INFLUENCIA LEGÍTIMA

Diputados, ‘lobbies’ y la violencia de la transparencia

Es necesario iniciar un debate de principios

“El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia,” asegura el filósofo Byung-Chul Han en su libro La Sociedad de la Transparencia. He elegido esta frase para inaugurar este blog donde reflexionaré sobre el alcance y el impacto del ubicuo lema de la transparencia en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida pública.

Los españoles y también los europeos estamos siendo víctimas y testigos no solo de una crisis económica que nos ha mermado la confianza y la esperanza, sino de una crisis de valores, que se evidencia cada día debido a la creciente fuerza de este fenómeno que llamamos transparencia.

La transparencia cambia nuestro comportamiento. Es quizás la consecuencia más sencilla y rotunda del fenómeno. Cuando nadie nos mira actuamos de manera diferente a cuando nos sentimos solos. Por lo general, cuando nos miran actuamos de acuerdo a los valores socialmente establecidos. En el libro The Circle de Dave Eggers, se ilustra con eficacia el impacto de la transparencia en la conducta humana de los protagonistas. Y en línea con la frase de Han, el lector de The Circle sufre esa violencia derivada de una transparencia total.

Como en cualquier campo, en el equilibrio está la virtud. Aunque el nuevo lema de transparencia esté de moda, es preciso alimentarla hasta unos límites, de tal manera que se garanticen todos los valores democráticos en la vida pública. El encuentro de la transparencia con derechos fundamentales como la seguridad o la privacidad es un ejercicio perfecto de búsqueda de equilibrios.

Las democracias occidentales se encuentran en la búsqueda de ese perfecto equilibrio en la transparencia entre los lobbies y los diputados o aquellos que afrontan cualquier proceso de toma de decisiones. Estados Unidos lleva décadas en esa búsqueda y Europa comenzó más tarde. Transparencia Internacional, organización a la que pertenezco, ha publicado recientemente un informe, ‘El lobby en Europa: influencia encubierta y acceso privilegiado’, donde recoge el estado de la regulación del lobby en 19 países de la Unión Europea y en las propias instituciones europeas: Comisión, Parlamento y Consejo europeos.

Los autores del informe resaltan que seis de cada diez europeos consideran que su gobierno está indebidamente influido por unos pocos grupos de interés o lobbies, que definen como “cualquier comunicación directa o indirecta con representantes públicos o decisores políticos que tenga como objetivo influir en el proceso de toma de decisiones, y que se lleve a cabo en nombre de o por un grupo organizado”. Y clasifican tres pilares en los que debería apoyarse cualquier regulación óptima del fenómeno lobby: (i) nivel de transparencia en  la comunicación entre estos grupos o lobbies y los decisores públicos; (ii) nivel de integridad de los lobbies y de los decisores de acuerdo a códigos de conducta y su debido control; y (iii) nivel de acceso de los diferentes grupos sociales y empresariales al proceso de toma de decisiones.

Los resultados son desoladores al no existir, salvo en el caso de Eslovenia, Reino Unido y Lituania, ningún país con aprobado en ninguno de los tres pilares. La regulación del lobby en Europa ha obtenido una media de 26% en transparencia; un 33% en integridad y un 33% en igualdad de acceso.  En el caso de España, los niveles son aún más descorazonadores. Un 10% en transparencia; un 35% en integridad; y un 17% en igualdad de acceso.

La actividad extraparlamentaria de los diputados

A la luz de todo esto, las recientes informaciones sobre la actividad extraparlamentaria de determinados diputados suscitan muchas preguntas que deberían llevarnos a reflexionar y a proponer una regulación equilibrada. ¿En qué principio se fundamenta el derecho de los diputados a ejercer una actividad extraparlamentaria? En el caso de estar de acuerdo con el principio que justifica dicha actividad, ¿qué límites debería tener? ¿Es pertinente que la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción difundan a los medios de comunicación los datos de los contribuyentes cuando se trate de representantes públicos en fase de investigación?

El problema de España es que no hay un debate de principios sobre estas cuestiones. Es hora de abordarlo y exigirlo. Mientras tanto, mucho de lo que salga a la luz, nos resultará escandaloso, pero se enmarcará dentro de la normalidad de unas leyes que distan mucho de ser las idóneas para garantizar los valores democráticos. Esa violencia derivada de una excesiva transparencia, según alerta Han, está aún muy lejos de nosotros en nuestra vida pública.

(Artículo publicado el 9 de mayo de 2015 en mi nuevo blog en El Confidencial: Rincón de Transparencia)