éxito o de mitigación de riesgos. No valen los lamentos. El sector agroalimentario no puede esperar a verse arrastrado por las decisiones, por mucho que estas “se vean venir”. En este sentido existen campos de trabajo necesarios.

En lo social, el mundo digital es un ámbito prioritario de actuación. La conectividad con la sociedad una exigencia. El sector agroalimentario necesita ganar legitimidad social y, lo que es más relevante, debe proyectarla frente al decisor público. Discursos de gran calado social vinculados a la nutrición o a la sostenibilidad medioambiental, de los que algunos han hecho bandera aprovechando el paraguas que les otorgan los nuevos actores políticos, exigen de respuestas sólidas por parte de las organizaciones del sector.

Ya no vale el esquema clásico de representación de los intereses. Todos los actores del sector han de aunar esfuerzos para poner de manifiesto su contribución al tejido económico y su impacto económico y social. Y han de hacerlo de manera eficaz y eficiente. Complejidad, novedad, fragmentación y ocurrencia, se contrarrestan con objetivos claros, estrategia adecuada, presencia institucional y legitimidad social.

Este artículo también ha sido publicado el 17/07 en la revista de alimentación de El Economista; puede consultar el artículo aquí.