INFLUENCIA LEGÍTIMA

Objetivo de estabilidad presupuestaria y techo de gasto

¿de qué hablamos? ¿qué es? ¿cuándo se tramita? ¿en qué plazos?

Durante estas últimas semanas, mientras se está negociando la potencial conformación de un gobierno en España, se habla de una cuestión cuya tramitación se subraya como necesaria a la mayor brevedad posible: el denominado “techo de gasto”. En realidad, estamos ante lo que técnicamente se conoce como “límite de gasto no financiero” para el correspondiente ejercicio presupuestario.

Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (art. 15), es el Gobierno el que debe fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública referidos a los tres ejercicios siguientes -en este caso, de 2017 a 2019-, tanto para el conjunto de administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores. Es decir, se debe fijar el objetivo de estabilidad presupuestaria para la Administración central, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y la Seguridad Social; al igual que el correspondiente objetivo de deuda pública. Es en ese mismo trámite es en el que se debe incluir el mencionado límite de gasto no financiero para el Estado.

Desde la perspectiva procedimental existen dos momentos: el gubernamental y el parlamentario. En el ámbito gubernamental, el procedimiento, según fija la ley, debería comenzar antes del 1 de abril con el envío por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria para las Comunidades Autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el de los entes locales a la Comisión Nacional de Administración Local. Ambos organismos deberían emitir sus informes en un plazo máximo de 15 días. Seguidamente es el Gobierno quien, en reunión de Consejo de Ministros, y en el primer semestre del año, adopta el correspondiente Acuerdo y lo remite al Parlamento. En todo caso, para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, se deben tener en cuenta las recomendaciones y opiniones emitidas por las instituciones de la UE sobre el Programa de Estabilidad de España o como consecuencia del resto de mecanismos de supervisión europea.

En el ámbito parlamentario, la tramitación es muy sencilla. El Gobierno remite a las Cortes Generales el Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para el siguiente año. Dicho Acuerdo deberá ir acompañado de un informe -elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad, previa consulta al Banco de España, y teniendo en cuenta las previsiones del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea- en el que se evalúe la situación económica que se prevé para cada uno de los años contemplados en el horizonte temporal de fijación de dichos objetivos.

En el Congreso de los Diputados se tramita directamente en el Pleno, siendo presentado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, con un posterior turno de fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios de mayor a menor (con la excepción del Grupo del gobierno que cierra el debate), una respuesta conjunta por parte del Ministro, un segundo turno más breve por parte de los Grupos y un cierre del debate por parte del Ministro. Seguidamente se produce la votación, en la que bastará la mayoría simple. En el Senado, la tramitación es muy similar a la descrita.

Desde el punto de vista temporal nos encontramos por tanto fuera de plazo. No es la primera vez que ocurre, y prueba de ello es la tramitación del año pasado, en la que el Acuerdo del Consejo de Ministros se adoptó en julio, mes en el que también se llevó a cabo la tramitación parlamentaria. Sin embargo, sin que sean necesarias mayores explicaciones, la situación que ahora vivimos es todavía más compleja. Habrá que esperar para ver qué ocurre y si resulta factible una tramitación exprés, un término que deberá aplicarse en su caso también a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El tiempo corre…

El Parlamento catalán aprueba un código de conducta para sus diputados

La medida tiene como objetivo prevenir la corrupción y prevé multas de hasta 12.000 euros

El pleno del Parlamento de Catalunya aprobó el pasado 28 de julio por unanimidad un Código referente a la conducta de sus miembros. Esta norma trae causa de las previsiones de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que fija los principios éticos y de conducta a los que han de ajustarse los altos cargos de la Generalitat y establece que las instituciones y organismos públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley –entre ellos el Parlamento– deberán elaborar un código de conducta propio aplicable a su ámbito de actuación.

La tramitación parlamentaria del texto ha sido bastante rápida, con una duración de dos meses, ya que la iniciativa fue publicada el 2 de junio de 2016 y ratificada definitivamente por el Pleno el 28 de julio, siendo publicada en el Boletín Oficial del Parlamento el 1 de agosto. Durante el procedimiento se presentaron enmiendas por parte de todos los grupos políticos. En consecuencia, el texto fue enmendado y aprobado por la Comisión de Reglamento unos días antes de su remisión al Pleno.

La elaboración de códigos de conducta en el ámbito parlamentario tiene algunos antecedentes, especialmente en las democracias anglosajonas, En Parlamentos de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia existen códigos éticos específicos de aplicación para sus representantes. En otros ámbitos son menos abundantes, pero los encontramos por ejemplo en relación a los miembros del Parlamento Europeo y del Bundestag alemán.

El Código catalán aborda diferentes ámbitos destacables que giran en torno a los conceptos de buen gobierno y de gobierno abierto. Así, el capítulo II recoge los principios generales de actuación y de ejercicio del cargo de diputado, entre los cuales cabe mencionar los de integridad, honestidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, austeridad y actitud ejemplar.

En particular, el texto obliga a hacer pública la agenda de los diputados en el Portal de Transparencia del Parlamento, incluyendo todas las reuniones, contactos y audiencias con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de iniciativas parlamentarias. La agenda ha de estar actualizada al menos quincenalmente y debe recoger los datos de las personas correspondientes, la fecha de las reuniones y el objeto de las mismas (art. 9).

El capítulo III de la norma, concerniente al régimen de incompatibilidades, prevé que los diputados ejercerán el cargo con dedicación exclusiva, aunque permite que realicen otras actividades públicas o privadas que estén admitidas por la normativa de incompatibilidades. No obstante, la realización de otras actividades puede conllevar la reducción de la remuneración parlamentaria en función de la naturaleza de aquellas (art. 13).

El capítulo IV, que versa sobre los conflictos de interés, incluye varios puntos relevantes. Por un lado, se amplía la definición de conflicto de interés, abarcando no sólo la actividad del propio diputado como hasta ahora, sino también la de los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (art. 15). La situación de conflicto de intereses comporta el deber de abstención del diputado en la toma de decisiones que tengan relación directa, y se otorga a los diputados la posibilidad de pedir un informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre si incurren o no en dicha situación (art. 16).

Los artículos 17 a 21 regulan la declaración de intereses económicos, que es complementaria a la declaración de actividades y bienes prevista actualmente. La declaración debe recoger, entro otros aspectos, las actividades profesionales del diputado durante el mandato y los tres años anteriores a su elección, la pertenencia durante este mismo período a consejos y órganos de administración de empresas, ONG’s, asociaciones y otros organismos con personalidad jurídica, así como las actividades remuneradas de cualquier tipo –ocasionales o no– que el diputado lleve a cabo durante el ejercicio de su mandato (art. 18). El contenido de la declaración debe mantenerse actualizado y se publicará en el Portal de Transparencia del Parlamento.

Por su parte, el artículo 22 prohíbe que los diputados puedan aceptar regalos, servicios u otros obsequios de más de 150 euros y, en caso de recibirlos, tendrán que entregarlos al Parlamento para que sean dedicados a actividades o servicios sociales. Asimismo, los diputados tampoco podrán aceptar ninguna oferta de hospitalidad, invitación u otros servicios que impliquen un gasto económico a cargo de terceros, en beneficio propio o de su entorno familiar, ni podrán percibir dietas o gastos de representación adicionales a los de su retribución.

Por último, el capítulo V recoge los instrumentos de garantía del Código de conducta. La norma hace responsable a la Mesa del Parlamento del cumplimiento del código, pudiendo adoptar para ello las medidas necesarias en caso de quebrantamiento del mismo (art. 25). El artículo 26 establece un procedimiento interno de verificación por el que si existen motivos para creer que un diputado puede haber infringido el Código, la Mesa, a iniciativa propia o de un grupo parlamentario, puede iniciar dicho procedimiento y solicitar informe a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que actuará como órgano instructor investigando los hechos y elevando una propuesta de decisión a la Mesa.

El régimen sancionador, previsto en el artículo 27, incluye las siguientes sanciones: a) una amonestación pública, y b) una multa de 600 a 12.000 euros. No obstante, si la Mesa del Parlamento considera que la infracción es muy grave, puede proponer al Pleno que acuerde la suspensión temporal del ejercicio de la función parlamentaria mientras el diputado no resuelva la situación de incumplimiento.

Pese a que el texto recibió la aprobación unánime del Pleno, se han vertido opiniones diferentes sobre el mismo. Representantes de Catalunya Sí Que Es Pot y de la CUP han manifestado que les hubiera gustado que el texto fuera más ambicioso, y Lluís Corominas, diputado de Junts pel Sí, ha admitido que “de hoy para mañana la gente no será menos corrupta, pero este texto se lo pondrá más difícil”. Por su parte, el PSC cree que habrá que seguir teniendo una actitud atenta y vigilante porque el Código no evitará que quien quiera eludir la ley, lo haga. PPC y Ciudadanos también han cuestionado la eficacia del texto porque “ampara acciones partidistas”.

A la luz de estas valoraciones nos viene a la cabeza el sempiterno debate sobre hasta qué punto la ley puede hacer hombres justos y determinar la conducta humana. Catalunya se ha visto salpicada en los últimos años por grandes escándalos de corrupción que han mermado la confianza de los catalanes en sus dirigentes políticos. Este Código es una muestra de la reacción que están teniendo las autoridades públicas, pero sólo el tiempo dirá el grado de éxito que estas acciones tendrán para evitar nuevos casos de corrupción.

 

 

Nuevo calendario político

La votación de investidura el 31 de agosto marca los hitos políticos de los próximos meses en los dos escenarios posibles: formación de gobierno o terceras elecciones

Ayer la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, fijó el martes 30 de agosto como fecha para celebrar el primer debate de investidura, tras haberle transmitido Mariano Rajoy su intención de someterse a dicho debate.

El día 31 de agosto se producirá, por tanto, la primera votación de investidura al candidato a la Presidencia del Gobierno, fecha que supone el punto de partida a partir del cual comenzarán a correr los tiempos constitucionales.

Esta fecha determina la fecha límite para investir al Presidente de Gobierno. En virtud de lo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución, si el lunes 31 de octubre el Congreso de los Diputados no ha otorgado su confianza a ningún candidato, el Rey disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones el martes 1 de noviembre.

En el caso de que esto ocurra, de acuerdo con el artículo 42.2 de la LOREG, la nueva votación tendrá lugar “el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria”, lo que conllevaría celebrar las Terceras Elecciones Generales el 25 de diciembre.

 

Triptico new elections

¿Hacia unas terceras elecciones?

La presión por formar gobierno versus la desafección ciudadana

Más de sietes meses, 220 días sin gobierno. Dos elecciones generales, dos sesiones de investidura fallidas, cuatro rondas de negociaciones con el Rey e innumerables dimes y diretes entre los partidos políticos después, seguimos igual que el 20 de diciembre.

La diferencia es que la presión sobre los responsables políticos desde todos los ángulos aumenta día a día. Desde nuestro país, se suceden las voces que piden a los diferentes partidos que alcancen un acuerdo que permita formar gobierno. Empresarios, políticos retirados, sindicatos y personalidades del mundo de la cultura coinciden en sus demandas de que el país necesita un gobierno. Los medios de comunicación se han sumado a las peticiones y sus editoriales van subiendo de tono progresivamente, dirigiendo sus críticas principalmente a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Si el editorial de El País del 3 de agosto tachaba a Sánchez de irresponsable, en el diario El Español cargaban contra Mariano Rajoy, al que acusaban de ser el causante del bloqueo. También la atención internacional está puesta en España: desde las primeras elecciones del 20 de diciembre, y con más insistencia si cabe tras el 26 de junio, la UE ha pedido a España que trabaje en la formación de un gobierno estable.

La realidad es que están en juego muchas cosas. La recuperación económica, que se prevé será del 2,9% este año, se ralentizará en 2017 con un crecimiento de 2,3%, según las últimas cifras aportadas por el Gobierno a finales del julio. Los organismos internacionales han alertado estos últimos meses del riesgo que entraña la inestabilidad política para el crecimiento económico y la llegada de inversores. El compromiso del déficit presupuestario con la UE, por mucho que España haya conseguido esquivar la multa, exige que el 15 de octubre nuestro país presente un plan para alcanzar los objetivos fijados por la Comisión Europea (la sanción no es automática, pese a lo que se dice, pero sí urge). Los presupuestos del año que viene tampoco pueden esperar y un Gobierno en funciones no puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos.

En el plano político, los retos también son importantes. Los desafíos al Ejecutivo se suceden desde los partidarios de la independencia catalana, aprovechando la falta de gobierno. No ayuda a esta cuestión el Brexit y el posible debate que se abrirá con Escocia, país que ya ha anunciado que probablemente celebrará un segundo referéndum de secesión, para quedarse en la UE (cuestión distinta es que legalmente pueda). Retos, en definitiva, que superan las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones.

Sin embargo, esta sensación de urgencia parece no alcanzar al ciudadano. Bien es cierto que una gran mayoría (89%) consideraba en julio que era preferible que los partidos alcanzaran un acuerdo para formar gobierno, según el sondeo de Metroscopia para el El País, y que la mayoría consideraba preferible que el PSOE se abstuviera frente al escenario de unas terceras elecciones.

Con todo y con eso, los ciudadanos no parecen estar particularmente preocupados por la situación. Si bien al inicio de la campaña electoral del 26J un 80% consideraba la situación política mala o muy mala, la falta de gobierno no estaba entre sus principales preocupaciones. El barómetro que publicó el CIS correspondiente al mes de junio mostraba que los principales problemas del país, a ojos de los españoles, son el paro, la corrupción y el fraude, seguido de los asuntos de índole económica, y solo en quinto lugar los políticos, los partidos y la política. Según El País, que recoge los datos del CIS, la falta de gobierno es una preocupación decreciente entre los ciudadanos: si en abril preocupaba al 7,1%, bajó al 5,2% en mayo y el último barómetro del CIS lo sitúa en el 4,8%.

Tampoco está claro cómo reaccionarían los ciudadanos de ser llamados a las urnas por tercera vez en menos de un año. En diciembre de 2015, la participación electoral fue del 73,03%, subiendo cuatro puntos sobre la de 2011. Seis meses después, descendió por debajo del 70% (69,79%) para las elecciones de junio. Si hubiera unas terceras elecciones, es probable que la participación descendiera aún más y que el voto a los partidos emergentes se resintiera.

En definitiva, y por resumir, los españoles no ven con buenos ojos la situación política, están a favor de pactar y quieren un gobierno ya, pero no es un asunto que les preocupe mucho. En otras palabras, desafección. Una desafección que se traduce en una falta de confianza en los políticos total: según la encuesta social europea de 2014, los españoles solo confían en los políticos un 1,9 de 10 (donde 0 es no confío y 10 confío plenamente). Una cifra que muestra una desconfianza mayor que en 2011, cuando a pesar de estar en medio de la crisis económica, el nivel de confianza era del 2,7.

¿Dónde quedó la indignación ciudadana que cristalizó hace 5 años en el 15-M? ¿Qué ha sido de todos esos ciudadanos que salieron a la calle porque querían participar activamente en la vida política y no se sentían representados por los partidos tradicionales? Aunque muchos de los votos de esos manifestantes y de otros españoles hartos con los viejos partidos han ido a parar fundamentalmente a Podemos y a Ciudadanos, tampoco los partidos emergentes están exentos de críticas. Les reprochan, entre otras cosas, falta de democracia interna, poca transparencia, sueldos muy altos de sus dirigentes, o casos de corrupción entre sus miembros. Como si de partidos tradicionales se tratara.

Es curioso que la recuperación económica parece no haber servido para reconciliar a los ciudadanos con sus dirigentes, sino más bien al contrario. El diario Cinco Días lo resumía diferenciando entre la España en funciones, que se muestra incapaz de alcanzar un acuerdo que nos saque del impasse y que permita acometer las reformas necesarias y la España que funciona (las empresas, los trabajadores, los ciudadanos), que frente al inmovilismo de la otra sigue trabajando, haciendo que la economía crezca y que los niveles de paro hayan disminuido en julio en proporciones no vistas desde 1997.

¿Qué hacer contra la desafección? ¿Cómo involucrar de nuevo a los ciudadanos? En la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital apuesta por la transparencia en las gestiones y trabajo de la institución, y por impulsar un nuevo registro de lobbies que aprobó el Pleno municipal el 27 de julio. También se ha promovido un proyecto de participación ciudadana por el cual las iniciativas que cuenten con el apoyo del 1% de los vecinos empadronados en Madrid, se someterá a análisis y consideración vinculantes.

Estas iniciativas, sin duda loables y que ojalá contribuyan a que los ciudadanos recobren el interés por la política y no renieguen de sus representantes políticos, son insuficientes. Los españoles han hablado claro en las urnas y los políticos han hecho oídos sordos del mandato recibido. Unas terceras solo empeorarán el descontento político y pueden poner en cuestión la legitimidad democrática.

Un repaso a la XI Legislatura

¿Cómo ha impacto económicamente a España? ¿Qué ha marcado esta legislatura?

El pasado 2 de mayo, se ponía fin a la legislatura más corta de la historia de nuestra democracia y parace que ésta ha pasado con más pena que gloria por el panorama político español debido a la nula actividad legislativa a excepción de la iniciativa aprobada el 15 de abril, que prorroga el Programa de Activación para el empleo donde está incluida la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración con cargas familiares.

Desde el punto de vista político, ha sido una legislatura donde se han producido:

1. Un presidente del Congreso cuyo partido no fue el más votado. Y que presidía una mesa con paridad de mujeres y hombres.

2. Tres rondas de contacto con el rey. En primer lugar, Mariano Rajoy declinó el ofrecimiento del Jefe del Estado ya que no consiguió acuerdos suficientes para poder formar Gobierno. Lo mismo le pasó a Pedro Sánchez, quien se presentó a la investidura sin conseguir la confianza del Congreso. Y un último intento fallido donde Compromís apoyaba el pacto de izquierdas ideado anteriormente por el PSOE.

3. Un Gobierno en funciones que no se ha sometido al Parlamento y que actualmente tiene un recurso abierto en el Tribunal Constitucional presentado por el Congreso de los Diputados.

Más allá de todos los titulares sobre pactos políticos de derechas, de izquierdas, de centros, de extremos, etc. los españoles no hemos tenido noticias sobre cómo nos ha impactado económicamente este parón legislativo que en la historia de nuestra democracia no se había dado antes.

Los primeros en dar un toque de atención al gobierno en funciones fueron el FMI exigiendo medidas inmediatas para la contención del déficit que debe situarse en el 3% para 2017. Actualmente el déficit español se ha convertido en el más alto de la Unión Europea (-5,08%) seguido por Portugal y Reino Unido (-4,40%), aunque para los ingleses  después de lo acontecido en los últimos meses no creo que les preocupe mucho.

Estas medidas inmediatas se han concretado en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 por el ejecutivo en funciones, quien ha recortado un 0,2% del PIB en gasto de la Administración Central para este año.

El Banco de España también se ha unido a estas presiones y ha revisado sus previsiones para las principales macromagnitudes económicas; y aunque nos mantenemos en una fase expansiva, la proyección de crecimiento del PIB disminuye del 2,8% al 2,1%. Sin embargo, el ministro de economía en funciones, Luis de Guindos, cree que la previsión de crecimiento del 2,7% fue excesivamente prudente y anuncia una revisión al alza, haciendo oídos sordos a las previsiones del Banco de España basándose en los buenos datos de empleo que ha arrojado el INE el pasado mes de junio, con una bajada del 3,2% dejando la cifra de parados en 3.767.054 personas.

Aunque estas cifras siguen siendo positivas, no terminan de convencer a la inversión extranjera que ha dado más peso a la inestabilidad política actual y futura castigando en los mercados a la prima de riesgo española que alcanzó los 179 puntos el viernes anterior a las elecciones.

Y es que la irrupción de los nuevos partidos políticos al sistema bipartidista ha generado una preocupación derivada del cambio del proceso de toma de decisiones donde la palabra “pacto” cobra una importancia tal, que puede echar por tierra la estabilidad económica lograda en los últimos años. Veremos si durante esta semana nuestros políticos se ponen de acuerdo y logran formar Gobierno, o nos vemos abocados a unas terceras elecciones.