INFLUENCIA LEGÍTIMA

Políticas públicas & legitimidad social

La importancia de la legitimidad social en la elaboración de políticas públicas: el ejemplo de la reforma del mercado único digital

 

Si el éxito de una política pública se mide por la mejora de los servicios respecto de la situación anterior, para que esta pueda llegar a triunfar es necesario que cuente con legitimidad social. De lo contrario, ante la opinión pública la reforma puede diluirse a una guerra de intereses, sin que sus verdaderos objetivos y razón de ser calen entre la sociedad. La reforma del mercado único digital actualmente en marcha es un buen ejemplo de cómo parece que las instituciones hablan un idioma diferente del de los stakeholders afectados; aquellas han conseguido que la reforma se reduzca a una batalla de los consumidores contra los reguladores por un lado y de las compañías tecnológicas versus los creadores de contenidos por otro.

La legitimidad social se construye necesariamente con tres herramientas:

La primera herramienta sería relativa a las  oportunidades de diálogo y consenso. Es necesario ofrecer espacios en los que los stakeholders implicados puedan discutir sobre los temas afectados y poner en común valoraciones y propuestas para enriquecer las propuestas. El acto que se celebró la semana pasada con ocasión de la reforma del mercado único digital (“Cultura en Red”) fue una buena ocasión para que instituciones, empresas de los sectores afectados y consumidores expusieran sus diferentes puntos de vista y comentaran las propuestas de la Comisión Europea.

La segunda herramienta es la educación. En el caso del mercado único digital y las implicaciones que tiene sobre la industria cultural, la educación es clave para que los ciudadanos entiendan la importancia de la diversidad cultural europea, la riqueza que esta aporta en términos económicos y de valores, y la ventaja competitiva que supone la cultura para la Unión Europea en un mundo globalizado. En esta área a menudo se ha puesto el foco en el aspecto punitivo de la lucha contra la piratería, sin acompañar este comportamiento sancionador de una pedagogía que explicara de una forma positiva todo lo que la cultura aporta.

 
Tercero, la comunicación. Aunque es un ejercicio que compete principalmente a políticos y reguladores, explicar los efectos de una reforma legislativa también beneficia a los demás stakeholders afectados. Un buen ejemplo es cómo en el referido acto de Cultura en Red, el representante de una empresa del sector audiovisual expuso, de manera clara y concisa, el sistema de financiación para producir películas en la Unión Europea, y cómo las propuestas de revisión del principio de territorialidad resultarían en una menor producción de obras europeas y por tanto en una menor diversidad de contenidos.

Particularmente importante es la comunicación en el caso de la Unión Europea, a la que se acusa a menudo de no saber conectar con los ciudadanos y de no comunicar de manera eficiente las reformas y ventajas que conlleva para los Estados. En esa estrategia confusa de comunicación, la propia Unión tira piedras contra su propio tejado cuando dice que “las normas de la UE empujan a los ciudadanos a robar”. Así fue el titular de un medio de comunicación que cubrió el evento de Cultura en Red y citó al vicepresidente de la Comisión Europea, Andrus Ansip. Este tipo de mensajes, aunque intentan conectar con la ciudadanía y replican los eslóganes de algunos grupos de presión, hacen un flaco favor a la justificación y defensa de la política pública cuyo objetivo último es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La reforma del mercado único digital trasciende los beneficios meramente económicos que aportará a los 500 millones de ciudadanos comunitarios, por su importancia estratégica en el futuro de la Unión Europea. Por eso es fundamental que instituciones europeas y nacionales logren la legitimidad social imprescindible para implantar con éxito las políticas públicas que conlleva.

 

Elena Ortiz

 

Representación de intereses: los registros de Transparencia

Una herramienta útil pero incompleta

Un artículo reciente alertaba de lo que llamaba la influencia tentacular de las grandes empresas norteamericanas en Bruselas.  El artículo comentaba que siete grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Google, Uber y Apple habían invertido 13 millones de euros anuales para influir en los procedimientos regulatorios que desde Bruselas se dirigen a todos los países de la UE.

También recogía los datos publicados por Transparencia Internacional sobre el número de reuniones mantenidas por estas empresas con los comisarios de la Comisión Europea: Google lidera el palmarés con 124 encuentros entre noviembre de 2014 y enero de 2017, seguido de Microsoft con 64 en el mismo periodo de tiempo.

Estos datos, aunque son verídicos, no reflejan necesariamente toda la realidad. Por poner dos ejemplos muy concretos: hay empresas americanas que no son tecnológicas y que dedican aún más recursos que las arriba mencionadas, como es el caso de General Electric (5,5 millones en 2015); y también hay empresas europeas que invierten en lobby casi tanto o más que Google y Microsoft.

Toda esta información está disponible en el Registro de Transparencia de la UE, que desde su creación en 2011 ha sido objeto de no pocas críticas. Por un lado, su carácter voluntario imposibilita conocer a todos los actores que defienden sus intereses en el escenario europeo; por otro, las omisiones o vaguedades de información al realizar la inscripción dejan lugar a un amplio margen de opacidad.

En paralelo a la creación del Registro han surgido diferentes iniciativas para traducir de alguna manera o explicar las cifras que ahí aparecen; portales como LobbyFacts.eu, que ofrecen de una manera sencilla y didáctica estadísticas sobre los gastos en los que incurren los actores en Bruselas y permiten ver la evolución de recursos que destinan las diferentes organizaciones. No deja de ser paradójico que una herramienta creada para arrojar luz con datos y cifras necesite a su vez ser aclarada; y deja patente que un registro incompleto no puede cumplir realmente su fin.

No obstante, por muy completo que fuera, un registro de estas características solo representa una porción del complejo del mundo del lobby en la UE. Los llamados registros de transparencia, tal y como están concebidos ahora, no ofrecen más que un atisbo de todo lo que gira en torno a la representación de intereses; una pequeña parte que se limita a mostrar, en el caso del Registro de la UE, los recursos que destinan las compañías y otras organizaciones a representar sus intereses.

Por eso es tan interesante la iniciativa puesta en marcha por Transparencia Internacional, a través de su portal EU Integrity Watch. Este recoge las reuniones celebradas en la Comisión Europea, información sobre las actividades de los eurodiputados e información sobre nuevos puestos de trabajo de antiguos eurodiputados y comisarios. Este tipo de información es la que permite obtener una perspectiva más completa y menos ingenua de la representación de intereses y de los posibles conflictos que estos pueden generar. No olvidemos que por cada empresa, asociación, patronal u organización causahabiente (o stakeholder, de manera genérica) que tiene un interés que representar y que se moviliza para ello, existe un abanico de intereses que se superponen y que en el caso de la Unión Europea tiene aún más capas: los intereses de cada institución, los intereses nacionales de los países afectados, los intereses de los políticos que tienen sus propias causas que defender o batallar y hasta los intereses del funcionario al que le ha tocado gestionar el dossier.

Si exigimos transparencia, seamos consecuentes y pidámosla a todos los niveles. Cuestión distinta es de qué sirve esta sobre-información, cómo mejora nuestra democracia y qué interés tiene realmente la sociedad en conocer esto (¿cuántas personas consultan estos Registros?). Pero eso es otro artículo…

 

Spain’s new government: making up for the lost time in the EU scene?

Rajoy has sent a strong message regarding the importance of EU issues

(This article is also available in BlogActiv)

Rajoy’s announcement of his cabinet of ministers earlier this month received a lukewarm welcome from the opposition as the new ministers were considered to lack in dialogue and negotiation abilities; according to critics, they will merely continue with the reforms the Popular Party (PP) had put in place in the previous legislature. But there seems to be unanimity as to the strong message the Prime Minister has sent regarding the importance of EU issues: they are top priority.

Some of the more prominent members of his cabinet have strong ties to Brussels: re-appointed Economy minister Luis de Guindos has been key in the economic reforms the country has undergone and has ben dealing with the Eurogroup and the institutions since 2011 and his appointment has been hailed by members of the EU institutions. The new government’s spokesperson and minister for Education, Culture and Sports Iñigo Méndez de Vigo was a MEP for 19 years and an expert in constitutional affairs. And the new Foreign Affairs Ministers, Alfonso Dastis, is a diplomat and was until now chief of Spain’s Permanent Representation to the EU. Barely one week into their mandate, the three of them flew to Brussels to meet with MEPs, several Commissioners and members of the Eurogroup to send a message of unity and total commitment of the government to its European obligations.

The new distribution of portfolios is another example of the prominent role that European affairs play for the new government. There is a newly created ministry for Energy, Tourism and the Digital Agenda, to accommodate the incoming legislation in energy and digital affairs that will flow down to the Member States in the next years. Spanish Commissioner Arias Cañete is said to have played a key role in the creation of the new Ministry, although the new Minister, Alvaro Nadal, is feared by the major electric Spanish companies for his tough stance against them during his post as chief of the President’s Economic Office in the previous legislature. Nadal was considered to be fundamentally focused on limiting those companies’ access and influence to the Prime Minister, and the session of his taking up of duties last week lacked the presence of the CEOs of the main companies.

Both the appointments and the distributions of portfolios point in the same direction. Rajoy stressed in his investiture speech before the Spanish Parliament that economic recovery is his government’s top priority, and Brussels plays a key role in it.

In parallel to economic recovery, the country has to recover lost ground in the EU scene after a year of political paralysis. With the missed opportunity of having De Guindos appointed chairman of the Eurogoup and a general loss of influence in the last months, Spain must be in top shape for the major events that will take place in the first six months of 2017. The kick-off of the British disconnection in March 2017 will generate a rebalancing of the national forces where Spain could play an important role (and it’s in its best interest to be fully present during the negotiations). And the French presidential elections in May will demand a united front from national governments in the event that the Front National emerges as the winner of the elections.

Ultimately, Rajoy’s will to regain a stronger footing in Brussels is linked to national interests. His minority government will face very tough scrutiny and likely rejection of his economic policies from the opposition, as the current parliamentary arithmetic requires his party to obtain the support of other political parties for the approval of important reforms. Over the last months, several cases of measures approved by the Parliament in spite of the government’s rejection perfectly illustrate how the elections have been game-changing at least in this regard. Having Brussels’s support to introduce the necessary reforms will certainly make it easier for the government to push through its agenda. What remains to be seen is whether, if all else fails, Rajoy will use the EU as scapegoat and blame it for the unpopular measures, as national governments tend to do all too frequently. But that is a different discussion.

La puesta en valor de Public Affairs ante la parálisis política

Una oportunidad para actuar

Hay una frase que se repite en los entornos empresariales y sociales y que a medida que pasan los meses sin gobierno se ha convertido en una especie de mantra: toca esperar a que esto se resuelva, ahora no se puede hacer nada. Particularmente en el ámbito de public affairs, se ha extendido la idea de que es imposible avanzar en el trabajo hasta que se solucione el desbloqueo y se forme un gobierno.

Esto solo es verdad a medias, ya que la realidad es más compleja. Si bien es verdad que un gobierno en funciones tiene las manos muy atadas para llevar a cabo reformas de gran envergadura y sus actuaciones están muy limitadas, esto no significa que todos los riesgos regulatorios y los retos a los que se enfrentan los responsables de public affairs y en última instancia las compañías, estén en pausa. Además del Gobierno central y el regulador y su innegable impacto en el ámbito empresarial, existen otros nichos de participación e influencia que son igual de importantes para una compañía. Nichos que no solo no están en standby, sino que puede ser el momento perfecto para abordar y pueden convertirse en una magnífica oportunidad para poner el valor el trabajo que llevan a cabo los responsables de public affairs.

  1. Legislación y políticas europeas

Los procesos regulatorios siguen su curso en Bruselas con independencia de la particular situación que atraviesa España, y el 2016 está siendo un año clave en el desarrollo de legislación que se traducirá en nuevas políticas públicas. Dossiers como el mercado único digital o la economía circular están en diferente estado de tramitación y su impacto en nuestro país será notable.

En la pasada legislatura, los procedimientos legislativos aprobados en primera lectura tardaron de media 17 meses hasta su aprobación, y los que fueron a segunda lectura se demoraron hasta 32 meses. En ambos casos se trata de un lapso de tiempo durante el cual es imprescindible actuar. Resulta por tanto fundamental conocer la duración, los tiempos de un procedimiento legislativo, las diferentes fases que atraviesa y las instituciones que participan en la configuración de la legislación europea. Al tener claras las fases y los tiempos, se puede identificar a los actores más relevantes del Parlamento Europeo y de la Comisión, y analizar las posiciones de los diferentes países miembros en el Consejo. Incluso sin gobierno central, los técnicos de la Representación Permanente de España ante la UE (o Reper como comúnmente se la conoce) continúan trabajando en los diferentes temas y negociando con sus colegas europeos.

También el ámbito de las asociaciones y organizaciones no institucionales, que es aún más amplio a nivel europeo, puede ser una fuente de conocimiento, alianzas y estrategias. Conocer de primera mano cómo nuevos actores (plataformas de vecinos, organizaciones de consumidores) se movilizan en temas como la economía colaborativa y cómo la regulan los gobiernos de los diferentes países es una herramienta muy valiosa a la hora tanto de anticipar posibles políticas nacionales como de elaborar propuestas con sistemas alternativos que funcionan en nuestros países vecinos.

  1. Comunidades Autónomas

Para las compañías españolas o con sede en España esto puede parecer una obviedad, pero son cada vez más las compañías extranjeras que, operando en España, conocen poco la configuración territorial y política de nuestro país. A diferencia de la parálisis de la política nacional, a nivel autonómico 13 de las 17 Comunidades Autónomas celebraron elecciones en mayo 2015, de forma que, bien entrado el segundo año de la legislatura y acercándose a la mitad de esta, están en el periodo más propicio para llevar a cabo reformas ambiciosas. Otras dos, Galicia y País Vasco, están en proceso de formar nuevos gobiernos tras la celebración de elecciones el pasado 25 de septiembre, por lo que los próximos meses serán clave para el establecimiento de las prioridades y líneas de acción de los nuevos representantes políticos.

Además, un seguimiento de los Parlamentos autonómicos permite comprobar cómo la Administración y los políticos regionales están trabajando día a día en las políticas cuyas competencias tienen trasvasadas e implementando nuevas medidas que pueden tener un profundo impacto en el negocio de una compañía. Existe también un efecto espejo entre Comunidades Autónomas que provoca que algunas medidas testadas en un territorio, sean impulsadas y promovidas por el mismo partido en otra Comunidad Autónoma; esto se observa especialmente desde la irrupción de los partidos emergentes que han abanderado algunas políticas públicas. Sin ir más lejos, la Comunidad Valenciana ha anunciado un cambio de sistema de gestión de envases para completar el actual SIG con el sistema de depósito (SDDR) que – consideraciones legales aparte- entraría en vigor en 2018. Esta medida está siendo estudiada y emulada en menor medida en varias otras CCAA que se han dispuesto a estudiar los diferentes sistemas de gestión de envases para contemplar las diferentes alternativas; y son varias las Comunidades (como la de Madrid) que en estos momentos están trabajando en el próximo plan de residuos (que abarcará de 2017 a 2024).

  1. Stakeholder engagement

Junto a los stakeholders políticos y sociales, coexisten los stakeholders sociales. La categoría de stakeholder social es la más amplia y abarca desde organizaciones muy articuladas como ONGs u organizaciones de consumidores o pacientes a comunidades más informales de intereses, pasando por escuelas de negocios, think tanks o sociedades científicas. Todas las compañías tienen puntos de interacción, ya sea de alineación o conflicto con estas organizaciones; es el llamado entorno de no mercado que influye de alguna manera en su negocio.

Frente a la idea de que no se puede avanzar en estrategias de lobby y representación sin gobierno, maximizar la relación con los stakeholders sociales más relevantes para la compañía es clave ya que solo a través de la legitimidad social se podrá ejercer una mayor influencia política. La máxima “a mayor legitimidad social, mayor influencia política” cobra todo su significado en el momento actual, por cuanto el bloqueo político no debe impedir trabajar la legitimidad social. Ordenar y priorizar las relaciones con stakeholders sociales, mediante un análisis de su poder y grado de alineación con los intereses de la compañía, es el primer paso para poder diseñar unas estrategias de gestión de relación con estos actores. Este análisis permitirá priorizar el uso de recursos internos y externos y contribuir a un mejor posicionamiento de la compañía; dos elementos fundamentales para volver a la carga con los representantes políticos y la Administración una vez se forme un gobierno.

En definitiva, esperar a que se resuelva el bloque político no puede ser la mejor estrategia de public affairs. Este enfoque reactivo supondría desperdiciar las oportunidades de actuación que existen en estos momentos en otros ecosistemas que son igualmente relevantes para una compañía; oportunidades que a largo plazo se traducirán en una mayor influencia política.

 

¿Hacia unas terceras elecciones?

La presión por formar gobierno versus la desafección ciudadana

Más de sietes meses, 220 días sin gobierno. Dos elecciones generales, dos sesiones de investidura fallidas, cuatro rondas de negociaciones con el Rey e innumerables dimes y diretes entre los partidos políticos después, seguimos igual que el 20 de diciembre.

La diferencia es que la presión sobre los responsables políticos desde todos los ángulos aumenta día a día. Desde nuestro país, se suceden las voces que piden a los diferentes partidos que alcancen un acuerdo que permita formar gobierno. Empresarios, políticos retirados, sindicatos y personalidades del mundo de la cultura coinciden en sus demandas de que el país necesita un gobierno. Los medios de comunicación se han sumado a las peticiones y sus editoriales van subiendo de tono progresivamente, dirigiendo sus críticas principalmente a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Si el editorial de El País del 3 de agosto tachaba a Sánchez de irresponsable, en el diario El Español cargaban contra Mariano Rajoy, al que acusaban de ser el causante del bloqueo. También la atención internacional está puesta en España: desde las primeras elecciones del 20 de diciembre, y con más insistencia si cabe tras el 26 de junio, la UE ha pedido a España que trabaje en la formación de un gobierno estable.

La realidad es que están en juego muchas cosas. La recuperación económica, que se prevé será del 2,9% este año, se ralentizará en 2017 con un crecimiento de 2,3%, según las últimas cifras aportadas por el Gobierno a finales del julio. Los organismos internacionales han alertado estos últimos meses del riesgo que entraña la inestabilidad política para el crecimiento económico y la llegada de inversores. El compromiso del déficit presupuestario con la UE, por mucho que España haya conseguido esquivar la multa, exige que el 15 de octubre nuestro país presente un plan para alcanzar los objetivos fijados por la Comisión Europea (la sanción no es automática, pese a lo que se dice, pero sí urge). Los presupuestos del año que viene tampoco pueden esperar y un Gobierno en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos.

En el plano político, los retos también son importantes. Los desafíos al Ejecutivo se suceden desde los partidarios de la independencia catalana, aprovechando la falta de gobierno. No ayuda a esta cuestión el Brexit y el posible debate que se abrirá con Escocia, país que ya ha anunciado que probablemente celebrará un segundo referéndum de secesión, para quedarse en la UE (cuestión distinta es que legalmente pueda). Retos, en definitiva, que superan las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones.

Sin embargo, esta sensación de urgencia parece no alcanzar al ciudadano. Bien es cierto que una gran mayoría (89%) consideraba en julio que era preferible que los partidos alcanzaran un acuerdo para formar gobierno, según el sondeo de Metroscopia para el El País, y que la mayoría consideraba preferible que el PSOE se abstuviera frente al escenario de unas terceras elecciones.

Con todo y con eso, los ciudadanos no parecen estar particularmente preocupados por la situación. Si bien al inicio de la campaña electoral del 26J un 80% consideraba la situación política mala o muy mala, la falta de gobierno no estaba entre sus principales preocupaciones. El barómetro que publicó el CIS correspondiente al mes de junio mostraba que los principales problemas del país, a ojos de los españoles, son el paro, la corrupción y el fraude, seguido de los asuntos de índole económica, y solo en quinto lugar los políticos, los partidos y la política. Según El País, que recoge los datos del CIS, la falta de gobierno es una preocupación decreciente entre los ciudadanos: si en abril preocupaba al 7,1%, bajó al 5,2% en mayo y el último barómetro del CIS lo sitúa en el 4,8%.

Tampoco está claro cómo reaccionarían los ciudadanos de ser llamados a las urnas por tercera vez en menos de un año. En diciembre de 2015, la participación electoral fue del 73,03%, subiendo cuatro puntos sobre la de 2011. Seis meses después, descendió por debajo del 70% (69,79%) para las elecciones de junio. Si hubiera unas terceras elecciones, es probable que la participación descendiera aún más y que el voto a los partidos emergentes se resintiera.

En definitiva, y por resumir, los españoles no ven con buenos ojos la situación política, están a favor de pactar y quieren un gobierno ya, pero no es un asunto que les preocupe mucho. En otras palabras, desafección. Una desafección que se traduce en una falta de confianza en los políticos total: según la encuesta social europea de 2014, los españoles solo confían en los políticos un 1,9 de 10 (donde 0 es no confío y 10 confío plenamente). Una cifra que muestra una desconfianza mayor que en 2011, cuando a pesar de estar en medio de la crisis económica, el nivel de confianza era del 2,7.

¿Dónde quedó la indignación ciudadana que cristalizó hace 5 años en el 15-M? ¿Qué ha sido de todos esos ciudadanos que salieron a la calle porque querían participar activamente en la vida política y no se sentían representados por los partidos tradicionales? Aunque muchos de los votos de esos manifestantes y de otros españoles hartos con los viejos partidos han ido a parar fundamentalmente a Podemos y a Ciudadanos, tampoco los partidos emergentes están exentos de críticas. Les reprochan, entre otras cosas, falta de democracia interna, poca transparencia, sueldos muy altos de sus dirigentes, o casos de corrupción entre sus miembros. Como si de partidos tradicionales se tratara.

Es curioso que la recuperación económica parece no haber servido para reconciliar a los ciudadanos con sus dirigentes, sino más bien al contrario. El diario Cinco Días lo resumía diferenciando entre la España en funciones, que se muestra incapaz de alcanzar un acuerdo que nos saque del impasse y que permita acometer las reformas necesarias y la España que funciona (las empresas, los trabajadores, los ciudadanos), que frente al inmovilismo de la otra sigue trabajando, haciendo que la economía crezca y que los niveles de paro hayan disminuido en julio en proporciones no vistas desde 1997.

¿Qué hacer contra la desafección? ¿Cómo involucrar de nuevo a los ciudadanos? En la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital apuesta por la transparencia en las gestiones y trabajo de la institución, y por impulsar un nuevo registro de lobbies que aprobó el Pleno municipal el 27 de julio. También se ha promovido un proyecto de participación ciudadana por el cual las iniciativas que cuenten con el apoyo del 1% de los vecinos empadronados en Madrid, se someterá a análisis y consideración vinculantes.

Estas iniciativas, sin duda loables y que ojalá contribuyan a que los ciudadanos recobren el interés por la política y no renieguen de sus representantes políticos, son insuficientes. Los españoles han hablado claro en las urnas y los políticos han hecho oídos sordos del mandato recibido. Unas terceras solo empeorarán el descontento político y pueden poner en cuestión la legitimidad democrática.

La presidencia eslovaca de la UE y el mercado único digital

Retos y obstáculos de los próximos seis meses

Desde el 1 de julio Eslovaquia ostenta la presidencia transitoria de la Unión Europea. Durante los próximos seis meses, al país le corresponde tomar el relevo de los holandeses y guiar a la Unión en la consecución de sus objetivos. Su programa de estos meses tiene cuatro prioridades: una Europa económicamente fuerte, un mercado único moderno, políticas de inmigración y asilo sostenibles y una Europa más comprometida globalmente.

Modernizar el mercado único pasa necesariamente por completar el mercado único digital o Digital Single Market (DSM), cuya estrategia presentó la Comisión Europea en mayo de 2015 con 16 iniciativas interconectadas y agrupadas en 3 pilares: acceso, regulación, economía y sociedad. Según cifras de la Comisión Europea, la consecución del DSM podría aportar hasta 415.000 millones de euros al año a la economía europea, además de crear empleo y transformar los servicios públicos. La recompensa es enorme pero también lo es el reto: existen diferencias abismales entre países de la Unión, pero de media, solo el 7% de las PYMES vendieron online a otros países en 2015 (frente a un 24% en su propio país), y un 41% de la masa salarial es digitalmente iletrada. En el caso de España, nuestro país destaca en e-governance, donde estamos creciendo en la implementación de la digitalización en la Administración pública, pero se echa en falta una digitalización en las PYMES que se calcula podría aportar al PIB 40.000 millones de euros.

Si bien en un principio se contaba con que las 16 iniciativas estuvieran completadas a finales de 2016, ya ha habido un retraso en varios dossiers. En mayo se presentaron cuatro propuestas, relativas al bloqueo geográfico injustificado (geoblocking), la protección de los consumidores, la propuesta de Reglamento para paquetería y las prácticas comerciales desleales. Se espera que en otoño se presenten las propuestas relativas a derechos de autor, telecomunicaciones y el IVA.  Habida cuenta de los retrasos, el Consejo de la Unión Europea, en sus conclusiones de la cumbre de junio 2016, pidió a la Comisión Europea que la estrategia estuviera implementada en 2018.

La presidencia eslovaca, que ostenta este cargo por primera vez desde que accedió a la UE, se ha encontrado con este retraso con el que debe lidiar como primer obstáculo. Se ha propuesto por tanto centrarse en impulsar las negociaciones de la propuesta legislativa en curso sobre el geoblocking y lanzar el debate sobre las propuestas del llamado pasaporte para proveedores de servicios (Services Passport) y la reforma del procedimiento de notificación para la Directiva de Servicios. Ahora bien, además de las dificultades habituales que conlleva intentar avanzar temas polémicos o donde entran en conflicto múltiples intereses a nivel europeo y nacional, los eslovacos pueden tener otro obstáculo en su camino. El resultado del Brexit parece que corre el riesgo de monopolizar las discusiones de los próximos meses y de ocasionar una parálisis de otros temas, más aún en temas digitales cuando son dos eurodiputados británicos, el socialdemócrata Claude Moraes y la conservadora Vicky Ford los que presiden dos comisiones clave para el ámbito digital, como son la del mercado único y la de libertades e interior. Sin embargo, en lo relativo a derechos de autor, algunos expertos afirman que es donde (casi) puede verse el lado positivo al Brexit: si Reino Unido se va de la UE, su tradicional liderazgo en oponerse al enfoque continental más pro-creadores podría allanar el camino a la consecución de un copyright europeo.

Sea como fuere, el proyecto del DSM simboliza a la perfección la complejidad de la Unión Europea y su objetivo último, que no es otro que acercar y mejorar la vida de 500 millones de ciudadanos, unidos por unos lazos históricos, culturales y comerciales muy fuertes. En palabras de la presidencia eslovaca, la libertad de movimiento en el área digital y la libertad de circulación en el mercado único constituyen de alguna manera la quinta de las hasta ahora cuatro libertades fundamentales. En un acto sobre el DSM en Madrid en junio, el embajador holandés en España, Matthijs van Bonzel lanzaba el desafío: “Can Europe take the lead?” La respuesta solo puede ser que la UE puede y debe liderar en este tema.

Las tres claves de la legitimidad social en el sector farma antes de las elecciones

¿Cómo construimos la legitimidad social?

Las oficinas de farmacia  son un colectivo particular dentro del ecosistema sanitario. Tienen un doble rol de agente económico, en tanto en cuanto son pequeños empresarios, y agente social, que interactúa y ofrece servicios asistenciales a los pacientes, más allá de venderle un medicamento. Sin embargo, no tienen la representatividad que les correspondería, ni por el número que son (22.000 agentes) ni por el rol clave que juegan en la cadena del sistema socio-sanitario. ¿Por qué? Las razones son diversas y no nos detendremos en eso ahora, porque lo que nos interesa en este caso es analizar cómo contribuir a que estos stakeholders puedan maximizar su legitimidad social para defender sus intereses ante la Administración y los poderes públicos.

  1. Fomentando el debate inclusivo

La sostenibilidad del sistema sanitario es un debate recurrente que se enfoca desde muchos puntos de vista…pero rara vez se tiene en cuenta la perspectiva de las oficinas de farmacia. Sin embargo, estos actores, en los últimos cinco años, han visto cómo el esfuerzo de contención del gasto público sanitario ha venido en gran medida por la reducción del peso de las recetas del SNS en el conjunto del gasto sanitario (del 20,8% al 14,9% en 2013) y han sufrido una fuerte contracción del volumen de negocio.

Es esencial que el debate incluya a este colectivo, por lo que, ante la inminencia de las elecciones generales, y aprovechando la predisposición y el interés que muestran los partidos políticos en este contexto, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), organizó un encuentro para propiciar este debate. Al adoptar un enfoque proactivo e impulsar el debate por sí misma, la patronal se aseguró que la conversación habitual sobre sostenibilidad del sistema sanitario incluyera la perspectiva de la prestación farmacéutica. Elegir el momento adecuado y actuar de impulsor del debate son dos claves fundamentales para conseguir visibilidad y poder interactuar con los agentes del ecosistema.

  1. Aportando datos

La legitimidad requiere de una credibilidad y de una solvencia que permita justificar las posiciones. Frente a la corriente que defiende que basta con hacer ruido y ser conocidos en un sector / ecosistema / debate, en Vinces proponemos que la única manera de defender los intereses de un stakeholder de manera efectiva es con una argumentación metódica, sólida y amparada en datos.

Vinces ha realizado, a lo largo de los últimos dos años, sendos informes para FEFE; uno sobre el sistema retributivo de las oficinas de farmacia (2014) y otro sobre los nuevos retos asistenciales y competitivos de las oficinas de farmacia (2016).  Ambos se han realizado con el objetivo de arrojar luz sobre el modelo de oficina de farmacia y responder a los planteamientos que desarrollan grupos de interés, organismos públicos o portavoces políticos que no se corresponden bien con la realidad de este colectivo. Solo con información y datos rigurosos se puede enriquecer el debate y aportar argumentos sólidos que puedan inclinar la balanza a favor de una u otra opción de políticas públicas.

Armado con estos argumentos, un stakeholder puede defender sus intereses en cualquier foro y situación. En este sentido, el periodo pre-electoral es un momento importante ya que es cuando los partidos llevan a cabo una reflexión más profunda sobre las políticas públicas que van a defender e impulsar en caso de gobernar, por lo que es una buena oportunidad para presentarse ante estos y ponerse a su disposición como expertos que les pueden aportar ideas y soluciones.

  1. Asegurando la continuidad

En el caso que nos ocupa, el encuentro que  organizó FEFE con los representantes políticos es solo la primera piedra. Tras esta primera toma de contacto, la patronal deberá hacer un seguimiento de los programas electorales, emplazar a estos mismos políticos a un encuentro individual tras las elecciones, y seguir aportando conocimiento y una reflexión compartida sobre la prestación farmacéutica; en definitiva, seguir trabajando y proponiendo soluciones sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y la prestación farmacéutica, para convertirse en un actor relevante y necesario en el ecosistema.

La legitimidad social ha de construirse con acciones integradas en un plan estratégico que se desarrollen a lo largo de un periodo de tiempo; solo así se podrá ejercer la influencia legítima necesaria para defender los intereses de un colectivo.

En Vinces construimos la capacidad de representación e influencia de una patronal con la suma de tres legitimidades: La Legitimidad social, la legitimidad regulatoria y la legitimidad política.

Las 4 reglas básicas de los Public Affairs en una compañía farmacéutica

15 expertos de Public Affairs y Market Access de empresas farmacéuticas se reúnen para analizar la función de las Relaciones Institucionales

Según los expertos[1], el valor para el negocio de la actividad de Public Affairs es clave: tiene un impacto de entre un 30% de los ingresos de la mayoría de las compañías y un 50% para las del sector bancario. Sin embargo, por diferentes motivos, y a pesar de su importancia, no siempre las compañías entienden el valor real y la utilidad de esta función. Reunidos en el desayuno del sector farma que Vinces organizó el pasado 12 de abril, los expertos de Public Affairs de 11 grandes compañías farmacéuticas pusieron en común estas recomendaciones sobre cómo empoderar al departamento dentro de la compañía:

1. COMUNICACIÓN es VITAL

En el encuentro se apuntó a que aproximadamente un 50% del tiempo se dedica a comunicación interna y a interlocución con los diversos departamentos, por lo que encontrar canales y método específico de comunicación eficaz y constante se convierte en prioritario. El Public Affairs Council (PAC) va más allá, al estimar que un 80% de los problemas de la estructura de Public Affairs tienen que ver con problemas de comunicación interna.

Ejemplos valiosos para informar a los demás departamentos de la tarea de public affairs en estado puro pueden ser newsletters regulatorios, policy papers trimestrales con novedades legislativas y políticas, o talleres presenciales para explicar la función de Public Affairs y las novedades en el sector.

2. OBJETIVOS…COMPARTIDOS

Precisamente en línea con esa comunicación y esa transparencia entre Public Affairs y los demás departamentos de la compañía, se acordó la importancia de establecer “objetivos compartidos”. Es decir, que los objetivos de Public Affairs/MMAA participen de los objetivos de las unidades de negocio y de la dirección y a la vez, que el comité de dirección conozca y asuma en cierta medida los objetivos de Public Affairs/MMAA. Incluso, ¿por qué no ir más allá e involucrar a otros stakeholders internos al trazar el plan de Public Affairs a medio plazo para enriquecerlo con una visión más amplia?

En este sentido, el informe de McKinsey de 2013 “Organizing the government-affairs function for impact” identifica que uno de los principios que aplican las organizaciones para aumentar el valor añadido de Public affairs es precisamente el de organizar actividades de manera transversal a lo ancho de las diferentes unidades de negocio. Según el informe. las ventajas de este enfoque son múltiples: permite acortar distancias entre Public Affairs y el resto de departamentos, favorece que la función esté conectada a negocio y no se quede aislada, facilita la identificación proactiva de posibles temas importantes y un posible engagement temprano, y por último pero no menos importante, permite a Public AFfairs erigirse como el bróker de inteligencia e información de la organización.

3. RESULTADOS Y OBJETIVOS….MEDIBLES, POR FAVOR

El reto consiste, sin duda, en conseguir transmitir la relevancia y el impacto que tiene Public Affairs en los objetivos de la compañía. En una encuesta que realizó McKinsey en 2011, más del 50% de los ejecutivos auguraban que gobierno y regulador serían de los stakeholders con más impacto en su negocio en un horizonte de 3 a 5 años. Fundamental por tanto es que estos, junto con el resto de la compañía, tengan claro que es precisamente el departamento de Public Affairs el que se encarga de gestionar esto y de optimizar las relaciones con estos stakeholders.

Precisamente los asistentes al desayuno incidieron en la importancia de cuantificar objetivos y de medir resultados, para bajar a tierra su función y que su valor añadido sea evidente para el resto de la compañía. Para ello, es esencial conseguir medir tanto los objetivos que se fijen como los resultados, de forma que el retorno de la inversión esté claro.

Empezando por los objetivos, el trabajo de Public Affairs es y será fundamentalmente una tarea a medio y largo plazo, de ahí que los planes se hagan habitualmente a tres años. No obstante, esto no debería ser obstáculo para fijar hitos anuales que permitan medir cómo se ha avanzado en el plazo de un ejercicio hacia los objetivos medibles. Esto permite equiparar Public Affairs al resto de unidades, que suelen fijar sus objetivos por ejercicio, y ayuda a que estas vean el valor más inmediato que tiene la función.

También se habló de cuantificar resultados y de fijar KPIs previos que permitan medir si estos se han logrado, y en última instancia, cuantificar el retorno de la inversión. Únicamente hablando el mismo lenguaje que negocio y que el resto de la compañía podrá Public Affairs equipararse a las demás funciones de igual a igual y empoderarse frente a su partner interno.

4. LOS PACIENTES, UN PAPEL CLAVE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

A menudo se dice que Public Affairs es el partner del pagador. Esto es cierto, pero no impide que deba serlo cada vez más de los pacientes. Por su función y habilidades, Public Affairs también es el nexo de unión entre la compañía y los pacientes y además, en el rol cada vez mayor que estos están llamados a tener en los próximos años, Public Affairs puede jugar un papel clave. Por ello, en el desayuno se apuntó a la necesidad de que colocar al paciente en el centro de la estrategia de Public Affairs. Un paciente cada vez más activo y más informado, organizado a veces en comunidades, y que se responsabiliza de su salud, es un stakeholder indispensable para las farmacéuticas en los años futuros. Y es un partner al que Public Affairs puede ayudar a empoderar  de acuerdo a la ley y a las normas fijadas en el Código de Conducta de Farmaindustria (art. 17 y 18).

 

[1]  Robin Nuttall and Sergio Sandoval, “The new value at stake in regulation,” January 2010, en el informe de McKinsey de 2013 “Organizing the government-affairs function for impact”

El puzzle de la conciliación o los horarios imposibles

¿Es sólo una pre campaña electoral o se podrán ver las propuestas en la próxima legislatura?

El pasado 22 de marzo, se presentaron en el Parlamento Europeo los avances que se han llevado a cabo en la estrategia de la Comisión Europea de un plan de acción para un equilibrio entre la vida profesional y personal (“Roadmap_ towards a work and life balance”). El hecho de que la sala estuviera prácticamente vacía puede deberse en parte porque coincidió con los atentados de Bruselas, y en parte puede ser representativo del interés que este tema despierta a nivel europeo. Después de todo, este es el segundo amago de lograr un avance en el tema de la conciliación, tras el fracaso de la llamada Directiva sobre el permiso de maternidad, que se quedó atascada en el Consejo de la UE y no llegó a salir adelante.

En España el tema de la conciliación se ha puesto de moda. Todos recordamos la imagen de Carolina Bescansa con su bebé en sus brazos en la sesión del Congreso. Los partidos políticos se sumaron al carro y en los programas electorales de las elecciones generales había en mayor o menor medida referencia a la necesidad de buscar un equilibrio entre vida personal y vida profesional. Incluso Mariano Rajoy despertó del sopor en el que lleva sumido cuatro meses y anunció recientemente que intentaría que las empresas declarasen acabada la jornada laboral a las 18h.

Desgraciadamente, el hecho de que el tema esté en boca de todos no se traduce todavía en mejoras reales. La cada vez mayor probabilidad de unas nuevas elecciones suponen que las declaraciones de Rajoy eran más una precampaña electoral que una medida que realmente vaya a implementarse en el corto plazo.  De hecho, igual que en la UE, la conciliación es un tema recurrente desde hace más tiempo y del que ya se ha hablado bastante. Durante la anterior legislatura asistimos a la creación de una subcomisión de estudio en el Congreso de los Diputados para explorar la mejora de los horarios; esta llevó a cabo su mandato y tras consultar a expertos realizó un concienzudo informe, en el que presentaba unas recomendaciones muy concretas de mejora. El informe se guardó en un cajón, como denunciaban hace poco dos de los miembros de la comisión en un reportaje de La Sexta, y nunca más se habló de él.

Falta voluntad política para sacar este tema adelante y lograr algún progreso, en Madrid y en Bruselas. En el caso español, nuestro estilo de vida mediterráneo y la cultura del país se esgrimen a menudo como argumentos para excusar nuestros horarios imposibles. Incluso la prensa internacional, al recoger las declaraciones de Rajoy con sorna hizo hincapié en que iba a poner fin a la famosa siesta española, ilustrando a la perfección el ángulo desde el que se suele tratar este tema.

La politóloga Marta Romero de la Cruz argumenta que la razón por la que el tema de la conciliación no avanza y no recibe toda la atención que merece es porque aparece vinculado al discurso de medidas sociales relacionadas con la igualdad, la paridad, etc. Si se vinculara el discurso a la economía y a cifras concretas, dice, la gente prestaría más atención. Demos cifras, entonces: en España, según cifras de la OCDE, se trabaja de media 280 horas anuales más que en Alemania, o el equivalente a siete semanas más de trabajo al año. Desgraciadamente esta diferencia de horas no va acompañada de una mayor productividad: el ranking de competitividad que lleva a cabo el World Economic Forum sitúa a España en el puesto 121 de 144 en términos de entorno macroeconómico y en el puesto 100 de 144 en lo relativo a la eficiencia del mercado de trabajo.

La buena noticia es que mientras los políticos se decidan a actuar, la sociedad va avanzando gradualmente. En 2006 se creó la Comisión Nacional para la Asociación para la Racionalización de los Horarios de Trabajo, que desde su creación aboga por acabar las jornadas laborales a las 18h y por atrasar la hora a GMT (como en Portugal y Reino Unido). Empresas como el gigante energético Iberdrola instauraron en 2008 un nuevo horario de trabajo, de 8 a 15h, con un horario de entrada flexible entre las 7.15 y las 8.45. Si miramos solo a los números, ha sido un éxito absoluto: el absentismo laboral ha disminuido, la productividad ha aumentado en unas 500.000 horas al año y los accidentes laborales han decrecido.  Otro ejemplo de cómo la sociedad civil toma las riendas del cambio es un grupo de mujeres profesionales, al que tuve la suerte de unirme, que bajo el lema #Yosalgoalas5 o #Yoconcilio quiere impulsar el debate para poner fin a los enloquecidos horarios de trabajo y promover ambientes de trabajo más flexibles y sobre todo, eficientes.

Todas estas iniciativas son necesarias y contribuyen a que la economía española sea gradualmente más productiva y eficiente. Pero necesitamos que los políticos se unan al carro para lograr reformas sostenibles y a largo plazo.

Latvian Presidency of the Council of the EU.

A focus on healthcare priorities

Introduction
Introducción Latvian Presidency
Since January 1st, Latvia holds the rotating Presidency of the Council of the EU for the next six months. This post has seen its relevance reduced ever since the Treaty of Lisbon introduced a permanent President of the Council –currently the Polish Donald Tusk- but it remains nevertheless a good opportunity, especially for small member states, to be on the frontline.

This is particularly the case for a country like Latvia, which had until now remained in a discreet background since its entry into the EU. The Baltic country joined the EU in the last big wave of accession that took place in 2004 and is a member of the Eurozone since January 1st 2014.

Healthcare priorities for the first semester of 2015

Taking over the rotating Presidency of the Council from Italy for the first half of 2015, Latvia has summed up its priorities with the slogan “Competitive Europe, Digital Europe, Engaged Europe”; in other words, jobs for growth, a digital single market and a bigger role in foreign affairs. But besides from these top three issues, Latvia has also targeted other policy areas which it intends to work on during its mandate and in particular, the country boasts an ambitious agenda in healthcare for the next six months.
Guntis Belēvičs, Latvia’s health minister, presented a set of measures that his country intends to promote during the next six months last week before the ENVI committee of the European Parliament.

The top priorities are patient-centered healthcare and healthy lifestyle and the latter will focus mainly on nutrition policy for children and young people. This is in line with what Latvia announced last November at the Second International Conference of Nutrition of the United Nations’ FAO which took place in Rome, where Latvia’s health minister emphasized how the country wanted to highlight the problems of rising childhood obesity.

This topic will be the subject of a high level conference that will take place in Riga this week on healthy lifestyle, nutrition and physical activity for children and young people. The agenda is a comprehensive approach to healthy eating habits, the impact of school environment and schools food policy, physical activities and mobile applications, modern technologies and other innovative solutions.

With regards to this topic, it is worth mentioning that Latvia has already banned sweetened beverages, confectionery and other unhealthy snacks in schools and has set standards for school meals. Whereas it seems unlikely that new legislative measures can stem from such an event, it could be a way to pressure Member States to introduce similar standards and it will also serve as a reminder of the importance of keeping high nutrition standards when negotiating food policy with the United States in the framework of TTIP.

In any case, the presidency’s aim to address healthy lifestyle has already been welcomed by political heavyweights such as MEPs Françoise Grossetête (EPP), who has pointed out her preference for prevention and education to over-regulation.

Also in the field of healthcare, the Baltic country wants to boost the digital potential for health, and the issue will be discussed at the annual e-health week in May. The focus will be on patient-oriented healthcare, increase of patient aptitudes in using new technologies and innovations in eHealth and mHealth (mobile health). The Latvian Health minister clarified that the goal of this meeting is to raise awareness on the importance of citizens taking responsibility for their own health, since only with awareness can innovative solutions work. He has also hinted at the possibility of developing clusters, first with the other Baltic countries and Finland, Sweden and Denmark, and then extending it to the rest of Europe.

EU alcohol policy is also on the agenda for Minister Belēvičs. During his term, the Latvian presidency will not only follow the work of the EU committee on national alcohol, but it has also agreed to develop a paper on future actions. Some member states – including Luxembourg, which will take over the rotating Presidency as of 1st July 2015 – have already expressed their support to advance on this policy issue.

As for ongoing legislative dossiers, the Latvian presidency has announced it intends to reach an agreement with the Parliament on the draft legislation on medical devices and in vitro diagnostic medical devices, and to reach an early second agreement on the Regulation on psychoactive substances. Finally, regarding specific diseases, tuberculosis will be given major attention at the ministerial conference on tuberculosis and drug resistance in Riga next March, to be held by the EU with Eastern Partnership neighbours.

Key dates Latvian Presidency

 

[1] http://www.vm.gov.lv/en/what_is_new/presidency_events/