INFLUENCIA LEGÍTIMA

El ‘lobby’ social: las ONG defienden sus intereses

El reto consiste en conseguir una igualdad de oportunidades que garantice las mismas condiciones de acceso y representación para todos los sectores

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el pasado jueves el proyecto de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Una de las novedades principales que contiene esta ley es el reconocimiento del carácter prioritario del acogimiento familiar frente al residencial para los menores tutelados por los poderes públicos.

Es opinión unánime entre psicólogos y educadores que el acogimiento familiar es una medida que protege el interés superior del menor, procurando que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar. En España existen diversas organizaciones sociales dedicadas a la promoción del acogimiento familiar que agrupan a personas acogedoras para que puedan apoyarse mutuamente y tratan también de animar a nuevas familias.

Un ejemplo es la Fundación Acogida, fundada por tres familias acogedoras y que cuenta ahora con un magnífico complejo socio-educativo en Madrid. Para los responsables de esta fundación, el proyecto de ley tal y como había entrado en el Congreso era insuficiente y no recogía algunos compromisos importantes que demostraran de verdad una apuesta firme y convencida en favor del acogimiento familiar.

Ante esta situación, y con el objetivo de mejorar el contenido de la ley, la Fundación Acogida y Vinces (nuestro despacho lleva algunos años asesorando pro bono a la organización) preparamos unas propuestas de enmienda que presentamos al Gobierno –concretamente a la Secretaría de Estado de Servicios Sociales– y a los diferentes grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado.

Fruto de este trabajo, de la negociación política y del esfuerzo realizado por los grupos parlamentarios, hoy podemos decir que la ley que ha salido finalmente del Congreso es mucho mejor que el proyecto inicial. Se ha mejorado el régimen jurídico del acogimiento familiar, se reconocen mayores derechos para los menores acogidos y las familias acogedoras y, en definitiva, se asegura una protección más adecuada para los menores en situación de riesgo o desamparo.

Participación en la toma de decisiones

Este éxito no es más que un ejemplo de la intensa labor de representación de intereses que día a día llevan a cabo las ONG. Algunos datos que permiten dimensionar la magnitud de sus actividades de lobby son los siguientes: por un lado, en Estados Unidos las ONG dedicaron casi 40 millones de dólares en 2014 a tratar de influir en el Gobierno federal y, por otro, en la Unión Europea más de 2.000 del total de 8.000 organizaciones inscritas en el Registro de Transparencia lo están bajo la categoría de “organizaciones no gubernamentales”.

Estas cifras ponen de manifiesto cómo el lobby no es sólo una actividad al servicio de intereses corporativos y con un ánimo meramente lucrativo, sino que también las organizaciones del tercer sector se embarcan en estas actividades y participan legítimamente en el diseño de políticas públicas.

Siendo el lobby un instrumento de participación legítimo y necesario en una democracia moderna, el reto en su ejercicio consiste en conseguir una igualdad de oportunidades que garantice las mismas condiciones de acceso y representación para todos los sectores.

Es aquí donde nos queda un amplio margen de mejora. Los 40 millones de dólares invertidos en lobby el año pasado por las ONG americanas son un número irrisorio si tenemos en cuenta que el total de dinero gastado en esta actividad en 2014 fue de más de 3.000 millones de dólares.

La figura del lobista de oficio –a imagen de lo que sucede en la abogacía– o la incorporación de mecanismos de autorregulación por los que consultoras y lobistas se comprometen a dedicar parte de sus horas al trabajo con ONG son vías que minimizarían la brecha financiera entre empresas y organizaciones sociales. Algunos despachos ya ponen en práctica estas medidas, defendiendo temas de especial relevancia social y dando voz a aquellos que no tienen recursos suficientes para profesionalizar su interlocución con los poderes públicos.

En suma, y como hemos visto con el ejemplo de la ley de infancia, las ONG defienden sus intereses y hacen lobby. De hecho, su participación en los procesos democráticos es indispensable para enriquecer el debate y aportar información, de forma que los políticos y reguladores puedan luego tomar la decisión más acorde con el interés general conociendo todos los puntos de vista. No obstante, resulta fundamental garantizar la igualdad de oportunidades entre empresas y ONG, una labor que corresponde a los políticos abordar en el aspecto regulatorio, pero sobre la que despachos y lobistas debemos tomar la iniciativa y servir de ejemplo colaborando de forma desinteresada con causas sociales y trabajando conjuntamente en su defensa con las ONG.