INFLUENCIA LEGÍTIMA

La importancia de los datos en la labor de Corporate Affairs: un botón de muestra

¿Cuál está siendo la política de alianzas de unos y otros partidos?

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En una reciente entrada de David Córdova, en el blog de Vinces, subrayaba que, entre los requisitos para que un departamento de public/corporate/government affairs tenga éxito en el 2017, está que genere una política de lobby de datos.

Durante los dos últimos años, las grandes preocupaciones de las organizaciones y empresas en el campo institucional vinieron dadas por:

  1. saber en qué medida los “nuevos” partidos políticos conocían nuestro negocio, las características del correspondiente sector o sus principales amenazas y retos; por otro,
  2. conocer el posicionamiento de estos partidos, si es que estaba ya formado, sobre dicho sector o, si no lo estaba, ejercer una influencia legítima a través de una adecuada información.

Tenemos ya un Gobierno en funcionamiento, unos presupuestos en camino e importantes congresos de los diversos partidos durante el presente semestre. Pero llevamos también tres meses de Legislatura real en las Cortes, y es bueno conocer con datos concretos, más allá de los eslóganes, las ruedas de prensa y las tertulias, cuál está siendo la política de alianzas de unos y otros partidos.

Para ello, y como un sencillo ejemplo, hemos recurrido a analizar las votaciones que se han dado en el Pleno del Congreso de los Diputados respecto de las iniciativas de naturaleza legislativa (fundamentalmente convalidaciones de Reales Decretos-leyes, potenciales tramitaciones como Proyectos de Ley y tomas en consideración de Proposiciones de Ley), y respecto de las iniciativas de impulso político (Proposiciones no de Ley y Mociones consecuencia de Interpelación). Desde el punto de vista metodológico hemos dejado aparte al Grupo Parlamentario Mixto por su compleja heterogeneidad.

Post JV 19.01

Aquí recogemos alguno de los eslóganes más comunes, pero ¿qué muestran los datos?

Los partidos políticos no se ponen de acuerdo nunca

En determinadas materias los cuatro principales Grupos Parlamentarios en España – PP, PSOE, PODEMOS y CIUDADANOS – han votado conjuntamente y de manera favorable. Dejando al margen determinados supuestos en los que se ha dividido el texto a efectos de votaciones, esta votación conjunta ha ocurrido por ejemplo en las siguientes iniciativas: sobre iniciar el procedimiento para la reforma de la financiación autonómica, sobre la reforma electoral para acortar los plazos en caso de repetición de elecciones, sobre lucha contra la violencia de género, sobre la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad, sobre reformas urgentes en el trabajo autónomo, sobre un estatuto internacional para las víctimas del terrorismo, sobre cambio climático, sobre el excesivo consumo de alcohol entre menores o sobre el futuro de las autopistas de peaje.

El PP está aislando a Ciudadanos buscando únicamente el acuerdo del PSOE

Al margen de consideraciones sobre la aritmética parlamentaria, del acuerdo PP-Ciudadanos y de las iniciativas que han sido apoyadas, al menos, por los cuatro principales Grupos Parlamentarios, lo cierto es que PP, PSOE y CIUDADANOS han votado favorablemente a la convalidación de los Reales Decretos-leyes, con la excepción del Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, en cuya convalidación Ciudadanos se abstuvo. Este “tripartito” también se dio en la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En el caso de las iniciativas de impulso político, esta aritmética se ha dado en referencia al denominado Pacto de Toledo.

Radical oposición de PODEMOS a cualquier iniciativa del PP, sea del Gobierno o sea de su Grupo Parlamentario

De las seis PNLs que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, cuatro han recibido el voto favorable de PODEMOS, al margen de cuál haya sido el texto final aprobado. Una fue objeto de abstención por la formación “morada”, en concreto la Proposición no de Ley relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo, y solo votó de manera negativa a la primera PNL tramitada en el mes de septiembre concerniente a la eficacia de las políticas activas de empleo.

En el plano legislativo, las tomas en consideración de las dos Proposiciones de Ley presentadas por el PP que se han votado, no han recibido el voto negativo de PODEMOS, sino un voto afirmativo y una abstención. De los cuatro Reales Decretos-leyes sometidos a convalidación por parte del Gobierno, PODEMOS se ha abstenido en tres de los casos y solamente ha votado en contra del Real Decreto-Ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera.

El PP y el PNV siempre se acaban poniendo de acuerdo

En el mes de septiembre –fecha de las elecciones al Parlamento Vasco– el PNV y el PP votaron de manera diferente en todas las iniciativas. Esta fue también la tónica en todas las PNLs durante el mes de octubre. Es cierto que en el mes de noviembre votaron de manera coincidente en el 75% de las PNLs tramitadas, pero sin embargo solo coincidieron en una de las tres PNLs votadas en el mes de diciembre. En fin, de las nueve Mociones consecuencia de Interpelación votadas el pasado trimestre, PP y PNV solo votaron coincidentemente en tres de ellas.

En el ámbito legislativo, el PNV ha apoyado dos de los cuatro Decretos-leyes sometidos a convalidación y se opuso directamente al concerniente a la LOMCE. En lo que se refiere a la toma en consideración de Proposiciones de Ley, han votado con el mismo signo en cuatro de las nueve ocasiones: dos sobre cuestiones electorales (favorables a modificar los plazos en caso de repetición de elecciones y contrarios a ampliar el derecho de sufragio a los 16 años), una favorable a la reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y otra concerniente a la vecindad civil en Aragón.

En una Legislatura tan compleja como la que estamos viviendo, el rigor y la profesionalidad son más necesarios que nunca en el desempeño de la actividad de corporate affairs. El dato coadyuva a diseñar una adecuada estrategia de actuación por parte de las organizaciones empresariales y contribuye a realizar unas adecuadas políticas públicas.

Avalancha de subcomisiones en el Congreso

Pero ¿qué es una subcomisión?

Desde que se pusiera en marcha la presente Legislatura han sido muchas las iniciativas registradas para la creación de subcomisiones en el Congreso de los Diputados. En concreto, en el momento de escribir estas líneas, había registradas 28 solicitudes de creación de subcomisiones. Algunas de las solicitudes afectan a temas nucleares, como por ejemplo nuestro sistema educativo, la reforma electoral, la violencia de género o la sostenibilidad del sistema de dependencia.

Pero ¿qué es una subcomisión? Una subcomisión es un órgano que, con carácter general, desempeña tareas de estudio y análisis de una materia y cuyos trabajos concluyen con la elaboración de un informe que puede ser debatido, además de por la Comisión en cuyo seno se ha constituido la subcomisión, por el Pleno de la Cámara.

Se trata de un órgano de trabajo sumamente útil y un ejemplo sin duda de colaboración público-privada en un marco institucional. De hecho, lo habitual es que participen todos los stakeholders que se puedan ver afectados por la materia objeto de estudio (Administración en sus diferentes niveles, industria afectada, organizaciones empresariales, grupos sociales relacionados, expertos académicos…etc). Además, no es infrecuente que, aunque no se tenga la condición de compareciente, se pueda hacer llegar documentación de interés a la subcomisión para su reparto entre los miembros.

Fundamentalmente es un instrumento de colaboración entre el Parlamento, el Ejecutivo y los actores empresariales y sociales. Permite la adquisición de un conocimiento por parte de los parlamentarios; contribuye a su potencial especialización en la materia; abre unos canales de diálogo fluidos entre el sector privado, la academia y las instituciones; favorece un clima de consenso político por la informalidad, que no falta de seriedad, de sus trabajos; permite profundizar sosegadamente en aspectos en los que la celeridad procedimental de los procesos normativos a veces no deja; es una vía de participación de los grupos de interés por un cauce institucionalizado; y, lo que es más importante, contribuye a la realización del interés general.

Suelen concluir con la aprobación de un informe en el que se recogen de manera resumida las contribuciones de los comparecientes, así como las recomendaciones que, principalmente, van dirigidas a los poderes públicos, aunque también es habitual la introducción de elementos propios de la colaboración público-privada.

En una época en la que hay una creciente demanda de participación de la sociedad en la elaboración de políticas públicas, en los procedimientos normativos y, en definitiva, en el debate político en cuanto que ciencia destinada a la satisfacción del bien común, la subcomisión se presenta, bien utilizada, como un órgano sumamente útil.

Cierto es que necesariamente se ha de guardar un equilibrio por cuanto no puede constituir el órgano ordinario de trabajo del parlamento. Son las comisiones y el pleno los órganos naturales y, consiguientemente, el número de subcomisiones en funcionamiento de manera paralela ha de ser razonable y equilibrado. A ello se añade que el trabajo de las subcomisiones ha de ser constante y riguroso para llegar a conclusiones concretas, con objetivos asequibles y evitar en definitiva que su presencia se eternice. Otra forma de funcionar sería dar la razón a Napoleón: “Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona; si quieres que algo no se haga, encárgaselo a un comisión”.

Vienen los presupuestos… y que vengan rápido

Los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria

Los tiempos hacen que sea inevitable que los Presupuestos de 2016 se prorroguen durante los primeros meses de 2017. Cabe recordar que el artículo 134.4 de la Constitución dice que “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”. No es la primera vez que un Gobierno del Partido Popular vive esta situación. Recordemos que cuando llegó al Gobierno a finales de 2011, se prorrogaron los Presupuestos hasta que los nuevos se aprobaron en junio de 2012.

En las próximas semanas, sin que sea posible concretar el momento, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Las negociaciones extraparlamentarias ya se están produciendo, según noticias en prensa, pero son dos los principales motivos que exigen de una tramitación lo más rápida posible: primero, la propia importancia de los presupuestos en sí mismos. Hay que tener en cuenta que no son sino la plasmación económica de la política gubernamental; y segundo, las exigencias de Bruselas.

En referencia a estas últimas, el pasado 16 de noviembre la Comisión Europea, tras el diálogo estructurado con el Parlamento, señaló que, visto el proyecto de plan presupuestario presentado por España a mediados de octubre, y los informes sobre las medidas tomadas en respuesta a las advertencias del Consejo adoptadas el 8 de agosto de 2016, ha llegado a la conclusión de que el procedimiento de déficit excesivo de España debe mantenerse en suspenso, y que ya no concurrían las circunstancias que exigieron la propuesta de la Comisión de suspender parte de los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, por lo que no habrá tal propuesta. Sin embargo, ha recordado que España tiene que reducir su déficit hasta el 3,1% a finales de 2017. El ajuste está estimado en unos 5.500 millones de euros.

Además de su intrínseca relevancia, los presupuestos van a servir para tomar la temperatura a la realidad parlamentaria y a la solidez gubernamental. Tratándose de la norma más importante del año, las dificultades o no que el Gobierno se pueda encontrar para sacarla adelante van a ser el primer botón de muestra de la verdadera situación política y una nota significativa respecto a la Legislatura que vamos a vivir.

Desde el punto de vista temporal, cuando el Gobierno popular ganó las elecciones con mayoría absoluta a finales de 2011, el Presupuesto fue remitido a principios de abril. Si hiciéramos una proyección al escenario actual, estaríamos hablando de un proyecto de presupuestos a mediados de enero, aunque es de esperar que, ante un gobierno de continuidad, los tiempos se acorten.

En lo que concierne a la tramitación parlamentaria, cuando se tramitaron los presupuestos del año 2016, desde la entrada del proyecto hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado, transcurrieron dos meses y medio. La tramitación es larga, compleja y marcada por unas exigencias normativas y unas prácticas consolidadas. Se hace la presentación, se publica, se abre un periodo para solicitar las comparecencias, así como otro para presentar las enmiendas a la totalidad y un tercero para presentar las enmiendas al articulado. Posteriormente se procede a la celebración de las comparecencias explicativas que, como nota curiosa, no tienen lugar en la Comisión de Presupuestos, sino en las Comisiones competentes por razón de la materia. Seguidamente, dentro ya del esquema clásico, proceden las siguientes fases: debate de totalidad, informe de la ponencia, dictamen de la Comisión de Presupuestos y aprobación del mismo por el Pleno de la Cámara. A continuación, viene el trámite del Senado y, en caso de introducción de modificaciones, su remisión de nuevo al Congreso. Si se extrapolan los plazos de otras ocasiones y se aplica la urgencia requerida, podríamos tener unos presupuestos aprobados para finales del mes de marzo.

La aritmética parlamentaria, los compromisos derivados del acuerdo de investidura, las exigencias de Bruselas y la propia dinámica de la economía nacional exigen de un complejo equilibrio en el fondo, un espíritu negociador en las formas y una celeridad en los tiempos.

La estructura del nuevo Gobierno

6 claves para entender el nuevo gobierno

Mariano Rajoy, investido Presidente del Gobierno este fin de semana, ha hecho público su Gobierno tras reunirse con el Rey.

Desde Vinces te damos los datos básicos de este nuevo Gobierno, así como su impacto en la presente Legislatura.

1. Estructura Ministerial

El nuevo Gobierno cuenta con 1 vicepresidencia y 12 ministerios, lo que supone el mismo número de ministerios que en el gobierno anterior.

La estructura es muy similar a la actualmente existente, con mínimos cambios

2. Ministros 

Es un Gobierno relativamente continuista por cuanto repiten la Vicepresidenta y 6 ministros. Hay 6 nuevos ministros (en negrita)

Vicepresidencia, Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría

Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis

Justicia, Rafael Catalá

Fomento, Iñigo de la Serna

Defensa, María Dolores de Cospedal

Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro

Interior, Juan Ignacio Zoido

Educación, Cultura y Deporte (y portavoz del Gobierno), Iñigo Méndez de Vigo

Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat

Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina

Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos

Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal

3. Edad

Es un gobierno relativamente joven, por cuanto seis Ministros están por debajo de los 50 años.

4. Género 

El número de mujeres en el gobierno es de cinco, una más que en el gobierno de 2011.

5. Afiliación Política

Hay dos Ministros independientes que no están afiliados al Partido Popular: el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministro de Economía, Industria y Competitividad.

6. Escaños en el Congreso 

De los ministros nombrados, 10 son diputados (incluyendo a la Vicepresidenta), aunque es posible que algunos renuncien a su acta de diputados por lo ajustado de las votaciones en el parlamento.

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¿Se puede gobernar desde el Parlamento?

Las proposiciones de ley son la pieza clave

El pasado sábado 29 de octubre el Sr. Rajoy obtuvo la confianza de la Cámara y resultó elegido Presidente del Gobierno. Sin perjuicio del apoyo recibido por parte del Partido Ciudadanos y de la Diputada de Coalición Canaria, lo cierto es que comienza un camino complejo con un apoyo garantizado de tan solo 137 diputados. Esta situación, inédita en nuestra democracia, ha puesto encima de la mesa la posibilidad o no de que se gobierne desde el Parlamento.

Se trata de una terminología que encierra una cierta paradoja, por cuanto la dirección de la política le corresponde al Gobierno propiamente dicho. Sin embargo, el Parlamento y el particular juego de mayorías con el que nos encontramos hacen que la pregunta sea pertinente. De hecho, algunas votaciones e iniciativas ya se han tramitado con derrota del Grupo parlamentario que apoya al Gobierno, fruto del acuerdo de varios partidos de la oposición. ¿Supone esto que los partidos de la oposición, mediante la aprobación de leyes, van a poder gobernar desde el Parlamento? En teoría sí, en la práctica es mucho más complejo.

Decimos que en teoría sí porque el sistema parlamentario está basado en la decisión de la mayoría en detrimento de las minorías. En la práctica, ponerse de acuerdo para medidas de impulso político (proposiciones no de ley, mociones consecuencia de interpelación…) es mucho más sencillo que ponerse de acuerdo para impulsar medidas legislativas. No obstante, no podemos descartar que esto vaya ocurrir.

¿Cuál es el instrumento para canalizar este gobierno desde el Parlamento? Las proposiciones de ley. Se trata de iniciativas legislativas de origen no gubernamental. Sin embargo, estas se pueden encontrar con una barrera, desconocida para el gran público, derivada de una facultad de la que dispone el Gobierno. Este tiene la posibilidad de oponerse a cualquier iniciativa de origen parlamentario que suponga un incremento de gasto o una disminución de ingresos. Se trata de una facultad lógica, por cuanto permitir una iniciativa legislativa de esa naturaleza implicaría un subrepticio para modificar los Presupuestos Generales del Estado.

Habrá que estar muy atentos a cuál es el devenir de esas iniciativas cuando el Gobierno haga uso de esa arma de la que le dota el texto constitucional y el Reglamento del Congreso de los Diputados. Si el Gobierno se opone a la tramitación, la iniciativa se ve paralizada. Sin embargo, nos podemos encontrar con que la Cámara no esté de acuerdo con la motivación del Gobierno y decida continuar con la tramitación. Si esto sucede, estaremos avocados, quizá, a un nuevo conflicto entre ambos poderes.

Si consideramos, como algún autor ha dicho, que gobernar es legislar, el grado de utilización que haga el Gobierno de esta facultad, junto con la postura que adopte el Congreso de los Diputados, nos darán la respuesta positiva o negativa a la pregunta que nos hemos planteado. En definitiva, sabremos si el Parlamento está gobernando o no.

¿Qué se hace para no votar el día de Navidad?

En caso de unas terceras elecciones

El pasado 6 de septiembre, la Mesa del Congreso admitió a trámite la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. Esta propuesta fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa de los dos Diputados de Unión del Pueblo Navarro, aunque hay noticias de que otras Proposiciones de ley en el mismo sentido podrían registrarse en próximas fechas.

La finalidad de esta iniciativa es la modificación de la referida norma para reducir alguno de los plazos (la iniciativa de UPN en concreto consiste en reducir a la mitad la duración de la campaña electoral) y evitar así la celebración de unas eventuales terceras elecciones el 25 de diciembre. Al margen de potenciales problemas de la modificación en sí misma, caso por ejemplo del plazo para ejercer el voto por correo, previamente va a requerir una tramitación exprés por cuanto las Cortes Generales se disolverían el próximo 1 de noviembre.

¿Y cómo hacemos ese trámite exprés? La vía más rápida es tramitar la iniciativa por urgencia y mediante el procedimiento de lectura única; es decir, con una reducción de los plazos a la mitad (urgencia) y sin pasar por los trámites de ponencia y comisión (lectura única). Así se llevó a cabo por ejemplo la pasada Legislatura la reforma relativa a la justicia universal, que fue admitida a trámite un 24 de enero y publicada en el BOE el 14 de marzo, aunque el procedimiento se utilizó en el Congreso y no en el Senado, que solamente tuvo en cuenta la urgencia. También vivió una tramitación ultrarrápida y bajo los mismos procedimientos, e incluso con alguna peculiaridad procedimental, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón, que fue admitido a trámite por la Mesa el 3 de junio y se publicó en el BOE el 19 del mismo mes.

En principio, en el caso que nos ocupa, los pasos concretos para la reforma de la LOREG serían los siguientes:

Congreso de los Diputados

  • Registrar la iniciativa
  • Calificación por la Mesa del Congreso.
  • Remisión al Gobierno (en funciones) para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
  • Una sesión plenaria en el Congreso para que se tome en consideración (primera sesión plenaria)
  • Reunión de la Mesa del Congreso para adoptar el procedimiento de urgencia y para solicitar al Pleno, oída la Junta de Portavoces, su tramitación directa y en lectura única. Además, se abre un plazo de enmiendas.
  • Adopción por el Pleno del acuerdo de tramitación directa y en lectura única (segunda sesión plenaria).
  • Aprobación del texto por el Pleno del Congreso de los Diputados y remisión al Senado (tercera sesión plenaria).

Senado

  • Calificación por la Mesa del Senado, apertura del plazo para presentar propuestas de veto (no caben enmiendas) y acuerdo, oída la Junta de Portavoces, para someter al Pleno del Senado su tramitación por el procedimiento de lectura única.
  • Sesión plenaria para acordar la tramitación por el procedimiento de lectura única (cuarta sesión plenaria).
  • Sesión plenaria para la aprobación del texto (quinta sesión plenaria).

Los tiempos apremian y vamos a ver una intensa actividad parlamentaria en las próximas fechas…todo sea por cenar tranquilos en Nochebuena…

Objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto

¿de qué hablamos? ¿qué es? ¿cuándo se tramita? ¿en qué plazos?

Durante estas últimas semanas, mientras se está negociando la potencial conformación de un gobierno en España, se habla de una cuestión cuya tramitación se subraya como necesaria a la mayor brevedad posible: el denominado “techo de gasto”. En realidad, estamos ante lo que técnicamente se conoce como “límite de gasto no financiero” para el correspondiente ejercicio presupuestario.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 15), es el Gobierno el que debe fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes -en este caso, de 2017 a 2019-, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Es decir, se debe fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para la Administración central, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y la Seguridad Social; al igual que el correspondiente objetivo de deuda pública. Es en ese mismo trámite es en el que se debe incluir el mencionado límite de gasto no financiero para el Estado.

Desde la perspectiva procedimental existen dos momentos: el gubernamental y el parlamentario. En el ámbito gubernamental, el procedimiento, según fija la ley, debería comenzar antes del 1 de abril con el envío por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el de los entes locales a la Comisión Nacional de Administración Local. Ambos organismos deberían emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días. Seguidamente es el Gobierno quien, en reunión de Consejo de Ministros, y en el primer semestre del año, adopta el correspondiente Acuerdo y lo remite al Parlamento. En todo caso, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se deben tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

En el ámbito parlamentario, la tramitación es muy sencilla. El Gobierno remite a las Cortes Generales el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el siguiente año. Dicho Acuerdo deberá ir acompañado de un informe -elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea- en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

En el Congreso de los Diputados se tramita directamente en el Pleno, siendo presentado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con un posterior turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor (con la excepción del Grupo del gobierno que cierra el debate), una respuesta conjunta por parte del Ministro, un segundo turno más breve por parte de los Grupos y un cierre del debate por parte del Ministro. Seguidamente se produce la votación, en la que bastará la mayoría simple. En el Senado, la tramitación es muy similar a la descrita.

Desde el punto de vista temporal nos encontramos por tanto fuera de plazo. No es la primera vez que ocurre, y prueba de ello es la tramitación del año pasado, en la que el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó en julio, mes en el que también se llevó a cabo la tramitación parlamentaria. Sin embargo, sin que sean necesarias mayores explicaciones, la situación que ahora vivimos es todavía más compleja. Habrá que esperar para ver qué ocurre y si resulta factible una tramitación exprés, un término que deberá aplicarse en su caso también a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre…

¿Cuántos votos harán falta para aprobar las leyes cuando empiece la Legislatura?

El impacto de la fragmentación política

Mañana 19 de julio, una vez se constituyan el Congreso de los Diputados y el Senado, se producirá el comienzo de la XII Legislatura. Las Cámaras comenzarán de nuevo su andadura con la elección de los miembros de las Mesas, incluidos sus Presidentes. A partir de ahí, se sucederán diversos pasos: constitución de los Grupos parlamentarios y de las distintas comisiones y, cómo no, la investidura del Presidente del Gobierno. Como ya explicamos anteriormente, hace falta mayoría absoluta en una primera votación (176 síes) o mayoría simple en una segunda votación del candidato (más síes que noes).

Acuerdo de investidura, acuerdo de gobierno, gran coalición, acuerdo de mínimos, pactos nacionales, geometría variable… Todos son conceptos muy utilizados en estos últimos días y que nos van a acompañar las próximas semanas. Uno u otro término van a definir la estabilidad o inestabilidad gubernamental, y también la mayor o menor facilidad para aprobar leyes. ¿Pero cuántos votos hacen falta para aprobar una norma con rango de ley? Lo cierto es que depende del tipo de norma con el que nos encontremos y del procedimiento de que se trate.

Pongamos por caso que estamos ante una ley de rango orgánico, es decir, aquella relativa al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, la modificación de un Estatuto de Autonomía o del régimen electoral general, además de otras muchas que aparecen a lo largo del texto constitucional. En estos supuestos hará falta la mayoría absoluta (176 síes) en el Congreso de los Diputados. Distinto será en el caso de una ley ordinaria, incluyendo los presupuestos, donde bastará con la mayoría simple, es decir, que haya más votos a favor que en contra. Idéntica afirmación podemos realizar en el caso de los decretos leyes, para cuya convalidación bastará con que haya un número de votos favorables superior a los que resulten contrarios. La abstención va a tener un papel clave.

No obstante, había que tener en cuenta también los aspectos procedimentales. Por defecto, la tramitación de las leyes en el Congreso de los Diputados concluye en la fase de comisión, por lo que será necesario atender a la distribución de sus miembros en el nuevo escenario para ver cuál es el peso de cada Grupo parlamentario en estos órganos de trabajo. La proporcionalidad con respecto al reparto de escaños en el hemiciclo se respeta, pero no es exacta, por lo que unos repartos ajustados nos podrían llevar a equilibrios complejos.

A ello se añade el papel que pueden jugar los vetos interpuestos por el Senado en función de cuáles sean las mayorías en las Cámaras. Un veto exige de mayoría absoluta en el Senado (134 votos) y exige igualmente de mayoría absoluta en el Congreso para levantarlo o, si no se alcanza, de mayoría simple transcurridos dos meses.

Tabla aprobación de leyes

En definitiva – y esto es algo muy a tener en cuenta por los departamentos de asuntos corporativos de las organizaciones – la fragmentación parlamentaria va a dar lugar a negociaciones, a no dar nada por sentado, a que la introducción de una enmienda no se dé nunca por perdida, a unos resultados más impredecibles y, como venimos subrayando en los últimos meses, a un papel reforzado del Parlamento en una función, la legislativa, en la que más allá de la exigencia formal de aprobación, no había tenido en las últimas Legislaturas un papel significativo.

Elecciones Generales #26J

Claves para entender los resultados

 

Voter turnout in the elections has been over 69%, more than 3 points lower than in December 2015.

The Popular Party (PP) wins the elections with 137 seats (more than 33% of the votes), rising from 123 with regards to the last elections.

The Socialist Party (PSOE) remains the second political force with 85 seats (over 22% of the votes), despite of what the polls were forecasting, but loses 5 seats in comparison with 2015.

UNIDOS PODEMOS, the coalition of PODEMOS with United Left, along with other regional lists, obtains 71 seats (with 21% of the votes). It is the same result they had separately last December, but the parties have lost over a million votes.

Ciudadanos stays as the fourth political force with 32 seats (13% of the votes), but loses 8 seats compared to the 2015 elections.

The sum of PP and Ciudadanos is 169 seats (6 more than in 2015), whereas the sum of PSOE and UNIDOS PODEMOS decreases to 156 (5 less than in 2015), being 176 seats the overall majority.

Small nationalist parties will be key for the formation of a government. All of them sum a total of 25 seats.

The Popular Party maintains its absolute majority in the Senate.

The constituent sessions of the Congress and the Senate will take place on July 19th. The following weeks will be of intense political negotiation.

Elecciones Infografía

Medios de comunicación privados y elecciones

Los cuatro principios básicos

Esta noche, a las 21 horas, va a tener lugar, organizado por la Academia de la Televisión, el único debate durante esta campaña electoral entre los cuatro líderes de las cuatro principales fuerzas políticas en España. Con esta ocasión, resulta conveniente recordar las reglas básicas a las que están sometidos los medios de comunicación durante el periodo electoral. En particular nos vamos a entrar en los medios de comunicación de titularidad privada.

Sin perjuicio de otras normas como las referidas a la publicidad electoral, el precepto básico en esta cuestión es el artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Este contempla cuatro principios básicos que se han de respetar: pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa. En concreto el referido precepto, en su apartado 2, dice: “Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. Cabe mencionar que este apartado fue introducido en una reforma en el año 2011, en gran medida como consecuencia de la reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que generalizó la televisión digital.

  • Primera regla: el tratamiento de los medios de comunicación públicos y de los medios de comunicación privados ha de estar diferenciado, por cuanto el mandato de proporcionalidad y neutralidad informativa debe cohonestarse con el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas y opiniones y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz (art. 20 de la Constitución), así como con la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38 de la Constitución).
  • Segunda regla: se diferencia a las radios y a las televisiones. Así, los órganos de dirección de ambos deben garantizar el respeto a los principios de pluralismo e igualdad. Por su parte las televisiones privadas, durante el periodo electoral, deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral que decidan realizar.
  • Tercera regla: el principio de proporcionalidad es la clave. La Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral Central, nos dice que se entiende este principio en el sentido de que se deberá atender preferentemente a los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes, sin que dicho criterio impida proporcionar otra información sobre aquellas candidaturas que no se presentaron o no obtuvieron representación en las últimas elecciones, si bien es cierto que estas no podrán recibir una cobertura informativa mayor que las formaciones políticas que obtuvieron representación en las últimas elecciones.
  • Cuarta regla: corresponde a los órganos de dirección de las televisiones privadas decidir libremente sobre la oportunidad de organizar o difundir entrevistas o debates electorales, pero de hacerlo deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes. Ahora bien, en caso de que un medio decida emitir un debate entre los dos candidatos que obtuvieron mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes, deberá emitir otros debates bilaterales o plurilaterales, o proporcionar información compensatoria suficiente sobre los demás candidatos que también hayan conseguido representación en las últimas elecciones equivalentes.

 

Os recomendamos también el análisis que David Córdova, socio de Vinces ha realizado sobre el Debate A 4 del pasado 13 de junio con el que arrancaba la campaña electoral.