INFLUENCIA LEGÍTIMA

El Big Data en la toma de decisiones públicas

Cómo la tecnología puede mejorar la eficacia de la Administración Pública

Fuente de la foto: www.ebusinesshoy.com 

Cuando el antiguo Presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet afirmaba que al hacer frente a la crisis se habían sentido abandonados por las herramientas convencionales, o cuando el Presidente Obama afirmaba que el sistema de justicia criminal no era tan inteligente como debería ser, en realidad estaban poniendo de manifiesto dos cosas: que las autoridades públicas no hacen uso de todos los instrumentos que la tecnología pone a su disposición, y que existe una concienciación sobre este problema.

Hoy en día existen muchos ejemplos de utilización del Big Data por parte de las empresas privadas y muchas de dichas herramientas deberían ser utilizadas por los poderes públicos. Sin embargo, la realidad, como apunta Helen Margetts, Directora y Profesora del prestigioso Oxford Internet Institute, es que “el Gobierno ha sido demasiado lento en reconocer las ventajas para la elaboración de políticas y servicios”.

Ello no obsta para la necesidad de recordar cómo desde el poder público se han impulsado diversas iniciativas. Basta observar el Mercado Digital Único como proyecto “estrella” de la actual Comisión Europea, la iniciativa de la Administración Obama “Big Data: Seizing Opportunities. Preserving Values”, o “The Australian Public Service Big Data Strategy” impulsada por el Gobierno australiano.

Sin embargo, en muchas ocasiones el enfoque está equivocado. Es lo que Christopher Frank ha denominado “Alice in the Wonderland Problem”. La cuestión radica en que la elaboración de políticas públicas a través del Big Data debería preguntarse más por el “qué” que por el “cómo”. Para qué vamos a utilizar los datos más que cómo los gestionamos. Y aquí surge una de las preguntas clave: ¿para qué necesitan el Big Data los poderes públicos? La respuesta en realidad la suscribiría probablemente cualquier CEO de una compañía: detectar los problemas, reorganizar los recursos, comprobar las suposiciones, tomar decisiones, etc. Se llevan años hablando de e-Administration, e-Government, y en la actualidad está de moda hablar de Gobierno Abierto, de transparencia y de dación de cuentas. El siguiente paso es conseguir un “Gobierno inteligente” y aquí el Big Data puede jugar un papel clave.

Lo cierto es que existen áreas en las que el uso intensivo de datos ya ha mejorado los servicios. En la salud se beneficia la política de investigación a corto plazo y la sostenibilidad del sistema a largo plazo; en la educación se pueden anticipar posibles fracasos escolares; en las denominadas ciudades inteligentes, movilidad, transporte y planeamiento urbanístico; en lo meteorológico, mejora en la agricultura o en los planes de emergencia; en la seguridad pública, lucha contra el crimen, etc.

Basta observar iniciativas como el proyecto Visc+ impulsado por el Departamento de Salud en Cataluña para mejorar la investigación, la denominada Smart Fire Fighting initiative para la lucha contra el fuego del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, el proyecto Optimod para la mejora de la congestión del tráfico en Lyon o muchos otros a lo largo del mundo. Todos ellos tienen en común el uso del Big Data, el amplio margen para la Colaboración Público-Privada y, lo que es más importante, la mejora en los servicios prestados para los ciudadanos.
Queda mucho camino por andar, particularmente en la fase de toma de decisiones, pero hay que asumir que es un camino sin retorno. La adecuada utilización del Big Data permitirá acelerar la toma de decisiones, beneficiarse de las aportaciones del sector privado, impulsar vías de colaboración público-privadas y, en lo que para nosotros resulta un elemento esencial, contribuir a la legitimidad social de las decisiones públicas. Solamente por este último objetivo, merece la pena seguir volcando los esfuerzos.

 

Relationship between Private and Legal sector

Jorge Villarino at IE LawX 2016

Relationship between Private and Legal Sector

Relationship between Private and Legal Sector

Jorge Villarino at IE LawX 2016



IE
Hoy en día existen muchos ejemplos de utilización del Big Data por parte de las empresas privadas y muchas de dichas herramientas deberían ser utilizadas por los poderes públicos. Sin embargo, la realidad, como apunta Helen Margetts, Directora y Profesora del prestigioso Oxford Internet Institute, es que “el Gobierno ha sido demasiado lento en reconocer las ventajas para la elaboración de políticas y servicios”.

Lo cierto es que existen áreas en las que el uso intensivo de datos ya ha mejorado los servicios. En la salud se beneficia la política de investigación a corto plazo y la sostenibilidad del sistema a largo plazo; en la educación se pueden anticipar posibles fracasos escolares; en las denominadas ciudades inteligentes, movilidad, transporte y planeamiento urbanístico; en lo meteorológico, mejora en la agricultura o en los planes de emergencia; en la seguridad pública, lucha contra el crimen, etc.

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El sector agroalimentario ante la fragmentación política

Proactividad necesaria

El escenario político que vive España no tiene precedentes. Las dos principales características del momento son la presencia de nuevos actores políticos a nivel nacional –particularmente Podemos y sus confluencias, y Ciudadanos–  y los resultados electorales obtenidos por los dos principales partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Este nuevo escenario nos ha llevado a que por primera vez en la historia nos encontremos ante una disolución automática de las Cortes Generales por falta de investidura de un candidato a la Presidencia el Gobierno, con la consiguiente repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio.

Para cualquier ámbito de actividad económica esta realidad tiene consecuencias, pero para el sector agroalimentario el impacto puede ser todavía mayor por dos motivos: está afectado por todas las instancias competenciales (desde Bruselas, donde la maquinaria sigue funcionando, hasta el más pequeño de los municipios); y tiene una enorme transversalidad, tanto personal (desde el agricultor hasta las grandes cadenas de distribución), como material (desde la autorización de productos fitosanitarios hasta la fijación de los horarios comerciales).

El primer dato del impacto de dicha fragmentación en el sector es la gran apuesta de los nuevos partidos por el mismo –al menos formalmente–  como evidencia el espacio que le dedican en los programas electorales. Sin entrar en el fondo de la materia, tanto Ciudadanos como Podemos han recogido diversas medidas enfocadas al sector, más allá incluso que el espacio dedicado por los denominados partidos tradicionales. Aunque sea un dato frío, el hecho de que Podemos dedique casi un 10% de las medidas en su programa al sector es significativo. En el caso de Ciudadanos, casi el 7,5% de su programa estuvo destinado a propuestas agroalimentarias. Uno de los motivos que puede explicar esta apuesta, al menos programática, por el sector, puede venir dado por la debilidad o falta de presencia de estos partidos emergentes en el mundo rural, ámbito natural del sector agroalimentario. Una circunstancia que estratégicamente querrán cambiar. Los resultados electorales del pasado mes de diciembre son un buen botón de muestra: el bipartidismo alcanzó en los grandes núcleos urbanos un promedio de voto del 50,1%; llegando sin embargo hasta el 62% en los municipios menos poblados.

Vayamos a la política en estado puro, la que mueven los partidos políticos. ¿Está constituyendo el sector agroalimentario un vector de los acuerdos de investidura? Repasando algunos de ellos como los de Madrid, Andalucía o Aragón, observamos que las referencias al sector son inexistentes ¿Y en los pactos de gobierno? A nivel nacional, el denominado Acuerdo para un gobierno reformista y de progreso suscrito entre el PSOE y Ciudadanos apenas contemplaba de manera directa un conjunto de párrafos enfocados al sector. Su mera inclusión merece una valoración positiva, al margen de consideraciones de fondo, pero también es un reflejo de que no es una materia troncal.

Es la hora de gestionar la complejidad política desde un sector ya de por sí complicado y con denominadores comunes no siempre fácilmente identificables.

Desafortunadamente, ya ha pasado el momento inicial de influir en los programas electorales. Da igual a estos efectos que volvamos a las urnas. Pero nunca es tarde para trasladar las propuestas, para conocer a los interlocutores y para evaluar su conocimiento de la realidad agroalimentaria.

Ello nos permitirá gestionar mejor este fenómeno de la fragmentación dentro de los partidos. Se está derivando en formas de actuar y en formas de decidir que deben ocupar al sector. Hay un aumento en el número de agentes políticos, una mayor falta de predictibilidad en las decisiones públicas, y una dificultad en el manejo adecuado de los tiempos. A ello se añade que la ausencia de mayorías absolutas refuerza también el poder de los partidos pequeños en todos los ámbitos de gobierno. Habrá que inventar un término nuevo porque ya no es válido ni siquiera el de “geometría variable”.

En el plano institucional, el eje se desplaza: del Gobierno al Parlamento. Ya no basta con mirar las líneas de actuación o las declaraciones del consejero del ramo o del director general. El Parlamento se ve reforzado. Los debates de la comisión de agricultura del parlamento correspondiente adquieren relevancia para detectar riesgos, observar oportunidades, descubrir posicionamientos, alinear intereses y, también, tomar decisiones. El sector agroalimentario, en toda su cadena, sin perder el plano gubernamental, tiene que estar más presente que nunca en la institución parlamentaria y tiene que conocer lo que allí se hace: de la mera regulación a la pura política.

Desde un punto de vista de estrategia política, la actitud proactiva ha de estar en el ADN de todas las organizaciones. La anticipación da oportunidades de éxito o de mitigación de riesgos. No valen los lamentos. El sector agroalimentario no puede esperar a verse arrastrado por las decisiones, por mucho que estas “se vean venir”. En este sentido existen campos de trabajo necesarios.

En lo social, el mundo digital es un ámbito prioritario de actuación. La conectividad con la sociedad una exigencia. El sector agroalimentario necesita ganar legitimidad social y, lo que es más relevante, debe proyectarla frente al decisor público. Discursos de gran calado social vinculados a la nutrición o a la sostenibilidad medioambiental, de los que algunos han hecho bandera aprovechando el paraguas que les otorgan los nuevos actores políticos, exigen de respuestas sólidas por parte de las organizaciones del sector.

Ya no vale el esquema clásico de representación de los intereses. Todos los actores del sector han de aunar esfuerzos para poner de manifiesto su contribución al tejido económico y su impacto económico y social. Y han de hacerlo de manera eficaz y eficiente. Complejidad, novedad, fragmentación y ocurrencia, se contrarrestan con objetivos claros, estrategia adecuada, presencia institucional y legitimidad social.

Este artículo también ha sido publicado el 17/07 en la revista de alimentación de El Economista; puede consultar el artículo aquí.

 

El sector agroalimentario ante la fragmentación política

Tribuna de opinión en El Economista

El sector agroalimentario ante la fragmentación política

El sector agroalimentario ante la fragmentación política

Jorge Villarino apuesta por la proactividad del sector privado ante esta situación



El Economista
“Para cualquier ámbito de actividad económica esta realidad tiene consecuencias, pero para el sector agroalimentario el impacto puede ser todavía mayor por dos motivos: está afectado por todas las instancias competenciales (desde Bruselas, donde la maquinaria sigue funcionando, hasta el más pequeño de los municipios); y tiene una enorme transversalidad, tanto personal (desde el agricultor hasta las grandes cadenas de distribución), como material (desde la autorización de productos fitosanitarios hasta la fijación de los horarios comerciales).”

“Ya no vale el esquema clásico de representación de los intereses. Todos los actores del sector han de aunar esfuerzos para poner de manifiesto su contribución al tejido económico y su impacto económico y social. Y han de hacerlo de manera eficaz y eficiente. Complejidad, novedad, fragmentación y ocurrencia, se contrarrestan con objetivos claros, estrategia adecuada, presencia institucional y legitimidad social.”

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Desayuno Ejecutivo – Turista y Ciudadano

Hacia una política turística sostenible

La sociedad civil se está activando gracias a las nuevas tecnologías. Un claro ejemplo de este fenómeno es la situación que viven algunas ciudades ante la gran afluencia de turistas, hecho que genera retos importantes a la hora de conciliar la política turística con los intereses de los ciudadanos.

Barcelona es el exponente español más claro. Con más de un millón y medio de habitantes, el año pasado superó su record de visitantes llegando a los más de ocho millones, lo que supone un crecimiento del 5,4 por ciento con respecto al año anterior. Esta cifra, lejos de ser considerada como un éxito, no hace más que acrecentar el debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico de la ciudad. La alcaldesa Ada Colau ha decidido controlar el auge de viajeros a través del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), que se aprobó el pasado marzo e incluye medidas restrictivas para el establecimiento de nuevos alojamientos turísticos. :

Pero Barcelona no es la única ciudad que se enfrenta a este fenómeno, ya que en los últimos años ha proliferado un tipo de turismo muy enfocado a los jóvenes europeos que ven España como un destino de fiesta; de hecho se habla ya de “el mapa del turismo de borrachera en España” donde ciudades como Gandía (Valencia) o Magaluf (Mallorca) sufren a este tipo de visitantes.

En ambos casos los ciudadanos se han movilizado para pedir un mayor control de la policía en las fiestas nocturnas, unos mejores servicios de limpieza –que se ven desbordados por los niveles de suciedad que la noche deja a su paso– o medidas contra las empresas que favorecen este tipo de turismo. En línea con estas demandas, algunas formaciones políticas en territorios cono Baleares, Canarias o Valencia han empezado a plantear iniciativas parlamentarias sobre la posibilidad de limitar u ordenar mejor la llegada de turistas.

España también atrae otros tipos de turismo de mayo calidad, entre ellos el denominado “turismo de compras”, cuyo máximo exponente es el turista chino que de media gasta 1.000 Euros€ en sus visitas. Como ejemplo, la semana pasada un empresario chino fletó un avión para 2.500 empleados que según Tiens, la empresa que ha regalado este viaje a España, dejará un total de siete millones de euros.

Estamos por tanto ante una nueva era del turismo en la que se busca la convivencia entre el ciudadano y el turista, y en el que las Administraciones Públicas intentan abordar políticas de turismo sostenible que, en ocasiones, no convencen al sector. No debemos olvidar que el turismo aporta a la economía española 124.000 millones de euros, y las previsiones para este año siguen siendo de crecimiento de la actividad.

Desde Vinces, queremos conocer la opinión de todos los representantes del sector turístico para poder, juntos, impulsar estas políticas sostenibles donde tanto sociedad civil como empresarios y administraciones encuentren el equilibrio perfecto. Por ello, organizamos con las principales empresas del sector un Grupo de Trabajo que tendrá lugar el 23 de mayo donde trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas:

  • ¿Cómo pueden las empresas gestionar las medidas restrictivas del turismo planteadas en algunas comunidades autónomas?
  • ¿Qué estrategias deberían llevar a cabo las empresas para integrar mejor la experiencia de los turistas y la percepción ciudadana?
  • ¿Qué políticas públicas (ej. horarios comerciales, licencias, empleo, etc.) están afectando a la relación entre turista y ciudadano?

Si eres responsable de Relaciones Institucionales o de Comunicación de una empresa relacionada con el sector turístico, ¡apúntate!

El espiritu anitempresa es preocupante en España

Entrevista deconstruida publicada en El Mundo

“Es preocupante el espíritu antiempresa que hay en España”

“Es preocupante el espíritu antiempresa que hay en España”

Entrevista deconstruida publicada en El Mundo



PAPEL
«Los ‘papeles de Panamá’ son un antes y un después en la lucha contra el fraude fiscal. Va a precipitar un cambio legislativo a favor de la transparencia para poner coto a los paraísos fiscales y el entramado de compañías offshore. Un ejemplo más de cómo la sociedad civil está removiendo los cimientos del poder».

«El lobby no se hace de arriba a abajo. También se puede hacer de abajo a arriba. A mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia política. Existe el lobby del bien»
«Influir en un político es legítimo si los argumentos se basan en estudios veraces. Por eso tener un registro de lobistas como el que se acaba de aprobar es muy necesario para que esta práctica sea transparente. Hay que ser claros en qué intereses defiende cada uno».”

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Fechas ante unas nuevas Elecciones Generales #26J

El 2 de marzo empiezan a correr los tiempos constitucionales

Y si hay nuevas elecciones… ¿Cuál sería el calendario? El pasado miércoles 2 de marzo tuvo lugar la primera votación de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno. Al margen de las consideraciones políticas, esa fecha supone el punto de partida para que comiencen a correr los tiempos constitucionales y, en su caso, electorales.

Esa fecha conlleva en primer lugar la determinación de la fecha límite para que se pueda investir al Presidente del Gobierno. En virtud de lo previsto en el artículo 99.5 de la Constitución, si el lunes 2 de mayo el Congreso de los Diputados no ha otorgado su confianza a ningún candidato, el Rey disolverá ambas Cámaras (sí, el Senado también) y convocará nuevas elecciones. A diferencia de los decretos de convocatoria de las elecciones tradicionales, que van acompañados del refrendo del Presidente del Gobierno, en este caso, en virtud de la citada disposición constitucional, iría con el refrendo del Presidente del Congreso.

La publicación de la convocatoria tendrá lugar el martes 3 de mayo y a partir de ahí entran en aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (LOREG). En virtud de la misma, las nuevas candidaturas que se presenten a ambas Cámaras deberán presentarse entre el 18 y el 23 de mayo (art. 45 LOREG) y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado el 25 de mayo (art. 47 LOREG).

Lógicamente España volverá a vivir una campaña electoral, es decir, el conjunto de actividades licitas llevadas a cabo por los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios. Desde el punto de vista temporal, la campaña tendrá lugar entre las cero horas del viernes 10 de junio y las veinticuatro horas del viernes 24 de junio (art. 51 LOREG).

Sí, también contaremos con un más que previsible aluvión de encuestas electorales, aunque estas podrán hacerse públicas solamente hasta el lunes 20 de junio (art. 69 LOREG). A partir de ese momento solamente podremos disponer de las encuestas que nos faciliten los medios de comunicación…desde Andorra.

Llegará el día que la legislación nos regala para que pensemos nuestro voto: la jornada de reflexión, que tendrá lugar el sábado 25 de junio y entre las 9 y las 20 horas del domingo 26 de junio, tendrá lugar una nueva votación.

Así, el día 19 de julio de 2016 tendrán lugar a las 10 de la mañana las sesiones constitutivas del Congreso de los Diputados y del Senado. En esas sesiones se elegirán a los miembros de las Mesas de ambas cámaras, incluyendo sus respectivos presidentes.

Posteriormente tendrá lugar la ronda de consultas de S.M. El Rey con los representantes de los diferentes Grupos Políticos y, en su caso, investidura del nuevo Presidente del Gobierno.

Fechas ante unas posibles elecciones

“Es preocupante el espíritu antiempresa que hay en España”

Entrevista deconstruida – PAPEL, El Mundo

Entrevista a Elena Herrero-Beaumont

«Los ‘papeles de Panamá’ son un antes y un después en la lucha contra el fraude fiscal. Va a precipitar un cambio legislativo a favor de la transparencia para poner coto a los paraísos fiscales y el entramado de compañías offshore. Un ejemplo más de cómo la sociedad civil está removiendo los cimientos del poder».

«El lobby no se hace de arriba a abajo. También se puede hacer de abajo a arriba. A mayor legitimidad social, mayor capacidad de influencia política. Existe el lobby del bien»

«Influir en un político es legítimo si los argumentos se basan en estudios veraces. Por eso tener un registro de lobistas como el que se acaba de aprobar es muy necesario para que esta práctica sea transparente. Hay que ser claros en qué intereses defiende cada uno».

«Es preocupante el espíritu antiempresa que hay en España. Su demonización no ayuda a crear valor y refleja una sociedad muy maniquea, falta de espíritu crítico. Las empresas no son organizaciones que quieran hacer el mal, defienden sus intereses. La solución no es menos empresa, sino más rendición de cuentas a la sociedad».

«Aún hay muchas cuentas pendiente para mejorar la transparencia. Por ejemplo, la regeneración de las patronales, una parte fundamental de la sociedad civil. En España no han sido independientes por su dependencia a las subvenciones, que han sido el  cáncer de las asociaciones en España».

«Las élites están perdiendo poder en España. En los últimos cinco años grandes instituciones han perdido legitimidad y el descrédito ciudadano está canalizándose en un mayor protagonismo de la sociedad civil».

«Era vergonzoso que España fuera el único país de la UE junto a Chipre sin una Ley de Transparencia. Por fin la hay, pero es sólo un punto de partida.».

«¿Quién determina qué es el interés público? Empresas como Airbnb o Uber favorecen los intereses de los usuarios, pero perjudican a otros colectivos. ¿Quién debe fijar las reglas del juego? Ahora la ciudadanía puede organizarse para defender sus intereses ante los legisladores».

«Ahora hay gente que no va al Starbucks por desacuerdo con los impuestos que paga y se está movilizando. Eso obliga a las empresas a tener en cuenta las demandas sociales».

Entrevista publicada el 08 de mayo de 2016 en “PAPEL, El Mundo” por Marta G. Aller @GarciaAller

 

 

¿Cómo se financian los partidos políticos?

A continuación te contamos las fuentes de financiación, con particular mención a las derivadas de las elecciones al Congreso y al Senado.

Financiación de los Partidos Políticos en España

Las normas que regulan la financiación de los partidos políticos están recogidas en la Ley Orgánica 5/1985 de 13 de junio, de Régimen Electoral General (para las campañas electorales), así como en la Ley Orgánica 8/2007, de Financiación de Partidos Políticos. En esta entrada, Vinces ofrece una visión general, pero existen disposiciones específicas que regulan cada una de las fuentes que comentamos a continuación.

Funding - graph

Financiación de los Partidos Políticos en las elecciones para Congreso y Senado

  • Disposiciones generales de financiación de elecciones (artículos del 127 a la 129 de la Ley Orgánica 5/1985)
  • Disposiciones especiales para las elecciones al Congreso y al Senado (artículos 174 y 175 de la Ley Orgánica 5/1985)
SUBSIDIO ELECTORAL

Límite de los gastos electorales = el resultado de multiplicar por 0,37€ el número de habitantes de las circunscripciones donde el partido político ha presentado candidatura

21.167,64 €/escaño 0,81 €/voto 0,32  €/voto

Por cada escaño obtenido en el Congreso de los Diputados o en el Senado

 

Por cada voto conseguido por cada candidatura al Congreso, sujeto al menos haber obtenido un escaño de Diputado.

 

Por cada voto conseguido por cada candidato que hubiera obtenido un escaño de Senador.
SUBVENCIÓN ESTATAL PARA GASTOS

Subvención estatal para gastos resultantes del envío de papeletas y sobres a los electores, así como la propaganda electoral y la publicidad.

  • 0,18 €/elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara.
DONACIONES PARA CAMPAÑAS ELECTORALES
  • Públicas: prohibido.
  • Privadas: no más de 10.000 euros en relación con las elecciones ya anunciadas.

¿Cuál es el papel de los políticos?

David Córdova sobre la situación política

¿Cuál es el papel de los políticos?

¿Cuál es el papel de los políticos?

Jorge Villarino en El Economista



El Economista
“Con David hablamos sobre qué papel están desempeñando nuestros políticos en la sociedad. Planteamos preguntas sobre si la situación en la que nos encontramos nos la merecemos. Incluso tratamos temas como la corrupción que salpica tanto a partidos veteranos como a partidos de nueva creación. Y yo me pregunto si tenía razón John Locke cuando dijo que: “El hombre es un lobo para el hombre”. Confío en que con programas como ‘Pasión y Talento’ cambiemos esa visión de la sociedad y nos demos cuenta que estamos en una que realmente quiere hacer algo distinto. No busca la protesta gratuita. Lo único que desea es avanzar hacia un bien común en el que todos nos desarrollemos como personas y como profesionales.”

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